La foto de la vergüenza nunca vista

Esa imagen con el prófugo la perseguirá siempre. A ella, que tanto le gustan las fotos con delincuentes. Un político puede acudir a la cárcel a visitar a un preso, porque ha sido juzgado y sentenciado y cumple condena, pero lo que no puede hacer jamás es visitar y halagar a alguien que está huido de la Justicia, burlando la ley. Lo primero lo hemos visto en varias ocasiones, desde la cárcel de Guadalajara cuando los GAL, pero ha sido Yolanda Díaz la que ha protagonizado la foto de la vergüenza, la imagen nunca vista de un gobernante en casi medio siglo de democracia. La vergüenza, sí, porque avergüenza al Estado y avergüenza las siglas de su partido, el Partido Comunista de España. Ni siquiera se trata de valorar aquí si lo hablado con Puigdemont es correcto o incorrecto; la cuestión es que la mera visita a un fugado ya es una acción inaceptable en un gobernante.

En ocasiones, se ha repetido aquí mismo que hasta los delincuentes cumplen una labor pedagógica en un Estado de derecho, en contra de lo que se pueda pensar. Gracias a las penas que se les imponen, una sociedad experimenta las consecuencias de saltarse la ley, la cárcel o las multas, y así se evita que los delitos proliferen. Es la prevención general, uno de los principios básicos de la doctrina penal a lo largo de toda la civilización. Carles Puigdemont fue aquel presidente de la Generalitat de Cataluña que llegó hasta el final en el desafío al Estado, declaró la independencia de la república de Cataluña, pero, en un ejercicio histórico de cobardía y de hipocresía, dijo a continuación que la dejaba “en suspenso”, quizá para ganar las horas que necesitaba para huir de España escondido en el maletero de un coche, sin que fueran a detenerlo a su casa o a su despacho. De ahí la gravedad de un acto como el que ayer protagonizó Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno en funciones, cuando fue a visitarlo a su refugio, se reunió con él durante tres horas y se hicieron fotos sonrientes. Lo que esa imagen transmite a la sociedad es la complicidad con el que burla a la Justicia, el que se niega a acatar las leyes, el que busca un trato de favor para que lo salve de asumir su conducta delictiva. La prevención general se convierte con esa foto en alarma general.

Es evidente que la obligación primera de un alto cargo del Estado, en toda democracia, es el cumplimiento de la ley y, más allá, el ejemplo ante los ciudadanos, como servidor público, del debido acatamiento de las sentencias judiciales. En el caso de España, la ejemplaridad que se exige a los altos cargos del Estado, además de los deberes constitucionales, está recogida en varias leyes, como la del buen gobierno o la de transparencia. En todas ellas, se extreman la vigilancia y el celo del comportamiento de los altos cargos, especialmente de los miembros del Gobierno, con la introducción de algunos valores que van más allá del mero cumplimiento de la ley, como la integridad, la objetividad, la austeridad, la transparencia y la responsabilidad. Incluso hay algún capítulo en el que se habla de la honorabilidad, de la que están desposeídas aquellas personas que hayan sido condenadas por la Justicia. Se trata, en definitiva, de imponer a los gobernantes “medidas reforzadas de diligencia debida” para que el ejemplo que se transmite a los ciudadanos no sea contrario a lo que persigue todo país que se enorgullezca de estar sometido al imperio de la ley.

Por eso, hay artículos tan genéricos y determinantes como el que enumera los "principios de un buen gobierno" (artículo 26) e incluye que los gobernantes “mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección”. Por lo poco que hemos conocido, Yolanda Díaz no ha acudido al Parlamento Europeo a visitar al fugado como líder de una coalición electoral, Sumar, como dice el Gobierno, sino que lo ha hecho como vicepresidenta, acompañada, además, de algunos de sus asesores en el Gobierno. Cada sonrisa, cada gesto de complicidad es un incumplimiento ético y legal de sus obligaciones como gobernante.

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Esas imágenes que vemos, en las que la vicepresidenta se acerca, lo coge del brazo, aproxima la cara para decirle algo, constituyen un insulto para muchos millones de ciudadanos españoles, sobre todo los catalanes, que merecen ser tratados por sus gobernantes con “esmerada corrección”, como exige la ley. Pero también serán recibidas como un insulto por miles de militantes comunistas en España, que sí saben por sus familias lo que es el exilio y lo que son los presos políticos. Yolanda Díaz ha ofendido la memoria de ese partido, que sufrió como pocos la dictadura franquista, cuando acude solícita a cumplir con las exigencias de un fugado de la Justicia y lo trata como un "preso político", "perseguido por un Estado opresor", que es lo que lleva repitiendo seis años. Ese tipo, además, allí donde fue a visitarlo la vicepresidenta Díaz, el Parlamento Europeo, solo recibe el apoyo y la comprensión de la extrema derecha europea. Por eso, Pedro Sánchez, antes de cambiar de opinión, los comparó en 2018 con el partido de Le Pen, la líder de la ultraderecha francesa.

Puigdemont ya nos hizo un favor cuando nos regaló la indignidad de su fuga de España en el maletero de un coche y ahora nos está regalando la indignidad de una vicepresidenta comunista, que acude a verlo, sonriente y emocionada. Mantengo firme la confianza en la robustez de la Justicia española, tanto de jueces como de fiscales, y, por esa razón, confío en que el único resultado de este disparate sea la foto de la vergüenza. Podemos enmarcarla para el recuerdo, con el epígrafe de algo que decía Santiago Carrillo: “Se olvida constantemente que la destrucción del Estado es también la destrucción de la democracia”.