El diálogo social y nosotros

Las dificultades por las que atraviesa el diálogo tripartito entre Gobierno y agentes sociales tras la negativa de la CEOE a suscribir un acuerdo que incluía el aumento temporal de las cotizaciones sociales en el ámbito de la reforma del sistema de pensiones merecen alguna reflexión respecto al contenido de las reformas y también sobre las implicaciones del proceso de diálogo social abierto hasta el momento.

En más de una ocasión he señalado, en estas mismas páginas, que los interlocutores sociales no deben pretender ejercer, porque no lo poseen, una suerte de derecho veto sobre la agenda planteada por el Gobierno de turno. Sigo pensando que el resultado del diálogo debe responder en alguna medida a la orientación trazada por los gobiernos, algo por lo demás natural en una democracia avanzada. Pero, a su vez, creo que cuando un Gobierno somete una parte de su ideas y planes de reforma a un proceso de negociación y deliberación con los interlocutores sociales debe estar dispuesto a ver alteradas sus preferencias. Dicho de otra forma, un diálogo abierto y sincero no admite derecho de veto alguno, pero tampoco puede consistir en un ejercicio de adhesión de los interlocutores a lo decidido por el Gobierno.

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Lo importante desde esta perspectiva no es lo que Bruselas dice o deja de decir. El Gobierno ha planteado un conjunto de reformas contenidas en el Plan de Recuperación y en los documentos suscritos en su día entre España y la Comisión Europea. Su redacción es suficientemente abierta para permitir dar juego a la negociación y al intercambio de posiciones en el diálogo social. Nadie debería utilizar la palabra 'Bruselas' para justificar que hay que hacer lo que no queremos, pero nos vemos compelidos a realizar. Lo importante es encontrar un terreno capaz de hacer confluir los intereses de empresas y trabajadores avanzando en la consecución de los objetivos planteados en el Plan de Recuperación.

Nadie debería utilizar la palabra 'Bruselas' para justificar que hay que hacer lo que no queremos, pero nos vemos compelidos a realizar

Por supuesto, defender esta visión no implica, en ninguna medida, sostener que haya que mantener el contenido de las reformas en materia laboral o del sistema de pensiones llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular en 2012 y 2013 respectivamente. Ambas fueron reformas mal diseñadas y peor ejecutadas sin ningún tipo de respeto por el diálogo social y lo que significa.

Algunos de los que hoy defienden con pasión la necesidad de negociar y acordar las reformas, nada dijeron cuando a comienzos de 2012, solo pocas semanas después de formarse el nuevo Gobierno, se publicaba en el BOE el Decreto Ley que impuso las medidas de reforma laboral que ahora se pretenden alterar. Otros, por su parte, mantienen que la reforma de 2012 estaría detrás del buen comportamiento de empleo registrado por la economía desde entonces. Para ellos, una reforma desequilibrada, que propiciaba la competencia a la baja entre las empresas a base de deteriorar las condiciones laborales y que insistía en una visión de la flexibilidad empresarial —por lo demás absolutamente necesaria— obtenida a base de reducir la seguridad de los trabajadores, sería más responsable de la recuperación del empleo en España que el cambio drástico en la orientación de la política monetaria impulsada por el nuevo presidente del BCE (el ahora presidente del Gobierno italiano) y la relajación de política económica y fiscal realizada por las autoridades europeas.

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Merece la pena recordar que, durante los dos primeros años de aplicación de la reforma laboral de 2012 en España el empleo cayó abruptamente (-4,3% en 2012 y -2,8% en 2013) para empezar a recuperarse en 2014 y aun así todavía en dicho año el empleo creció menos que el PIB. Que no es oro todo lo que reluce alrededor del comportamiento del empleo con la reforma de 2012 se comprueba cuando se tiene en cuenta que fueron necesarios más de 4 años para llegar a recuperar el empleo existente en el trimestre anterior a la reforma (el último de 2011).

Con reformas, no siempre coincidentes con la orientación imprimida por el Gobierno español de la época, o sin ellas, todas las economías europeas, especialmente las afectadas por rescates —Irlanda, Portugal, Grecia y España— vieron mejorar drásticamente su situación e incluso Italia pudo lograr revertir en cierta medida una realidad inquietante ante la evolución de sus variables económicas más relevantes.

En mi opinión, el debate, hoy, no consiste en mantener o no aquella reforma. Creo que el Gobierno estaría legitimado para sustituir una regulación que fue abordada de forma unilateral y sin la más mínima apelación al diálogo y que, por lo demás, está detrás de la expansión de importantes desigualdades en el terreno salarial, en la ruptura del equilibrio en la negociación colectiva y en la continuidad de la brecha de temporalidad con respecto a las grandes economías europeas. Sin embargo, estoy convencido que el Gobierno no debe hacerlo.

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El Gobierno y los interlocutores sociales harían bien en seguir impulsando el diálogo tripartito hasta el final porque esa es, sin ninguna duda, la mejor forma de acabar con el contencioso abierto con la reforma laboral de 2012 y cancelar así un itinerario que corre el riesgo de convertirse en un insano bucle de reformas y contrarreformas vinculadas al ciclo político. Demasiados ejemplos tenemos ya en otros ámbitos bien conocidos de la política pública para dejar que también aquí terminemos siendo absorbidos por esa suerte de disparatado camino sin final y sin destino.

