Pacto fiscal sí, pero para todos

La cercanía de las elecciones autonómicas catalanas ha llevado a sus principales partidos nacionalistas, Esquerra y Junts, a rescatar una de sus principales reivindicaciones históricas: la autofinanciación de Cataluña a través del denominado "pacto fiscal". En esencia, este pacto fiscal es similar al concierto económico vasco: a saber, la Generalitat catalana recaudaría todos los impuestos que los catalanes pagan dentro de la región (IRPF, IVA, Sociedades, etc.) y, posteriormente, le abonaría un cupo al gobierno central por el coste monetario de los servicios que esta administración ha prestado en Cataluña.

A diferencia de lo que sucede en el País Vasco, empero, Esquerra ha aceptado incrementar la cuantía del cupo para financiar una cierta redistribución de la renta hacia los residentes en otras autonomías más pobres: si bien, claro está, se trata de una redistribución mucho más limitada que la actual.

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Y es que, si acudimos a los últimos datos oficiales de balanzas fiscales calculados por el Ministerio de Hacienda (los cuales datan de hace una década), comprobaremos que aproximadamente el 5% del PIB catalán, una vez considerados los servicios que el gobierno central presta en la región, terminaba siendo redistribuido hacia otras regiones. De mantenerse hoy ese mismo porcentaje, estaríamos hablando de alrededor de 13.000 millones de euros al año o 1.700 euros por catalán.

Completamente lógico, pues, que algunos políticos catalanes y muchísimos ciudadanos catalanes pugnen por disminuir la magnitud de esa redistribución forzosa a su costa (bastante menos lógico, por cierto, que la Comunidad de Madrid no enarbole esa misma bandera cuando, según este mismo cálculo, cada madrileño redistribuye en promedio al resto de España casi 4.000 euros).

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De nada sirven, a este respecto, argumentos tan manidos como que "son los ciudadanos, y no los territorios, quienes pagan impuestos". La consigna, siendo cierta, yerra el tiro: son los ciudadanos quienes pagan impuestos, pero son las administraciones públicas quienes gastan esos impuestos, y lo que con razón reclaman muchos catalanes es que las administraciones públicas gasten dentro de Cataluña muchos más de esos impuestos que hoy pagan y que son gastados fuera de Cataluña; o, alternativamente, que los contribuyentes catalanes paguen menos impuestos en relación con el gasto público que efectivamente están recibiendo.

Vamos, que lo que se reclama, como señalaba, es limitar la redistribución de la renta a través del Estado: y el mecanismo que se propone para hacerlo es un pacto fiscal entre el gobierno central y un gobierno autonómico (podría ser otro mecanismo de descentralización tributaria, pero la propuesta específica ha sido esta).

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Con todo, esta reivindicación, justa y razonable, debe compatibilizarse con el simétrico derecho de los ciudadanos de otras regiones españolas a reclamar exactamente lo mismo: a la postre, si el pacto fiscal se otorga solo a Cataluña estaríamos ante un privilegio de una parte de la ciudadanía española sobre el resto (cosa que ya ocurre a día de hoy con el País Vasco y Navarra aunque, en este caso, cabría apelar a derechos históricos adquiridos por las administraciones territoriales implicadas). No solo eso, los ciudadanos de otras autonomías, como Madrid o Baleares, verían extraordinariamente recargado el expolio fiscal que ya sufren hoy a manos del Estado: por ejemplo, si Madrid tuviera que hacerse cargo del grueso de la redistribución interterritorial que ahora mismo asumen los catalanes, el déficit fiscal promedio de cada madrileño pasaría a ser de 6.000 euros anuales.

Existe, además, otra razón de peso para aplicar el pacto fiscal de manera generalizada a todas las autonomías: minimizar el riesgo de manipulación política del cupo. Y es que uno de los grandes defectos del concierto económico vasco es que el cupo que ha de pagar esta autonomía al gobierno central por los servicios que este último presta dentro de la primera no reflejan, ni lejanamente, el coste real de los mismos: el PNV ha conseguido cambiar votos en el Congreso por reducción de la magnitud del cupo y los gobiernos del PSOE y del PP han transigido históricamente en semejante transacción.

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Siendo así, ya no se trata de que el País Vasco no contribuya a redistribuir sus ingresos hacia el resto de españoles, sino que el resto de españoles redistribuyen sus ingresos hacia vascos y navarros. La solución a este problema no es sencilla (calcular "precios" desde la política nunca lo es), pero desde luego resultaría más fácil atajarlo si el método para calcular el cupo fuera transparente y compartido entre todas las autonomías: a la postre, si los únicos ingresos que poseyera el gobierno central fueran los que procedieran del cupo abonado por todas las autonomías, entonces el déficit público del gobierno central pondría de manifiesto que está prestando servicios de mayor valor que el que está cobrándoles a las autonomías y que, por tanto, sería necesario revisar al alza el cupo de todas ellas (y si las reglas de cálculo son comunes, no podría subirse o bajarse el cupo de una autonomía sin incrementárselo o reducírselo a las restantes).

En definitiva, el pacto fiscal defendido ahora mismo por el nacionalismo catalán es una buena idea: descentralización tributaria, corresponsabilidad tributaria y competencia tributaria. La derecha española, en lugar de rechazarlo frontalmente por venir de donde viene, debería abrazarlo y exigir su extensión a todas las autonomías. No lo hará y, al final, tendremos un resultado desastroso para toda la España distinta de Cataluña: un pacto fiscal asimétrico que destrozará fiscalmente a Madrid y que mantendrá al resto de autonomías en un régimen de heteronomía fiscal frente al gobierno central.