La reforma laboral de PSOE-Podemos ha fracasado

La principal ventaja de la reforma laboral de PSOE-Podemos de 2021 fue que consolidaba los aspectos esenciales de la reforma laboral de 2012, de tal manera que asuntos como la rebaja de la indemnización por despido o la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial (salvo en las tablas salariales) se convertían en consensos transversales desde la izquierda a la derecha.

Sin embargo, lo cierto es que la reforma laboral de 2021 también introdujo un cambio sustantivo que podría haber acarreado consecuencias positivas sobre el mercado laboral español: a saber, restringir enormemente el excesivo uso que se efectuaba del contrato temporal por parte de las empresas españolas. Se trataba (y se trata), este, de unos de nuestros grandes problemas estructurales: la enorme rotación de una parte de las plantillas que jamás llega a formarse y capacitarse en un determinado puesto de trabajo y que, por tanto, ni ve incrementada su productividad ni estabilizado su flujo de ingresos personales.

La razón detrás de este excesivo uso de los contratos temporales cabía hallarla en las muy elevadas indemnizaciones por despido consolidadas entre buena parte de los trabajadores indefinidos: estos adquieren un derecho a cobrar 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades; es decir, que un trabajador que lleve, por ejemplo, 15 años en la empresa tiene derecho a casi 500 días de sueldo (si el salario mensual es de 2.000 euros, el coste de despido sería de 33.000 euros). Como consecuencia de lo anterior, muchas empresas rechazaban consolidar a una parte de sus trabajadores en plantilla, evitando así devengar unas muy altas indemnizaciones por despido que las descapitalizarían en caso de tener que reestructurar sus plantillas en el futuro.

En principio, la mera restricción del uso del contrato temporal no cambiaba los problemas de fondo de nuestro mercado laboral: si las empresas no podían evitar el devengo de altas indemnizaciones por despido a través del uso y abuso del contrato temporal, probablemente optarían por hacerlo mediante el cese anticipado del contrato indefinido. Sin embargo, y a este respecto, es cierto que la reforma laboral intentaba contrarrestar este problema con dos cambios complementarios: por un lado, facilitar el uso del contrato fijo discontinuo (lo que permite acomodar a trabajadores estacionales) y, por otro, generalizar el uso de los ERTE ante coyunturas de crisis económica sectorial o general (lo que permitía socializar los costes de reestructuración de plantilla entre todos los españoles). De ahí que cupiera pensar que esta reforma laboral no estaba por necesidad predeterminada a fracasar y que haya que evaluar empíricamente cuáles han sido sus resultados.

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Y esto mismo es lo que acaba de hacer Fedea analizando no ya la evolución de la temporalidad contractual en España (que, en efecto, ha descendido de un modo muy intenso), sino de la temporalidad económica, a saber, de las entradas y salidas del mercado laboral español así como de la duración media de los contratos que expiran en cada período. La conclusión es que no se observan diferencias ni en los flujos de entrada, ni de salida, ni en la duración media de los contratos que expiran: a saber, que la temporalidad económica sigue siendo la misma antes y después de la reforma de 2021.

Por consiguiente, la reforma laboral ha fracasado en el que era su principal objetivo: acabar con la temporalidad. Esta no ha desaparecido, sino que solo ha cambiado de forma. Por supuesto, cabrá pensar que ahora los empleos precarios disfrutan de una mayor protección jurídica frente al cese de la relación contractual o frente a la estacionalidad de las ocupaciones y que, en ese sentido, los trabajadores han salido ganando en el margen. Pero esa posible ganancia no debería ocultar que la temporalidad económica no se haya reducido y que, por tanto, la reforma laboral de 2021 ha sido un fracaso en relación con el que era su principal propósito.