Existe un terreno posible que combine la supresión de los peores contenidos de la reforma de 2012 con una visión de futuro que reduzca el grado de temporalidad en el empleo, simplificando los contratos laborales y reduciendo el uso de los temporales. Pero eso no significa que deban suprimirse de facto tales contratos —reduciendo su duración hasta niveles injustificados— o planteando una regulación que pretenda que las empresas sustituyan buena parte de los contratos temporales por fijos-discontinuos hasta un grado que resulta ilusorio en ámbitos como la hostelería o la agricultura.

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También existen alternativas razonables para que las diferencias sobre la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector pueda sustituirse de forma que la negociación colectiva en la empresa sea una conversación entre iguales y no una verdadera farsa en muchos de los convenios de empresa que han surgido tras la reforma de 2012.

Alternativamente podrían situarse materias concretas sobre las que no puede disponer el convenio de empresa o el de sector cuando así se establezca (por ejemplo haciendo que la jornada máxima y el salario mínimo establecido en el convenio sectorial no puedan ser dispuesto en el de empresa) y, junto a ello tratar de encontrar nuevas vías para impulsar descuelgues empresariales de las condiciones del sector cuando las circunstancias económicas no permitan a las empresas poder cumplir íntegramente con ellas.

Algo parecido sucede con la regulación de las contratas y subcontratas. Más allá de los detalles —que casi siempre son esenciales— no está demás subrayar lo esencial. Y lo esencial no es otra cosa que conservar la flexibilidad en la posibilidad de contratar obras y servicios con otras empresas, pero no a costa de deteriorar las condiciones laborales. La solución no puede ser mantener las de la empresa de origen —para eso ya existen las ETT—, pero sí la de aplicar las condiciones establecidas en el convenio de sector de referencia.

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Conozco bien las enormes dificultades que un proceso de esta naturaleza plantea a sus protagonistas. Tras el buen funcionamiento del diálogo en la primera parte de la legislatura en plena expansión de la pandemia, sobre todo, con una implantación masiva de los ERTE que ha evitado la destrucción de importantes áreas de nuestro tejido industrial y de servicios, ahora la complejidad de la negociación es mucho mayor.

Es cierto que el desacuerdo en la mesa de diálogo de reforma de las pensiones manifestado por la CEOE con el planteamiento del Gobierno de elevar el tipo de cotización no ayuda a encontrar una salida. Algún responsable de la CEOE —no me refiero a su presidente que, así lo creo, está teniendo una actitud resuelta y valiente a favor del diálogo— ha venido a significar que, al fin y al cabo, la propuesta del ministro Escrivá es solo una pequeña parte del déficit que hay que intentar absorber en el futuro. No me parece un buen argumento porque si todo el déficit tuviera que cubrirse con aumentos en las cotizaciones sociales estas deberían subir en torno a 4 o 5 puntos.

La clave de la propuesta del Gobierno en esta materia es alejarse de la lógica de la reforma de pensiones de 2013 en la que todo el peso del aumento del gasto debido al crecimiento de la esperanza de vida se trasladaba a una reducción de la pensión. Esa lógica terminaría hoy por abocarnos a una reducción sustancial a plazo —un plazo no muy largo— de la cuantía de las pensiones. Si no queremos abordarla, lo que debemos hacer es tratar jugar con otros factores (justamente aquello que no hacía la reforma de 2013): la edad de jubilación, el tipo de cotización, un incremento en la aportación del estado a la financiación del sistema de pensiones o, como al parecer se ha planteado (a estas alturas ese asunto no ha sido todavía bien explicado) extendiendo paulatinamente el periodo de cómputo.

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Sé que hay reticencias para considerar algunos de estos factores, y las respeto, pero hay que resaltar que, al fin y al cabo, la lógica de las reformas llevadas a cabo en el sistema español de pensiones desde 1985 es la de alcanzar una mayor contributividad a través del alargamiento de la carrera laboral que se tiene en cuenta. Desde los dos últimos años (sí, eran los dos últimos años los vigentes antes de 1985) hasta los 25 actuales que se alcanzarán en 2027 pasarán nada menos que 42 años entre una situación absolutamente insostenible (la que existía en 1985) y otra que, siendo más exigente, todavía es muy inferior a la tienen los principales países europeos. Salvo Francia, que sitúa en 25 años el periodo de cómputo, todos los grandes países europeos (Suecia, Italia, Alemania, Finlandia, Portugal, Finlandia, Reino Unido, Grecia) han situado ya el periodo de cómputo para calcular la pensión en la carrera completa o en más de 30 años.

Si queremos actualizar las pensiones con arreglo a la evolución de los precios —y así debe hacerse por mandato constitucional— debemos también estar preparados para hacerlo posible. Para ello no bastará con cambiar de lugar el déficit que se origina en un sistema de reparto basado solo en los ingresos de las cotizaciones sociales. Hará falta más esfuerzo, sí más esfuerzo. Ese esfuerzo se puede repartir con medidas que aumenten los ingresos y otras que reduzcan paulatinamente la proyección del gasto a plazo, haciendo más soportable la carga dejamos a nuestros hijos que tendrán que soportar el impacto de un 50% más de pensiones que las que hoy tenemos en el horizonte de las tres próximas décadas. Como la magnitud del reto no es, ni mucho menos, pequeña es mejor que lo hagamos juntos y con consenso.

*Valeriano Gómez. Economista y exministro de Trabajo y Seguridad Social.