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Marlaska, como juez en cacharrería
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Javier Caraballo

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Marlaska, como juez en cacharrería

Cómo es posible que un profesional tan experimentado en la judicatura haya recibido tantos reveses judiciales por incumplimientos flagrantes de la ley como ministro del Interior

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE/Fernando Alvarado)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE/Fernando Alvarado)
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Ambición personal e incompetencia política. Eso es lo que explica aquello que nadie alcanza a entender, cómo es posible que un profesional tan experimentado en la judicatura como Fernando Grande-Marlaska haya recibido tantos reveses judiciales por incumplimientos flagrantes de la ley como ministro del Interior. Podría entenderse que un ministro, cualquier ministro, se vea envuelto en una polémica política por un infortunio, por la mala gestión de una crisis o por unas declaraciones inoportunas. Sobre todo en un ministerio como el de Interior, todo eso podríamos entenderlo, pero que los mayores bofetones a Fernando Grande-Marlaska le hayan llegado por decisiones que denotan ignorancia o desprecio del cumplimiento de la legislación vigente, es del todo incomprensible.

Quienes le conocen de la carrera judicial vienen advirtiendo desde hace tiempo de que, por encima de su cualificación profesional, Fernando Grande-Marlaska siempre se ha caracterizado por su ambición personal, que ya la demostró en sus años de magistrado por su predisposición a ir escalando puestos. El fin personal justifica los sapos que se haya que tragar, podría decirse parafraseando el aserto. Así debió ser cuando aceptó, en tiempos de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, ser vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, aunque lo considere un partido en las antípodas de su ideología progresista, y así debe ser en este momento, cuando acepta sin rechistar, y levanta la mano para votar a favor, algunas de las más controvertidas leyes del Gobierno de Pedro Sánchez, como la amnistía a procesados por delitos de terrorismo o las acusaciones permanentes contra jueces y fiscales.

La condena más reciente la ha recibido por su torpe y enmarañada actuación con la crisis de los menores de Ceuta, que ahora analizaremos, pero varios meses antes, en octubre del año pasado, el ministro recibió un nuevo varapalo por su obstinada cacería contra el coronel Pérez de los Cobos. Solo por este enfrentamiento cerril, el ministro Grande-Marlaska ha tenido que soportar varias derrotas judiciales con sentencias que han puesto de manifiesto la evidente ilegalidad de sus acciones. ¿Tiene que ver su aversión contra Pérez de los Cobos con el acercamiento de este Gobierno a los independentistas catalanes, que lo consideran su ogro durante el procés? Es probable.

En todo caso, todo comenzó en el infausto año 2020, cuando el Ministerio del Interior le instó a informar sobre las investigaciones policiales sobre la manifestación del 8-M, poco antes de que se decretara el cierre por la pandemia. El coronel De los Cobos, como era su obligación, se negó a cometer esa ilegalidad y fue destituido. Obviamente, ganó en los tribunales, como ha vuelto a imponerse luego en los sucesivos vetos que han intentado imponerle para que no ascendiera de coronel a general. Cómo explicar que sea un magistrado el que exija a un subordinado que ignore la ley y le desvele secretos judiciales, o que, por rencillas personales, ignore y oculte los méritos profesionales que se cuentan para un ascenso. Imposible.

Foto: Marlaska y Pérez de los Cobos. (EFE)

Para explicar lo sucedido en Ceuta, conviene repasar brevemente la cronología. En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez decide, torpemente, ingresar clandestinamente en un hospital español al líder del Frente Polisario, el mayor enemigo interno del régimen alauí, y al detectarlo, al instante, los servicios secretos de Marruecos, el rey Mohamed VI amenaza con romper relaciones diplomáticas con España. Para ratificar su animadversión, no se queda en palabras. También promueve la invasión de Ceuta, abriendo las fronteras, con lo que miles de marroquíes se adentraron en la ciudad autónoma. Entre esa multitud, había en torno a 800 menores de edad. Cuando el Gobierno de Sánchez empezó a ceder para complacer al monarca marroquí, y se relajaron las tensiones, ambos países pactaron un procedimiento para que los menores pudieran regresar a sus casas.

