La digitalización de los mayores no es un problema exclusivo del sector bancario

Un tema que ha generado polémica en los últimos meses ha sido el impacto en la accesibilidad a los servicios bancarios del intenso cierre de oficinas bancarias que ha tenido lugar en España en los últimos años. La preocupación no es solo por el efecto sobre la inclusión financiera (que se produce si el cierre tiene lugar en un municipio en el que solo había un punto de acceso a los servicios bancarios, lo que es mucho más probable en la llamada España vacía), sino también sobre si incide en mayor medida en colectivos de la población vulnerable, como pueden ser las personas más mayores. En ambos casos, la digitalización es fundamental para amortiguar el impacto del cierre de oficinas, ya que permite un uso más intenso de la banca online. Pero para ello es necesario que las personas tengan las mínimas competencias digitales que garanticen poder utilizar esa banca electrónica.

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Veamos lo que dicen los datos para poder realizar un diagnóstico de la situación actual. El número de oficinas bancarias en España ha caído un 61% desde su valor máximo en 2008, pasando de 46.118 a 18.133 (junio de 2022). Por tanto, son 28.000 oficinas menos las que hay ahora en España. Y fruto de esa caída, ha aumentado el porcentaje de la población que reside en un municipio que no tiene al menos una oficina, ya que ha pasado del 2% en 2008 al 3,3% en 2021. No obstante, si tenemos en cuenta que se puede disfrutar presencialmente del acceso a servicios financieros por vías distintas a la oficina (como los servicios que presta un cajero, una oficina móvil, un agente financiero o una oficina de correos en la que al menos se puede acceder al efectivo), el porcentaje de población “excluida” cae a más de la mitad, en concreto al 1,4%.

Ese 1,4% de la población son 658.000 personas en las que las patronales bancarias han puesto el foco diseñando una hoja de ruta para “rescatarlas” de la exclusión financiera. Para las que viven en municipios de más de 500 habitantes, el compromiso es que al menos dispondrán de un punto de acceso a los servicios bancarios, y para los de menos de 500 habitantes que lleguen los servicios mínimos (como el acceso al afectivo) a través de Correos (carteros rurales), o cash-back/cash in shop (disponer de efectivo en un comercio).

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Pero no podemos asociar la cifra del 1,4% de la población (658.000 personas) a exclusión financiera ya que la banca online también permite acceder a una gama cada vez más amplia de servicios financieros las 24 horas al día. Y en este terreno, lo que nos dicen las estadísticas es que cada vez un mayor porcentaje de la población utiliza esta banca electrónica. La información más reciente es del 69,9% (población entre 16 y 74 años), 10 puntos más que en la UE-27 y 8,4 más que en la Euro área y por encima de los principales países europeos como Alemania (48,6%), Francia (68,1%) e Italia (48,3%). A la cabeza están los países nórdicos que son, por otra parte, los más digitalizados.

El problema de inclusión exige la implicación de las administraciones públicas

Por edades, hay diferencias importantes en el uso de la banca online, como también las hay en el uso de Internet. En España, mientras el 83,3% de las personas de 25 a 29 años utiliza la banca a distancia, en las personas de 55 a 74 años cae al 57,1% y al 43% en las de 65 a 74 años. En todos los grupos de edad, el uso es mayor en España que en la UE-27 y la Euro área, incluido en los más mayores (11,6 pp más de 55 a 74 años y 6,7 pp de 65 a 74 años, en relación a la UE-27). Por tanto, también nuestros mayores utilizan más la banca electrónica que los de la UE-27 y la Euro área. Además, en los más mayores (65-74 años), es donde más ha crecido en los últimos 5 años, ya que se ha multiplicado por 2,2 desde el 19,1% en 2017 al 43% de 2022. El aumento ha sido mucho más modesto en la UE-27 y la Euro área (se ha multiplicado por 1,4).

El uso de la banca online, al igual que Internet, exige poseer un mínimo de competencias digitales. Si prestamos atención a las personas que tienen al menos competencias básicas (es decir avanzadas o básicas), en España el 64,2% de la población las posee, 10,2 pp más que en la UE-27 y 7,8 pp por encima de la Euro área. En todos los grupos de edad España siempre supera a la UE, aunque la distancia se va acortando con la edad. Los más jóvenes (de 16 a 24 años) son los que más competencias tienen (el 84,9% tiene competencias al menos básicas), cae al 66% de 45 a 54 años, al 50% de 55 a 64 años, al 40,6% de 55 a 74 años y al 26,8% de 65 a 74 años. En este último grupo, el porcentaje es solo 1,4 pp superior a la UE-27. Los mayores son los que menos competencias digitales tienen y en consecuencia los que menos utilizan Internet en general y también la banca online en particular. Pero cada vez son más los mayores que utilizan la banca online, ya que como hemos visto, el porcentaje que la utiliza se ha más que duplicado desde 2017.

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En resumen, la mejor “arma” para combatir la posible exclusión financiera es facilitar el acceso a distancia de los servicios bancarios mediante la banca online, lo que implica avanzar en las competencias digitales de la población y asegurar por supuesto que dispongan de Internet y de los dispositivos necesarios para aprovecharse de los servicios que brinda la red. El colectivo de los “mayores” es el que más preocupación despierta (por sus menores competencias digitales), y es a ellos a los que hay que prestar especial atención, como así lo ha hecho la banca en los últimos meses con medidas de atención personalizada y la adaptación de los cajeros, las webs y las apps para hacer más sencillo su uso. El plan con los mayores se completa con medidas de formación digital.

Mención aparte es el acceso al efectivo, que requiere de un punto de acceso para obtenerlo. En este caso, no hay más remedio que ampliar geográficamente el acceso en los municipios en los que no hay al menos un punto de acceso, y con ese compromiso, la banca ha diseñado un conjunto de acciones que combina la instalación de cajeros con minibuses, carteros rurales y cash back.

Permítanme una reflexión final. A pesar del intenso cierre de los últimos años, España sigue siendo uno de los países de la UE-27 con mayor densidad de red de oficinas y cajeros teniendo en cuenta el número y la población a la que atienden. Por tanto, hay un buen acceso a los servicios bancarios. Además, en España el uso de la banca online es mayor que en la UE-27, a lo que contribuye las mayores competencias digitales de la población. Y también es así en el colectivo de los más mayores.

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Por tanto, no seamos “más papistas que el papa” acusando a la banca de los posibles problemas de inclusión financiera del colectivo de los más mayores, máxime teniendo en cuenta que el problema no es exclusivo de los servicios bancarios, sino que también tiene lugar en el acceso a servicios públicos tan importantes como la sanidad (para pedir una cita médica), la policía (para reservar cita para renovar el DNI-Pasaporte), la Agencia Tributaria (para descargarse el borrador del IRPF o validarlo), etc.

Aunque me considero una persona con competencias digitales al menos básicas, son muchas las ocasiones en las que he necesitado ayuda (a veces hasta de un informático) para realizar un trámite con la AA.PP. (como pagar un impuesto o presentar una instancia) porque había que renovar el certificado digital (por poner un ejemplo). Por tanto, el problema de inclusión no es solo en el ámbito financiero, sino que se reproduce y a veces con más intensidad en el acceso a los servicios públicos. Es en consecuencia un problema que exige la implicación de las AA.PP., y en el caso de la banca, la colaboración público-privada.

Joaquín Maudos. Directo adjunto del Ivie, catedrático de economía de la Universidad de Valencia y colaborador del CUNEF.