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Matacán
Por
Moción de censura contra UGT
Una condena judicial, la visita a un fugado de la Justicia y una manifestación fantasma. Son los espasmos de credibilidad de un sindicato histórico que ha tocado suelo
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"Señorías, convendrán conmigo que, si bien la responsabilidad penal se dirime en los tribunales, de los cuales emana esta sentencia, de los hechos probados en la misma se deriva la responsabilidad política del secretario general de UGT, a juicio de los firmantes de esta moción de censura. La fortaleza de las instituciones en una democracia depende en gran medida de la confianza que las personas que las ocupan suscitan en la ciudadanía". Con la literalidad del texto de la moción de censura que el Partido Socialista presentó contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se puede elaborar esta ficción periodística que consiste en una reprobación formal del sindicato UGT en el momento más bajo de su prestigio profesional, el momento en el que, junto a Comisiones Obreras, ha convocado una manifestación fantasma contra la oposición, con el único objetivo de agradar al presidente socialista. Una manifestación sin manifestantes, a la que acude sólo una representación de quienes la han convocado, es el acto más patético al que se puede ver abocado un sindicato.
Y en eso han caído los sindicatos mayoritarios españoles, a los que siempre debemos defender y proteger como instituciones fundamentales del funcionamiento de una democracia, por severas que sean las críticas que realicemos. Siempre serán respetados aquí como garantes del cumplimiento de un derecho fundamental de los españoles, regulado en el artículo 28 de la Constitución, por grotesca que sea la deriva de sus dirigentes. UGT y Comisiones Obreras representan a casi el 60% de los trabajadores españoles a través de negociaciones y convenios colectivos. De esa responsabilidad, y de esta consideración, nace la reprobación que aquí se plantea al haber tocado el suelo de la ignominia sindical.
La oportunidad de esta moción de censura ficticia surge del ridículo espantoso de esa manifestación fantasma y del acto humillante de servilismo al que se prestó el líder de UGT cuando fue a negociar con el fugado Puigdemont, para que no se opusiera al Gobierno. Ya dijimos aquí que, por el respeto a su propia memoria, como protagonistas de la Ley de Amnistía de 1977, a los líderes sindicales de UGT y CCOO debería avergonzarles la defensa que han hecho de esta otra amnistía, para librar de la cárcel a un independentista de extrema derecha que ha atentado contra la democracia española.
Pues bien, ambos episodios se convierten en las gotas que lo desbordan todo y provocan esta moción contra el sindicato UGT y que se guía por la misma lógica que sirvió al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para desalojar de la Moncloa a Mariano Rajoy. Es decir, una sentencia judicial por corrupción en la que se condena como responsable final a la organización en la que trabajaban las personas directamente implicadas en el escándalo. Si esa lógica la utilizó la mayoría del Congreso de los Diputados para desalojar del poder a un gobierno del Partido Popular, exactamente la misma debe aplicarse ahora al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, para que, como dijeron de Mariano Rajoy, su permanencia “no afecte gravemente a la credibilidad del sindicato y a la propia dignidad de la democracia española, tras haber sido declarado judicialmente como parte de un sistema corrupción institucional”.
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La sentencia por corrupción contra UGT está emparentada con el escándalo mayúsculo del fraude de los ERE, durante el largo periodo de degradación de los últimos gobiernos socialistas de Manuel Chaves en Andalucía. Igual que en el Gobierno andaluz se ideó un sistema para poder distribuir a su antojo las subvenciones para el desarrollo del empleo, en el sindicato UGT de Andalucía se puso en marcha una "mecánica defraudatoria" encaminada a desviar los fondos de forma sistemática con el objetivo de "obtener una vía de financiación" para sufragar gastos de estructura del sindicato. Tan grosero llegó a ser el fraude de las subvenciones sindicales, que hubo un año (2009) en el que los asistentes a un congreso de la Federación de Servicios Públicos recibieron como obsequio de bienvenida un juego de bolas chinas. “En UGT también nos preocupamos por nuestras afiliadas”, explicaron entonces.
Años más tarde, la Guardia Civil descubrió que todos esos gastos se cubrían con facturas falsas que pagaba religiosamente la Junta de Andalucía de Manuel Chaves como subvenciones para la formación profesional de los trabajadores en paro. En fin, lo que todos conocemos de aquella etapa de corrupción que, para escarnio democrático, el Tribunal Constitucional ha dejado sin responsables políticos. Y conviene subrayarlo una vez más: el Tribunal Constitucional no niega el fraude cometido, sino que se limita a exculpar a quienes el PSOE, con absoluta desvergüenza, presenta ahora como víctimas del ‘lawfare’ y de las noticias falsas.
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La sentencia en la que se sustenta esta moción de censura ficticia se dictó hace dos meses, pero no consta que el secretario general de UGT haya pedido siquiera disculpas. La condena incluye penas de tres años de cárcel para cinco ex altos cargos de este sindicato en Andalucía y el pago de una multa de cincuenta millones de euros, que no ha sido satisfecha. Esa multa, según la sentencia, recae sobre los condenados y también sobre la propia organización, al declararse a UGT como responsable final. Todos los recursos judiciales que se han interpuesto por parte de este sindicato contra la sentencia, que todavía no es firme, se excusan con el argumento de que UGT está devolviendo el importe de las subvenciones a la Junta de Andalucía, con plazos de pago que se alargan hasta el año 2048.
Pero la propia Audiencia de Sevilla ya ha dejado claro que la devolución del dinero no exime de la sanción impuesta: “No implica el pago de la deuda reclamada en este procedimiento, de forma principal, a los acusados, y subsidiaria, a la UGT”. Con lo cual, en medio de este esperpento de un sindicato desnortado, empeñado en su propio desprestigio, conviene sacarlo del contexto en el que se encuentra, de aplausos a las amnistías y perdones de corrupción, para ponerlos delante de su realidad. “Señorías, convendrán conmigo…”
"Señorías, convendrán conmigo que, si bien la responsabilidad penal se dirime en los tribunales, de los cuales emana esta sentencia, de los hechos probados en la misma se deriva la responsabilidad política del secretario general de UGT, a juicio de los firmantes de esta moción de censura. La fortaleza de las instituciones en una democracia depende en gran medida de la confianza que las personas que las ocupan suscitan en la ciudadanía". Con la literalidad del texto de la moción de censura que el Partido Socialista presentó contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se puede elaborar esta ficción periodística que consiste en una reprobación formal del sindicato UGT en el momento más bajo de su prestigio profesional, el momento en el que, junto a Comisiones Obreras, ha convocado una manifestación fantasma contra la oposición, con el único objetivo de agradar al presidente socialista. Una manifestación sin manifestantes, a la que acude sólo una representación de quienes la han convocado, es el acto más patético al que se puede ver abocado un sindicato.