Con la mediación, intervención y consentimiento del Gobierno de Ceuta, que es del Partido Popular —de esto no parecen haberse enterado aún los dirigentes nacionales de este partido, por cierto—, se acuerda la devolución, por grupos de 15 menores al día, tras haber contactado con sus familiares. En unas furgonetas, se les conducía a una comisaría marroquí en la que estarían esperando sus familiares. Hasta aquí, podemos coincidir en que, dentro del desastre que supuso la reacción visceral de Mohamed VI contra España, se trataba de una salida aceptable del conflicto.

¿Qué problema podía haber? Pues que ese tipo de devoluciones infringía claramente la Ley de Extranjería, que requiere devoluciones individuales y tratamientos específicos de cada menor. El ministro Grande-Marlaska no podía ignorarlo por lo dicho anteriormente, por su procedencia profesional, pero es que varias ONG lo resaltaron así y, al verse ignoradas, lo llevaron a los tribunales. Como era de esperar, al cabo de los años, el Tribunal Supremo les ha dado la razón y ha condenado al ministerio por la ilegalidad cometida. Una vez más, resulta inexplicable que un ministro juez actúe como elefante en cacharrería cuando aborda temas de legalidad. Acaso el problema principal está en el origen, en no aclarar desde el principio, de acuerdo con Marruecos, que lo ocurrido en Ceuta no puede considerarse un asunto relativo a la inmigración.

La llegada masiva de marroquíes a Ceuta, al abrirse las fronteras, nada tenía que ver con el drama humano de la inmigración. Se trataba de un conflicto político, como aquella Marcha Verde con la que el padre de Mohamed VI, Hasán II, le birló a España el Sáhara. Eso es lo esencial, la Ley de Extranjería se debe aplicar para los casos de llegada de inmigrantes, pero no para una crisis diplomática entre dos países en la que Marruecos utiliza a sus ciudadanos para agredir al país vecino. Cierto que hay muchas más complicaciones añadidas, pero Marlaska, por esa soberbia suya, dijo, simplemente, que él cumple la ley “escrupulosamente” e ignoró todas las advertencias que le han llevado a una nueva condena.

En numerosas ocasiones, Grande-Marlaska ha estado en las quinielas de salida del Gobierno, envuelto en cada crisis por filtraciones que hablaban de él como un ministro quemado, achicharrado, al que el presidente Sánchez quería dar salida. Pero, ya ven, van pasando los días, se suceden los reveses judiciales y los escándalos, y el ministro sigue en su despacho. Fue aquel magistrado que inició el proceso judicial, conocido como caso Faisán, cuando en tiempos de Rodríguez Zapatero se dio un chivatazo a colaboradores de ETA para que no los detuviera la Policía —formaban parte de la red de extorsión de los terroristas—, y ahora tiene que transigir con que una ley de amnistía distinga entre un terrorismo aceptable y un terrorismo condenable. En fin, que eso… Para el fin personal, los sapos que haya que tragar.

Ambición personal e incompetencia política. Eso es lo que explica aquello que nadie alcanza a entender, cómo es posible que un profesional tan experimentado en la judicatura como Fernando Grande-Marlaska haya recibido tantos reveses judiciales por incumplimientos flagrantes de la ley como ministro del Interior. Podría entenderse que un ministro, cualquier ministro, se vea envuelto en una polémica política por un infortunio, por la mala gestión de una crisis o por unas declaraciones inoportunas. Sobre todo en un ministerio como el de Interior, todo eso podríamos entenderlo, pero que los mayores bofetones a Fernando Grande-Marlaska le hayan llegado por decisiones que denotan ignorancia o desprecio del cumplimiento de la legislación vigente, es del todo incomprensible.

Fernando Grande-Marlaska
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