Problema nacional y ridículo internacional

Al terminar la primera semana de noviembre, estaba cerrado el pacto PSOE-Junts que contempla la figura del verificador para mediar entre Sánchez (interesado en atornillarse al sillón de la Moncloa) y Puigdemont (interesado en la cancelación de su cuenta pendiente con la Justicia).

Tal que así: "PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".

Lo de internacional se añadiría luego, por exigencia de los independentistas. De ahí la chapuza gramatical —no fue la única— con la que finalmente la palabra se hizo visible entre comas, metida con calzador a última hora, atropelladamente, por no seguir retrasando la fumata blanquinegra en Bruselas.

La farsa del mediador desborda nuestras fronteras y deriva en ridículo internacional de España por cuenta de las diferencias políticas entre dos partidos concretos, como si fueran los únicos que discrepan en un ecosistema plural. El síntoma, uno más, alimenta a los pregoneros de la mutación constitucional y el fin del Estado de derecho. "Negociar la democracia en la clandestinidad es una humillación para España", dijo este domingo Feijóo, líder del PP, en la concentración rojigualda ante las recompuestas ruinas del templo de Debod.

Es absurdo contratar a un experto en conflictos internacionales para un pleito tan de familia como el llamado problema catalán

La farsa tiene efectos corrosivos sobre la imagen de nuestro país. Es absurdo contratar a un experto en conflictos internacionales en un pleito tan de familia como el llamado problema catalán, salvo que el Gobierno legítimamente constituido reconozca al partido de Puigdemont como representante de "las aspiraciones de la sociedad catalana y de sus instituciones". (Véase el acuerdo del 9 de noviembre).

Eso lo explicaría todo. De no ser así, la conclusión es todavía más embarazosa de explicar al mundo: la democracia española es incapaz de normalizar el pluralismo de las ideas y las opiniones en un régimen de libertades ¿Qué sentido tiene, si no, recurrir a un experto en derechos humanos, guerrillas, refugiados políticos, cuando solo se trata de poner el Boletín Oficial del Estado al servicio de un delincuente?

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Agencias

Al menos deberíamos conjugar los resultados del furtivismo del PSOE y Junts en Suiza (ni siquiera en el perímetro institucional de la UE) con los de otras dos mesas negociadoras a espaldas del Parlamento. Una, del PSOE con ERC, que es competidor de Junts por la primacía independentista. Y otra, la del Gobierno central y la Generalitat (encuentro Sánchez-Aragonès anunciado para el próximo día 21).

Sobre el posible desenlace de las negociaciones en cada uno de los tres casos, confieso el naufragio de mis análisis desde que abracé la doctrina de Sánchez sobre el papel del Parlamento como espacio idóneo para acercar posiciones divergentes entre distintas fuerzas del espectro político e ideológico. Siempre dijo que si Puigdemont buscaba mediación, no hacía falta salir de España porque no hay mejor mediador que el Congreso de los Diputados.

Pero los abruptos cambios de opinión del presidente me han roto la cintura como insobornable votante del PSOE. Y ahora no veo más allá del creciente desprestigio de las instituciones alumbradas en la Constitución de 1978, que pasado mañana celebra su 45 aniversario.

Los secesionistas celebrarán como un avance que un problema interno se convierta en una humillación del Estado

Pero eso les da igual a los subversivos compañeros de viaje de Sánchez. Peor aún: el desprestigio de España favorece sus objetivos secesionistas. Por tanto, celebrarán como un avance que un problema interno se convierta en una humillación del Estado y un ridículo internacional de la marca España.

Y conste que de todo esto no tiene ninguna culpa Francisco Galindo, el diplomático salvadoreño contratado para hacer más creíble en el resto del mundo que "Catalunya is not Spain".