Las cloacas del PSOE: la máquina del fango estaba en Ferraz

Algo ocurrió durante los cinco días de reflexión de Sánchez. Cada vez parece más claro que aquel movimiento, desconcertante y todavía no bien explicado, ha provocado un corrimiento de tierras en la política nacional. Se pulsó un botón y, de repente, el país cambió de pantalla. El presidente del Gobierno especuló en la red social X sobre la posibilidad de dejar el cargo y la prensa internacional empezó a combinar en sus titulares la palabra "corrupción" con el nombre de Begoña Gómez, algo a lo que nadie se había atrevido hasta entonces.

Los nervios se apoderaron del inner circle de La Moncloa, incapaz de detener una noticia que cogía vuelo e incluso se judicializaba. El síndrome de hybris comenzó a emerger en un Sánchez poco acostumbrado a los ataques a su entorno. Si una de las mayores fortalezas del presidente consiste en no casarse con nadie y sacrificar sus peones más fieles llegado el momento, su mayor debilidad es Begoña Gómez, pieza sistémica, la única persona con la que se ha casado realmente, la protagonista de su manual de resistencia.

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¿Quién se atrevía a desafiar al César y, además, en su flanco más próximo? La contraofensiva debía ser contundente. Craso error. La sangre caliente, el exceso de soberbia, una visión segmentada de la realidad y tics autocráticos como los verbalizados en el comité del PSOE ("vamos a avanzar con determinación, con o sin el concurso del poder legislativo, que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo"), les han llevado a cometer errores de bulto, impropios de la otrora engrasada sala de guerra monclovita.

Las consecuencias de lo ocurrido aquellos días comienzan ahora a emerger como restos de automóvil tras caer al mar. Lo vimos con el plan de regeneración democrática anunciado por Sánchez, que incluía modificaciones en la ley de publicidad institucional para amansar a los medios y cambios en los Derechos al Honor y de Rectificación. Y lo vemos mucho más nítido con la información desvelada por El Confidencial, que implica a Ferraz en una guerra sucia contra jueces y prensa, y nos introduce en una nueva y peligrosa fase. Como decía lord Acton, si el poder corrompe, "el poder absoluto corrompe absolutamente".

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Según detallamos, el PSOE habría montado en su sede de Ferraz una unidad de desinformación para generar campañas contra jueces y periodistas con una triple finalidad: por un lado, que deje de estar en un primer plano la trama Koldo y la imputación de Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios; por otro, que se empiece a hablar de casos que afectan a la oposición y otros actores críticos, con informaciones que sirvan de excusa para poner en marcha causas judiciales; y por último, pasar la cuenta a todos aquellos que ejercen de contrapeso y no le bailan el agua al Gobierno.

La iniciativa traspasa algunas de las líneas rojas grabadas a fuego en las democracias liberales, pero se compadece bien con esa visión clausewitziana que tiene el PSOE de la realidad nacional y con esa idea expansiva de la política que despliega la izquierda para ocupar esferas, ora judiciales, ora empresariales, que le son ajenas. Una forma de ejercer el poder que busca la eliminación de la alternancia política y que, como consecuencia, supone un peligro existencial para nuestra democracia.

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La investigación que publicamos acredita la voluntad del PSOE, el partido en el poder, de poner en la diana a aquellos jueces y medios de comunicación que le son incómodos, justo en el momento más delicado para un Ejecutivo que se ha quedado sin margen para desarrollar su acción de gobierno y que se ve atenazado por los casos de corrupción. La gravedad es máxima: tolerar la persecución y la intimidación a quien cumple con su deber, a quien piensa distinto o a quien, simplemente, le parezca molesto al poderoso, implica poner en grave peligro la integridad de nuestra sociedad y la libertad individual.

Tan censurables son los fines que persiguen estas cloacas como los instrumentos empleados para alcanzarlos, donde participan condenados por casos de corrupción y se incluyen centenares de archivos intervenidos en su día al comisario Villarejo. Al igual que los socialistas se prestaron a las exigencias de los independentistas catalanes con comisiones de investigación sobre el lawfare y la operación Cataluña para que Sánchez pudiera ser investido presidente, ahora resulta legítimo preguntarse cuál es el precio que el PSOE deberá pagar a los arietes de esta campaña de desinformación.

Con todo y con eso, lo más preocupante es el manto de sospecha que se va a cernir a partir de ahora sobre las instituciones. Será complicado discernir si las nuevas causas judiciales que surjan resultan legítimas u obedecen a intereses espurios, o si el Ejecutivo tenía conocimiento de lo que ocurría en Ferraz, sobre todo teniendo en cuenta los modos personalistas con los que Sánchez lidera el partido. El secretario de organización, Santos Cerdán deberá explicarse. Pero no solo. El secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que hacer lo propio.

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Desde que irrumpió el caso de Begoña Gómez, Sánchez lideró una estrategia consistente en minusvalorar las informaciones y atacar a los jueces, otorgándoles una finalidad política. Ministros y satélites afines se encargaron de propagar la especie. Hablaban de máquina del fango, pseudomedios y bulos, aunque en ningún momento pusieron nombre y apellidos a quienes se escondían detrás de los mismos. Ahora, tras la información de El Confidencial, sabemos que la máquina del fango era otra.

Este episodio constituye una página oscura de nuestra historia reciente. No hay blanqueamiento ni normalización posible. Ningún Gobierno, por muy debilitado que esté, tiene derecho a amenazar la separación de poderes y tampoco a acosar a jueces y periodistas, buscando la impunidad de quienes pueden haber infringido la ley. Todos los ciudadanos compartimos la responsabilidad cívica de no mirar hacia otro lado porque mañana cualquiera de nosotros puede convertirse en el siguiente señalado.