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Una Fiscalía parcial en el ciclón Begoña
Desde que Sánchez, abocó a todos los que dependen de él a una alocada carrera de codazos y de despropósitos en defensa de su mujer, la política en el PSOE se ha convertido en un ciclón que arrasa con todo lo que encuentra
Legalidad e imparcialidad. Son dos principios, uno y dos, con lo que no caben muchas dudas ni confusiones. Se recogen de forma prominente en la Constitución y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es la norma básica que guía todas las actuaciones de la Carrera. Dos principios, dos, legalidad e imparcialidad, y por la concisión con la que se expresan, debe resultarnos de una extraordinaria gravedad que en este tiempo político la principal sospecha sobre el fiscal general del Estado sea su descarada parcialidad.
Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abocó a todos los que dependen de él a una alocada carrera de codazos y de despropósitos en defensa de su mujer, Begoña Gómez, la política en el PSOE se ha convertido en un torbellino, o en un ciclón, que arrasa con todo lo que encuentra. Ya hemos dicho en otras ocasiones que tenemos que mirar esta época de gobierno de Pedro Sánchez como ‘el tiempo de las primeras veces’, porque de forma reiterada se van añadiendo noticias que nos hablan de la primera vez que, en la democracia española, se rebasa alguna de las líneas rojas que delimitaban la acción política. En el ciclón de defensa de Begoña Gómez también el Ministerio Fiscal se ha visto arrastrado a esta espiral: la primera vez que ha pedido el archivo de una denuncia nada más admitirse a trámite y la primera vez que ha culpado de prevaricación a un juez por una mera providencia de citación de un testigo.
Sin entrar en valoraciones sobre la legalidad, ni siquiera sobre la actuación del juez que instruye el caso Begoña, parece evidente que el fiscal, con esa precipitación, con esa premura, se ha olvidado completamente del principio de imparcialidad, porque esas urgencias de archivo de una causa le corresponden a las defensas. No al Ministerio Fiscal. Decenas de miles de procedimientos similares lo atestiguan: la denuncia llega al juzgado y, si el juez la admite a trámite, comienza la investigación y, cuando se han oído a los testigos, se solicita el archivo, debidamente motivado, en el caso de que proceda. Esas prisas de torbellino del fiscal en el proceso judicial sobre la vida privada de Begoña Gómez no presagian nada bueno. Síntomas claros de una manifiesta parcialidad.
Se ha citado arriba al juez instruye el caso Begoña… Tiene interés que subrayemos esa banalidad porque, desde hace unas semanas, los portavoces socialistas, con su acompañamiento de replicantes, han comenzado a referirse a todo lo que tiene que ver con este escándalo como el caso Peinado, en referencia obviamente al juez que instruye ese procedimiento, Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El acoso a los jueces, fiscales y hasta a cuerpos policiales es una constante que afecta a todos los partidos políticos que se han visto involucrados en casos de corrupción. Pero el paso que nunca se había dado -ya estamos ante otra primera vez- es este de intentar darle la vuelta al procedimiento, como un calcetín, para que quien figure como principal acusado sea el juez que instruye. Si, en adelante, se fijan en el detalle, observarán que ministros y cuadros del partido siempre hablan en sus intervenciones y entrevistas del caso Peinado; jamás les habrán oído mencionar a ninguno de ellos el caso Begoña, porque esa expresión está prohibida, proscrita.
Observarán, igualmente, que casi todas las referencias al juez Peinado lo equiparan con una persona trastornada, desquiciada, que actúa sin razón alguna. La fase más notable de esa campaña de burla al juez se produjo cuando trascendió que Peinado decía en un escrito que los silencios de Pedro Sánchez, cuando se negó a declarar, pueden ser relevantes. A algunos les faltó pedir que un psiquiatra acudiera al juzgado para medicar al juez Peinado. Una insolencia inaceptable porque, esos mismos que se burlaban, estaban ocultando que aquella providencia sobre la comparecencia de Pedro Sánchez como testigo obedecía a una petición inusual de la Fiscalía, cuando solicitó que no se le remitiera a las partes nada de lo ocurrido. Como podemos pensar, no es facultad del juez remitir a las partes las actuaciones o, por el contrario, ocultárselas. El juez Peinado, de hecho, se limitó a cumplir con lo establecido y actuó de forma mecánica, con el ‘dése traslado’ a las partes, que es habitual en todos las instrucciones. No es ninguna extravagancia porque, además, también es cierto que los silencios pueden llegar a ser muy relevantes en un proceso penal por lo que se puede inferir de ellos. O no, pero tienen la misma importancia.
No es la actuación del juez, aunque haya podido cometer errores, lo que chirría en este procedimiento, sino el criterio del fiscal, que es diametralmente opuesto a lo que se espera de la Fiscalía en un proceso penal como este. Desde el 24 de abril pasado, que El Confidencial publicó la noticia de que un juez de Madrid había admitido a trámite una denuncia contra Begoña Gómez, el Ministerio Fiscal ha aplicado, como criterio sumarísimo, una única estrategia, cortar de raíz toda investigación. Nunca antes había recurrido la admisión a trámite de una denuncia, con el argumento de que no existía indicio alguno de que la mujer del presidente del Gobierno hubiera cometido algunos de los delitos de los que se le acusaban, tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. La Fiscalía no necesitaba oír nada, ni pedir ningún documento, ni llamar a ningún testigo; ya sabía que Begoña Gómez era inocente. Ya lo había impuesto su marido, ‘Begoña es inocente per se'.
Esa parcialidad es contraria a la actuación de la Fiscalía y resulta tan insólita como esa otra decisión de que un fiscal apoye una querella por prevaricación contra un juez por la simple emisión de una providencia de citación. Que la Abogacía del Estado haya interpuesto esa querella por el hecho de que Pedro Sánchez haya sido llamado como testigo, ya supone un abuso notable de la institución, pero que la Fiscalía lo apoye constituye un episodio insólito, un ataque inusitado a un juez por una providencia que nada determina, ni valora, como sí ocurre con los autos y, por supuesto, con las sentencias. Viven en el epicentro de esa locura de despropósitos, de nervios y de presión, y solo así puede explicarse lo que está arrasando este ciclón, el ciclón Begoña. Culpable o inocente, que eso ya se verá, jamás podrán compensar el estropicio que están causando para defenderla.
Legalidad e imparcialidad. Son dos principios, uno y dos, con lo que no caben muchas dudas ni confusiones. Se recogen de forma prominente en la Constitución y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es la norma básica que guía todas las actuaciones de la Carrera. Dos principios, dos, legalidad e imparcialidad, y por la concisión con la que se expresan, debe resultarnos de una extraordinaria gravedad que en este tiempo político la principal sospecha sobre el fiscal general del Estado sea su descarada parcialidad.
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