¿Por qué Sánchez desoye a la Comisión Europea a la hora de bajar impuestos?

Una de las principales obsesiones de la Comisión Europea desde hace más de una década es conseguir descarbonizar la economía europea. Y uno de los principales mecanismos para alcanzar esa meta es la electrificación de nuestras economías para así reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. En esto, de hecho, el Gobierno de España parece estar totalmente alineado con la Unión Europea: no en vano, la antigua vicepresidenta del Ejecutivo español y responsable de la transición energética, Teresa Ribera, es ahora mismo vicepresidenta de la Comisión Europea, donde desempeña exactamente el mismo rol.

Por consiguiente, uno podría pensar que el Gobierno de Sánchez, en la vanguardia comunitaria del europeísmo y del ecologismo, haría un seguidismo casi automático de las políticas de transición energética impulsadas desde la Comisión Europea, esto es, impulsadas por su otrora ministra de Transición Ecológica. Pero hete aquí que hace unos días la Comisión Europea presentó su Green Industrial Deal (Plan Industrial del Pacto Verde), dentro del cual, entre otras propuestas, recomendaba a los Estados miembros minimizar la fiscalidad que recae sobre la electricidad.

Una propuesta de sentido común dentro de su estrategia de descarbonización mediante electrificación (cuestión distinta es si ese objetivo es acertado o no): los impuestos sobre la producción son costeados (en distintas proporciones según sus elasticidades relativas) por oferentes y por demandantes, reduciendo la cantidad de la mercancía gravada que termina produciéndose. La carga fiscal que recae sobre los oferentes del bien gravado los induce a reducir su oferta (en este caso, de electricidad) y, por su parte, la carga fiscal que recae sobre los demandantes del bien gravado los induce a reducir su cantidad demandada (en este caso, de electricidad). Si de verdad se ambiciona una aceleración del ritmo de electrificación de la economía, ¿qué sentido tiene desincentivar la extensión de su oferta (más producción eléctrica) y de su demanda (mayor uso de la electricidad en más facetas de nuestra actividad económica)? Ninguno.

De ahí, pues, la recomendación de la Comisión Europea a los Estados miembros: acaso lo sorprendente sea que nadie en Bruselas haya sumado dos más dos hasta la fecha y haya caído en la cuenta de cuán perjudicial resulta la sobrecarga fiscal que recae sobre la electricidad. En el conjunto de la UE, de hecho, es habitual que los impuestos (más otros gravámenes no fiscales) representen entre el 40% y el 45% del precio final de la electricidad. Es verdad que, tras la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, los Estados europeos rebajaron temporal y excepcionalmente la carga fiscal sobre la electricidad. En España, por ejemplo, se redujo el IVA del 21% al 5%, se suspendió el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y también se suspendió en su práctica totalidad el Impuesto Especial a la Electricidad. Pero con el paso de los trimestres, los Estados miembros han ido recuperando la misma estructura fiscal previa a la guerra: de nuevo, en España, se ha restablecido el IVA al 21%, se ha vuelto a colocar el IVPEE al 7% y se ha elevado otra vez el Impuesto Especial a la Electricidad hasta el 5,11%.

Opinión

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Por eso, la petición de la Comisión Europea llega en un momento adecuado: antes de que los Estados miembros vuelvan a sus habituales prácticas extractivas, replanteemos la fiscalidad sobre la electricidad. Pero, oh sorpresa, el Gobierno español, tan europeísta y ecologista él, se niega a bajar estructuralmente el IVA sobre la electricidad al 5% o a eliminar las otras figuras impositivas que recaen sobre esta mercancía. Al contrario, nuestro Gobierno pretende fomentar la electrificación redoblando la fiscalidad sobre los combustibles fósiles: en lugar de abaratar relativamente la electricidad respecto a los combustibles fósiles bajando los impuestos sobre la primera, pretende encarecer los combustibles fósiles respecto a la electricidad aumentando los tributos sobre los segundos. Mas no perdamos de vista que los efectos deletéreos de la cuña fiscal sobre la electricidad, tanto en su oferta como en su demanda, se mantienen por mucho que subamos otros impuestos. Esto es, los impuestos sobre la electricidad reducen su demanda y su oferta respecto al escenario en el que tales impuestos no existen.

¿Y por qué Pedro Sánchez considera intocables los impuestos que castigan la electricidad, siendo él tan europeísta, ecologista y partidario de la electrificación? Pues porque tales tributos le proporcionan al Fisco español alrededor de 10.000 millones de euros anuales. No se trata, ni mucho menos, de un influjo monetario por completo imprescindible: apenas representa el 0,7% del PIB español y alrededor del 1,7% de todos los ingresos del Estado. Pero cuando la voracidad estatalizadora no conoce límites, cuando la auténtica prioridad de un gobernante no es la construcción europea ni la descarbonización de la economía (aunque ambos pueden ser objetivos instrumentales) sino el acrecentamiento de su poder a través del acrecentamiento del Estado, pues entonces no puede renunciarse estructuralmente ni a un solo euro de recaudación tributaria.

En esas estamos: mientras, por un lado, nuestros gobernantes nos machacan diariamente con la idea de que la descarbonización es una cuestión cuasi existencial para la humanidad, por el otro, esos mismos gobernantes no son capaces de hacer el más mínimo sacrificio fiscal para avanzar hacia esa descarbonización. De modo que una de dos: o bien no se trata de una cuestión cuasi existencial o bien nuestros gobernantes están dispuestos a sacrificar a la humanidad con tal de seguir maximizando entretanto su poder.