La regularización extraordinaria que esconde la falta de política migratoria

El accidente de Adamuz ha asestado un tremendo golpe al actual Gobierno, que aún tiene que explicar a la opinión pública y a las familias la causa de la muerte de 45 personas. La presión de la ciudadanía y de la oposición inmediatamente después de cumplirse los tres días de luto oficial precipitó el anuncio de un nuevo conflicto que desviase la atención a la vez que reforzarse de alguna manera al Gobierno y debilitase a la oposición.

Con los vídeos del ICE de Trump, arrastrando a personas fuera de sus vehículos, deteniendo escolares con sus mochilitas o descerrajando tiros mortales a civiles en Minnesota, el tema de la extranjería cumple su objetivo. El fomento del miedo a la ultraderecha –entre tibia y complaciente con los sucesos americanos– y la necesidad de retratar al PP frente a Vox convierten a la regularización extraordinaria de extranjeros en uno más de los balones de oxígeno que permiten bracear a un Gobierno paralizado por el Legislativo. La exclusión de España de la lista de países libres de sarampión elaborada por la OMS ha sido la salsa que faltaba para el guiso: el Ministerio de Sanidad ha explicado esta decisión por la existencia de bolsas de población sin vacunar y la necesidad de fomentar la vacunación por encima del 95 %. Los expertos han apuntado a los grupos de nacionales de otros países donde no se vacuna masivamente y no tanto a tendencias "antivacunas".

El tratamiento de la extranjería en España ha funcionado tradicionalmente a base de parcheos. Nunca ha habido una política migratoria clara ni se ha buscado un consenso con los partidos mayoritarios. No hay proyecto de país en materia de inmigración que permita dimensionar cuántos extranjeros se necesita admitir, con qué cualificación y a cuántos se les puede ofrecer trabajo y habitación.

Sabemos que determinados sectores económicos dependen en su mayoría de población extranjera y, sin embargo, no se adoptan políticas al respecto. España actúa por omisión más que por acción, haciendo la vista gorda en el acceso y asumiendo que una parte de turistas y estudiantes se quedará de forma irregular. Serán personas que malvivirán trabajando en la economía sumergida y, a menudo, siendo explotadas laboralmente.

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La regularización extraordinaria de extranjeros tiene tantas aristas que cualquier análisis al respecto se queda corto. La inmigración se analiza superficialmente desde posturas ideológicas enfrentadas que se guían por emociones y consignas identitarias basadas en prejuicios y en ideas precocinadas. Las deportaciones masivas que propugnan unos son inasumibles para sectores dependientes de mano de obra extranjera que ahora se encuentra sin regularizar. Las regularizaciones masivas tampoco son la solución si se sigue improvisando y no se adoptan medidas de Estado para evitar el "efecto llamada". Sin embargo, una regularización controlada con requisitos razonables afloraría todo ese capital humano oculto, produciendo un beneficio social y económico, en la medida en la que se incorporarían ciudadanos con plenos derechos, pero también cotizantes y contribuyentes.

El problema no es la regularización en sí, sino cómo y para qué se hace.

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El PP y Vox ya han anunciado que recurrirán ante los tribunales el Real Decreto que dicte el Gobierno, aduciendo que la decisión exigiría una regulación o habilitación parlamentaria, al tratarse de materia regulada por Ley Orgánica.

Un inciso: no es lo mismo el Real Decreto-ley, que tiene rango de ley y necesita una convalidación parlamentaria posterior, que el Real Decreto, con rango reglamentario inferior a ley y que dicta el Consejo de Ministros sin intervención del Congreso. Esta última es la vía escogida por el Ejecutivo.

