Reforma laboral, ni tanto ni tan calvo

La derecha patria, que no patriótica, ha salido en tromba contra el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo, la patronal CEOE y las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Tan obcecados están en pronunciarse contra todo lo que hace el Gobierno que han dicho NO al proyecto de reforma laboral incluso antes de leerlo.

No es que este haya sido el acuerdo que hubieran querido el PP ni la propia CEOE, pero tampoco es el proyecto que hubieran deseado los sindicatos. No es, desde luego, la derogación de la reforma laboral que tanto debate movió en el Gobierno y en las bases que lo sustentan, sobre la necesidad de reformar la legislación laboral del PP, o derogar sus contenidos. Una prueba más de los estériles debates en que nos metemos de hoz y coz, sin meditar lo suficiente.

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Este real decreto para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, algo debe de tener para recibir apoyos externos como los de las FAES de Aznar, Felipe González y una parte importante de la izquierda que no está en el Gobierno, mientras que PP, Vox, PNV, EH Bildu o Esquerra ponen reparos.

Conviene recordar que la negociación colectiva es el espacio en el que empresarios y sindicatos desarrollan un papel legislativo que en principio se encuentra reservado a los parlamentos. El convenio colectivo negociado y acordado se convierte en ley cuando es firmado y registrado por las organizaciones sindicales y empresariales.

El convenio colectivo regula nuestro salario, nuestras vacaciones, nuestra jornada, excedencias, permisos, la salud en el trabajo, la formación de los trabajadores, la igualdad en la promoción profesional y otras muchas cuestiones. Hay derechos que nunca pueden quedar por debajo de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, pero por encima de eso todo es posible, si ambas partes lo acuerdan.

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El hecho es que las sucesivas reformas laborales han ido debilitando el poder contractual de los sindicatos, han facilitado el aumento de la temporalidad, la aparición de la subcontratación, las modificaciones arbitrarias de las condiciones de trabajo. El último golpe que recibimos fue el de la reforma laboral del PP en el año 2012.

De nada sirvieron las huelgas generales, porque el rodillo político de la mayoría absoluta del PP entregó a los empresarios el poder de hacer y deshacer en la negociación colectiva, reducir salarios, modificar arbitrariamente las condiciones de trabajo, aplicando retrocesos abusivos en las mismas, generalizando la externalización de tareas en contratas y subcontratas, en empresas multiservicio.

Los 'riders' o las 'kellys' son casos dramáticos en que el abuso se convierte en la norma cotidiana. A lo largo de estos años, hemos asistido a las luchas mantenidas para que se reconozca que muchos autónomos son autónomos forzosos, falsos autónomos que dependen de una sola empresa que les marca sus condiciones de trabajo y todas y cada una de las tareas que van a realizar, jugando con sus salarios, su tiempo de trabajo, su vida.

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Situaciones que se han visto facilitadas por la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector y por la pérdida de ultraactividad de los convenios colectivos. Cuando un convenio termina su vigencia, muchos de sus derechos decaen, con lo cual basta con jugar a agotar los tiempos de negociación para que los derechos dejen de estar vigentes y desaparezcan de un plumazo.

Así es como el PP abrió las puertas a la precariedad, el aumento de la temporalidad, el paro estructural, el deterioro de los salarios, la aparición de la pobreza laboral, la situación de esas personas que trabajan y tienen un salario pero son pobres. Los trabajadores convertidos en un coste más, equiparado a la máquina, o a otros factores de producción.

Reconocer que esta reforma laboral no supone la derogación de la anterior no quita un ápice de valor al esfuerzo que han venido desplegando el Gobierno y los sindicatos para mejorar el salario mínimo interprofesional, la 'ley rider' o la puesta en marcha de los ERTE para combatir los peores efectos de la pandemia. Una medida que ha salvado y seguirá salvando muchos puestos de trabajo.

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Esfuerzos que se han visto acompañados por otras medidas como la eliminación del despido cuando uno se encuentra enfermo o la regulación legal de las condiciones del teletrabajo en los duros momentos en que tuvimos que estar confinados y nadie sabía cómo hacer funcionar esa nueva forma de trabajo.

Así que este real decreto no es la panacea, no deroga la totalidad de la reforma laboral anterior, pero es un paso más en la recuperación de derechos, en un momento en que la política se muestra incapaz de alcanzar acuerdo alguno que permita un cierto horizonte de estabilidad en el inmediato futuro.

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Y, no menos importante, es una oportunidad más para el diálogo social, esa cultura que se ha ido perdiendo, en la que los políticos, los empresarios y los sindicatos hacen el esfuerzo de afrontar los problemas, sentarse a negociar, poner encima de la mesa las propuestas para solucionarlos, romper las negociaciones y lanzarse a las movilizaciones, aceptar las discrepancias, volver a echarle horas de darle vueltas hasta conseguir acuerdos y firmarlos, aceptando el compromiso de cumplirlos y hacerlos cumplir.

Una cultura del diálogo nada despreciable en un mundo tan tensionado como el que nos toca vivir. Esta reforma laboral no es tanto como algunos quieren hacernos creer, pero no es tampoco tan calva como otros quisieran que fuera. Volverán momentos de dificultad y tensión, pero sin duda estamos ante un buen comienzo para continuar en la brecha de abrir camino al futuro.

*Francisco Javier López Martín. Secretario general de CCOO de Madrid durante 13 años y secretario confederal de Formación Sindical y para el Empleo durante cuatro.