Café para todos y tarta para dos

Quién tiene derecho a qué y por qué. Y quién lo decide… Una de las últimas declaraciones de Salvador Illa, inminente presidente de la Generalitat de Cataluña, tiene un enorme valor para el análisis de lo que nos está pasando en España. Dice Illa: "Cataluña tiene derecho a una financiación singular". Pongamos que es así, que Cataluña considera que ese derecho le corresponde, pero ¿dónde está recogido? ¿Y la singularidad, a qué se debe? Luego, el mismo Salvador Illa ha añadido que la exigencia de esa financiación especial es para mejorar sus servicios públicos, sus infraestructuras y "seguir generando prosperidad". ¿Cuál es la novedad? Esa no puede ser la singularidad porque, ¿acaso no es lo que todo el mundo desea, más dinero para mejorar sus servicios públicos y generar prosperidad? ¿Cómo se determina quién tiene derecho a progresar y quién debe conformarse con seguir solicitando, año tras año, década tras década, una línea férrea?

En una dictadura, todas estas preguntas se responden solas, porque, como ha venido sucediendo desde la antigüedad, todo se supedita al deseo del César que la dirige. La ley tiene el alcance exacto de la palabra del dictador y los derechos están determinados por la inclinación de su pulgar derecho. Pero en un Estado de derecho la respuesta es más complicada porque existen leyes y normas que contestan y protegen de la arbitrariedad. Lo interesante -o desolador- de la afirmación de Salvador Illa, amparada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es que nos conduce a ese escalón elemental de una democracia. No se trata de lo que decida un presidente y mucho menos un pacto entre dos partidos, sino de que lo es posible o no de acuerdo con el Estado de derecho en el que vivimos. Afortunadamente.

Remontémonos al origen de todo, el ‘café para todos’, porque conviene recordarlo. Esa fórmula de enunciado metafórico del modelo de Estado es obra de un gran andaluz, Manuel Clavero Arévalo, en los primeros años de la democracia española. El diseño inicial, tras la muerte del dictador, consistía en la concesión de una autonomía plena para Cataluña y el País Vasco y una descentralización administrativa para el resto, quizá con más relevancia en Galicia por el hecho de tener lengua propia y porque también fue de las comunidades que lograron aprobar su estatuto en la República antes del golpe de Estado de Franco.

La cuestión, en todo caso, es que, la Constitución se hace a medida de los dos únicos nacionalismos territoriales que existen en España, el vasco y el catalán. De ahí que en el artículo 2 se hable de ‘nacionalidades’, esas dos, y ‘regiones’, todas las demás, aunque no se especifica. Lo imprevisible fue que Clavero Arévalo, que era ministro del Gobierno de Adolfo Suárez, se sumó a la potente corriente andalucista liderada por Alejandro Rojas Marcos, y a la petición de una autonomía plena, también para esta comunidad. Lo hizo en contra de su propio partido, la UCD gobernante, y del PSOE de la oposición, que tenían pactado ese modelo de Estado asimétrico.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Una lectura sosegada del acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC

Carlos Sánchez

Todo aquello acabó convulsionando, el PSOE cambió de estrategia y pasó a liderar el referéndum andaluz del 28 de febrero de 1980, que hizo saltar por los aires todo lo planificado. Entendió que, de esa forma, dinamitaba el Gobierno de Adolfo Suárez, y la mayoría centrista, y es lo que ocurrió. Se implantó el ‘café para todos’ y ese fue el primer ‘agravio’ para los nacionalistas catalanes. ¿Por qué iba a tener Murcia la misma autonomía que Cataluña? Está claro que el nivel competencial siempre ha sido mayor en Cataluña y, sobre todo, en el País Vasco, pero nada de eso ha sido suficiente. Lo de Murcia, por cierto, no es un símil al azar; se trata de la comparación que eligió entonces el entorno de Jordi Pujol y que, todavía, ocasionalmente, algunos veteranos nacionalistas siguen utilizando.

Como se comprenderá, en nada puede afectarle a un ser normal que su vecino tenga el mismo coche que él, pero en esto los nacionalistas catalanes cumplen escrupulosamente aquello que dijo el gran Julio Camba de todos los españoles: "La envidia de los españoles no es aspirar al coche de su vecino, sino que el vecino se quede sin su coche". Pues en esas está este catalanismo, sus agravios surgen de la igualdad de los demás.

TE PUEDE INTERESAR

La 'revolución de Asturias': por qué el acuerdo con ERC afecta más a las CCAA socialistas

Javier Jorrín

La consolidación de la España de las autonomías es, medio siglo después, una realidad incontrovertible y asentada, por mucho que podría ser revisada para mejorar muchos aspectos de la descentralización. Pero ese no es el debate ahora ni el que se persigue en Cataluña. Los defectos que pueda tener este modelo autonómico no es lo que mueve a quienes defienden una ‘financiación singular’ para Cataluña, que conduzca a la cesión de todos los impuestos, “la caja y la llave”, para decidir con plena “soberanía fiscal”. Lo que ocurre es que, como el supuesto derecho que reclama Salvador Illa no existe, lo que han firmado el PSOE y Esquerra Republicana no pasa de ser un delirio político, imposible de encajar en nuestro sistema. Por la simple razón de que la única salvedad constitucional que está recogida en la Constitución es la referente al País Vasco y Navarra. Nos puede parecer bien, mal o regular, pero es la única singularidad que ampara la Constitución.

La única posibilidad constitucional de que salga adelante la ‘financiación singular’ de Cataluña es que todas las comunidades autónomas puedan acogerse a la misma cesión de recaudación de impuestos que se le conceda a la Generalitat. Así es como se han resuelto las cesiones anteriores de un porcentaje de algunos impuestos que actualmente recaudan las autonomías. Podemos fijarnos en el IRPF. El primero fue Felipe González en 1993, con la cesión del 15% de la recaudación de la renta y, unos años más tarde, José María Aznar, que lo amplió hasta el 30%. En los dos casos se trataba de negociaciones del Gobierno español con la minoría catalana, pero la cesión se extendió a todas las autonomías para hacerla constitucional.

Nada que ver, por tanto, con lo que se acaba de comprometer el PSOE, que directamente no está en la Constitución ni se recoge en la ley de financiación de las comunidades autónomas. Por encima de eso, el debate mayor que nunca se afronta en España, que es el de las necesidades de todos. Porque ni es verdad que existan singularidades solo en Cataluña, ni un pasado histórico que lo ampare, ni siquiera un déficit de financiación en la actualidad sea mayor que el que padecen otras comunidades. Y en todos los rincones de España se anhela el mismo deseo de disponer de más dinero público para inversiones que significan prosperidad. Por eso, resultaba interesante remontarse al origen de toda esta polémica, porque el deseo que permanece desde el primer instante es el de socavar la igualdad entre todos los territorios de España. Ya que hubo autonomía para todos, que se instale la norma de que habrá ‘café para todos’, pero tarta solo para dos.