Ha habido siete regularizaciones extraordinarias en democracia, cuatro de ellas tras la entrada en vigor en el año 2000 de la actual Ley Orgánica de Extranjería. Las tres que el gobierno de José María Aznar llevó a cabo entre el año 2000 y el 2001 –488.347 regularizaciones– se basaron en habilitaciones legales expresas de la Ley de Extranjería y se llevaron a cabo a través de sendos Reales Decretos dictados por el Consejo de Ministros. La cuarta –de 576.506 personas en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– se realizó igualmente por Real Decreto, si bien, ante el agotamiento de las disposiciones transitorias de la Ley, se aprovechó la reforma integral del Reglamento de Extranjería para contemplar un nuevo proceso de regularización. Esta última tuvo lugar en un momento en el que el legislador ya había definido y autorizado las figuras de residencia y trabajo, reconfigurando los requisitos y adaptándolos a la existencia de relaciones laborales previas y una residencia habitual acreditada.

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El plan del Gobierno pactado con Podemos es utilizar el modelo de 2005 como antecedente, si bien sin concurrir las mismas premisas de entonces. Se busca modificar nuevamente el Reglamento de Extranjería por Real Decreto. La Ley de Extranjería deja amplio margen al gobierno para que regule muchos aspectos de las autorizaciones de residencia por vía reglamentaria. Ahora bien, queda abierta la posibilidad de impugnar el Reglamento que se dicte y de que los tribunales, en su misión de controlar la legalidad de la actuación del Ejecutivo, puedan anularlo o no, especialmente en lo relativo a la rebaja de las exigencias para acceder al estatus de residente legal.

Por otra parte, circula información errónea de las consecuencias de la regularización extraordinaria que es preciso destacar.

En primer lugar, es incierto que con ello se consigan nuevos votantes para los actuales partidos en el gobierno. No se puede confundir residencia legal con nacionalidad española, ya que la primera no concede a los extranjeros el derecho de sufragio, sino que se exige ser nacional español, de origen o adquirido para votar en las elecciones generales y autonómicas. En las europeas se requiere ser ciudadano comunitario, y en las municipales pueden votar ciudadanos de la Unión Europea residentes en España y extranjeros extracomunitarios de determinados países con acuerdos de reciprocidad y residencia legal en España de entre tres y cinco años, dependiendo del convenio.

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La nacionalidad no es de concesión inmediata, sino que se demanda residencia legal de 10, 5, 2 y 1 año, según la vía de acceso, conocimientos del idioma y pasar una prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales.

Por otra parte, afirmar que los extranjeros irregulares no contribuyen al fisco es incierto. Si bien no cotizan a la Seguridad Social ni pagan IRPF –precisamente por su condición de irregulares–, crean riqueza con su trabajo personal y abonan impuestos indirectos como el IVA o los impuestos especiales, que, en su conjunto, constituyen un tercio del total de la recaudación tributaria. Su regularización aumentaría su aportación al erario público con el pago de impuestos directos.

En cuanto a la asistencia sanitaria, la regularización no acarrearía necesariamente una mayor presión sobre los recursos sanitarios en la medida en la que el RDL 7/2018 ya reconoce a las personas extranjeras no autorizadas como residentes en España el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria "en las mismas condiciones" que las personas con nacionalidad española, siempre que se cumplan ciertos requisitos como la acreditación de residencia continuada en España durante los últimos 90 días. Lo mismo puede decirse del acceso a la enseñanza, ya que la Ley de Extranjería reconoce el derecho y el deber a la educación de los menores de 16 años, que incluye la enseñanza básica gratuita y obligatoria e, incluso, a los menores de 18 años, la postobligatoria, aunque cumplan la mayoría de edad durante los estudios.

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Finalmente, aunque existen otras manipulaciones informativas al respecto, no hay razón para afirmar que los regularizados accederán de forma masiva al Ingreso Mínimo Vital, ya que este se concede a personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica que cumplan determinados requisitos, como la residencia legal en España durante un año. El IMV es notablemente inferior al salario mínimo interprofesional y no garantiza necesariamente la renovación de la residencia legal, al contrario que un contrato de trabajo. Además, según los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Derechos Sociales, solo tres de cada diez perceptores del IMV son extranjeros.

Lo deseable, sin duda alguna, es la existencia de un Pacto de Estado sobre inmigración que dé seguridad jurídica y responda a parámetros racionales de regulación. Mientras no lo haya, cada crisis será una excusa para usar a los irregulares como munición política.