Begoña Gómez, la mujer intocable

La inmunidad es cosa de dioses o de monarcas imperiales, abrigados con una capa de armiño, pero no de presidentes democráticos del siglo XXI. En las constituciones de nuestras sociedades democráticas, los principios fundamentales se expresan con pocas palabras, sin rodeos ni adornos. Artículo 14 de la Constitución: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna". Las discriminaciones a las que se refiere el texto constitucional español son las negativas, un perjuicio por motivos de raza, de religión o de sexo; por supuesto, también de opinión. La Constitución no hace referencia de discriminaciones positivas porque, sencillamente, sería absurdo hasta pensarlo.

En un Estado de derecho no se puede contemplar que alguien esté ajeno al imperio de la ley por cualquier privilegio y, mucho menos, en razón del cargo de poder que ocupa. Por eso chirría tanto en toda mentalidad democrática la campaña emprendida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el Poder Judicial y contra los medios de comunicación desde que los tribunales de Justicia comenzaron a investigar las actividades privadas de su esposa. Su reacción, mil veces repetida en estas páginas, fue inmediata y exagerada, alocada y furibunda. Pero no podemos olvidarla como referencia, porque es lo que lo explica todo. En abril del año pasado dijo Pedro Sánchez eso de "habrá un punto y aparte" y ahí comenzó el acoso a los jueces que se prolonga hasta nuestros días, con el plante de su esposa a la citación judicial del juez Peinado, que la investiga, y la difusión en redes sociales de una nueva campaña de hostigamiento a los medios de comunicación que, simplemente, informan del desarrollo del sumario judicial. Informar es insultar en la lógica del sanchismo.

Han vuelto a rescatar el lema ‘Yo con Begoña Gómez’, que ya circuló al inicio de la instrucción judicial, y otra vez están recogiendo firmas contra "la deshumanización" de la mujer del presidente del Gobierno por parte de los medios de comunicación. Sin más, van repicando por entrevistas, tribunas, tertulias y redes sociales que Begoña Gómez "está siendo víctima de un hostigamiento injusto que ataca su dignidad personal y su vida privada". Sólo la soberbia que ciega al poderoso puede reducir la independencia judicial y la libertad de prensa a esa caricatura que dibuja a Begoña Gómez como una pobre mujer indefensa, acosada por despiadadas hienas desde los despachos judiciales y las redacciones periodísticas. No, claro que no, no sólo no existe ninguna campaña contra la esposa del presidente Sánchez, sino que la mera constatación del año y medio transcurrido, desde que se inició la instrucción, lo que demuestra es la solidez de las acusaciones, antes que lo contrario.

Dicho de otra forma, si la investigación que lleva a cabo el juez Peinado sobre las actividades de Begoña Gómez no tuviera sustento penal alguno, ya se habría archivado hace mucho tiempo. No por el deseo o la decisión del juez de instrucción, sino por el mandato de las instancias superiores que hubieran ordenado el archivo. La sucesión de recursos para frenar la investigación o para apartar al juez Peinado no han prosperado por el respaldo que ha encontrado la instrucción en las instancias superiores. Y ha sucedido con la misma normalidad judicial con la que, en otras ocasiones, la Audiencia Provincial de Madrid o el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad han anulado resoluciones del juez Peinado por inapropiadas, inconvenientes o infundadas. Además de eso, al margen del debate procesal, en junio pasado todos los jueces de instrucción de Madrid se reunieron para "mostrar nuestro apoyo al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo". En definitiva, que los numerosos intentos de ridiculización de este hombre de 71 años se han topado con la solidaridad de sus compañeros y, sobre todo, con la ratificación de lo esencial de sus investigaciones.

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Un año y medio después del inicio de las investigaciones, el presidente Sánchez y su amplio entorno pueden seguir enrocados en la negación de la normalidad democrática y judicial, pero ese empecinamiento cerril sólo les puede conducir a la frustración. Como avanzó ayer El Confidencial, ya no se trata sólo de los tribunales españoles ni del sumario que se instruye en España. En todo este tiempo, también ha estado investigando la Fiscalía Europea y su conclusión se contiene en un informe demoledor en el que detecta "decenas de irregularidades" en las adjudicaciones de tres contratos públicos a la empresa de Juan Carlos Barrabés.

En la cronología del caso Begoña Gómez y su mundo de relaciones profesionales, el nombre de Barrabés es el segundo más relevante que desveló este periódico, después del de Víctor de Aldama. Lo que nos preguntamos entonces, como quien lanza al aire una pregunta boba, es si debíamos considerar ‘normal’ que Begoña Gómez avale con cartas de recomendación a una empresa para que reciba ayudas públicas que concede el Gobierno que preside su marido.

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En la Fiscalía Europea también se habrán hecho la misma elemental pregunta y la conclusión, en su investigación paralela e independiente de la del juez Peinado, ha sido la misma, la posible existencia de presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado por el uso de los fondos comunitarios con los que se financiaron esos contratos. Ya pueden seguir, por tanto, las campañas para ridiculizar a jueces y para desprestigiar a medios de comunicación, pero el proceso penal sigue adelante y, sólo cuando finalice, podremos saber si existen pruebas suficientes para demostrar todo lo que ahora se sospecha. Y absuelta o condenada, a Begoña Gómez sólo debe quedarle la certeza de que no es una mujer intocable por ser la esposa del presidente del Gobierno.