Las seis estrategias para combatir el virus desde el frente económico

El coronavirus ha hecho añicos los viejos manuales de economía. El mundo se enfrenta a una situación desconocida en una economía moderna. Estas son algunas recetas

Foto: Un hombre con mascarilla pasa ante un local cerrado, en Madrid. (EFE)
Un hombre con mascarilla pasa ante un local cerrado, en Madrid. (EFE)
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Recesión o depresión. Lo malo o lo peor. Desgraciadamente, este es el dilema en el que se mueve el mundo. Lo malo es un ajuste duro de la economía global durante un periodo corto (varios trimestres), y lo peor es revivir, aunque con unos niveles de vida impensables en aquella época, lo que ocurrió después del 'crash' del 29, cuando solo la guerra mundial, pese a las políticas de estímulo keynesianas, sacó realmente a EEUU de la Depresión.

Es, por lo tanto, tiempo de actuar. O lo que es lo mismo, de poner sobre la mesa lo que Ben Bernnake, probablemente el mayor especialista en la Depresión, llamó estrategia Marcel Marceu: “No te fijes en lo que digo sino en lo que hago”.

Hay un problema, y no es pequeño. Como ocurrió tras el 'crash' del 29, los formuladores de políticas económicas, los ‘policy makers’, una expresión habitual durante la crisis de los primeros años ochenta, caminan a ciegas. Si en aquel tiempo no existía un sistema de cuentas nacionales para conocer la actividad agregada —hasta el final de la guerra, los gobiernos no dispusieron de un Sistema de Contabilidad Nacional (SCN)—, hoy todo depende de una variable desconocida: la duración de la pandemia. Cualquier política económica está condicionada a la evolución del Covid-19.

Es por eso por lo que las tesis más rigurosas incluyen la necesidad de introducir gradualismo en las medidas de choque. Si algo han aprendido los gobiernos tras la Gran Recesión de 2009 es que malgastar la artillería a las primeras de cambio no tiene sentido. Entre otras cosas, porque los mercados huelen sangre cuando la munición se acaba. Si algo distingue la crisis del coronavirus a la Gran Depresión es, de hecho, el peso de los mercados de renta fija y de acciones en la economía. El mundo, es más, es ya una inmensa economía financiera. ¿Qué hacer?

1.- Congelar el sistema productivo. Los economistas no conocen una respuesta clara a la crisis a medio y largo plazo. A corto, el consenso general es aumentar la liquidez, pero poco más. Y es que los viejos manuales de economía, el Samuelson o el Blanchard, no estaban pensados para este tipo de crisis. Han saltado por los aires. Existe, sin embargo, un raro consenso: hay que meter en el congelador la economía. Es decir, paralizar el sistema productivo para que el distanciamiento social haga el resto.

Eso significa cerrar fábricas, comercios y todo lo que genere alguna actividad económica para evitar desplazamientos individuales. Alrededor de 2.600 millones de personas, con más o menos restricciones, ya están confinadas. La receta general es que solo funcionen los servicios esenciales de la comunidad.

No es fácil. Los sistemas productivos están muy integrados y para hacer llegar un modesto kilo de patatas a un domicilio se necesitan agricultores, fertilizantes, productos fitosanitarios, un transportista y una red de comercialización, además de almacenes y de una logística que es imprescindible.

Parar un país, como se sabe, es relativamente sencillo. Depende de la dureza de las leyes y de la capacidad de los gobiernos para aplicarlas. El problema es que cuando el motor se vuelva a poner en marcha se verán los restos del naufragio. O lo que es lo mismo, cuántas empresas y trabajadores se habrán ahogado antes de alcanzar la orilla.

Este es, en realidad, el gran debate en política económica, y que está en el centro de las preocupaciones de la ministra Calviño. Hay que pararlo, pero hasta qué punto. Gobiernos como el de Alemania ya han anunciado que están dispuestos a inyectar hasta 100.000 millones de euros en empresas que pueden ir a la quiebra, y que se consideran estratégicas: aviación, turismo, telecomunicaciones…

2.- Empleo. Congelar la producción para evitar los contagios, parece evidente, es un mal necesario, pero no está claro que sea suficiente si, al mismo tiempo, los empleadores carecen de incentivos para no despedir. En muchos casos, los salarios suponen más de 50% de la facturación. No hace falta decir que eso cuesta dinero, mucho dinero, y los mercados castigan a quienes se gastan más de lo que ellos consideran excesivo (la prima de riesgo se llegó a ir a los 160 puntos básicos ante la escasa respuesta inicial del BCE).

Es decir, se trata de que el empleador siga pagando las nóminas, aunque lo haga el Estado por él mediante una transferencia directa. ¿Cuál es el problema en España? El elevado porcentaje de empleo precario. Nada menos que el 26% de los asalariados son temporales, a los que hay que añadir el empleo a tiempo parcial involuntario. Con una particularidad, el empleo precario afecta cada vez más a trabajadores de mayor edad, que, son, precisamente, quienes tienen mayores problemas para encontrar un nuevo empleo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso. (EFE)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso. (EFE)

Esto significa que cualquier empleador puede aligerar sus plantillas sin que haya despido por medio. Basta con no renovar el contrato. Y en España hay muchos: por obra o servicio, por circunstancias de la producción (ahora inexistente), de sustitución o de interinidad. El Gobierno podría haber optado por pagar esos salarios directamente (los más bajos y que afectan a trabajadores con mayores dificultades de recolocación) para parar el golpe, pero no lo ha hecho. Por el contrario, ha preferido, frente a lo que han decido en Dinamarca o Reino Unido, por favorecer los expedientes de regulación temporal de empleo, con lo que es el SEPE quien paga la prestación. ¿Problema? Un universo de microempresas y de sectores productivos (jornaleros, empleadas de hogar…) se queda fuera del sistema. Se ha congelado la economía, pero no los despidos.

Lo que proponen Conde-Ruiz, Galindo y Victoria es que cuando no se renueve el contrato, o se produzca un despido, los afectados reciban una prestación por desempleo asistencial (430 euros al mes), tanto si se han acumulado derechos suficientes para percibirla como si no. Hay 2,44 millones con contrato temporal inferior a seis meses. Los autores del estudio estiman escenarios con una destrucción (o no renovación) que afecte a entre el 10% (240.000 trabajadores) y el 40% (cerca de 1 millón) y el coste mensual estaría en una horquilla entre 105 millones y 420 millones de euros al mes.

3.- Consumo de las familias. El viejo helicóptero de Milton Friedman está llamado a convertirse en la gran contribución económica a esta crisis, Como se sabe, consiste en dar dinero directamente a los contribuyentes sin utilizar fórmulas más convencionales, como las subvenciones, las ayudas a través de programas asistenciales o, incluso, los impuestos negativos. Nada que ver con la renta básica.

Hay pocas dudas de que, con una economía congelada durante ocho, 10 o 12 semanas, la red de protección de los asalariados (que pague el Estado la nómina) no es suficiente. Entre otras cosas, y sin tener en cuenta la economía sumergida, porque en una economía de servicios, como es la española (representa dos tercios del PIB) la parte variable de las nóminas es muy relevante: propinas, comisiones, bonus (que no siempre son de ricos) o pagos por productividad. Eso quiere decir que si se quiere evitar un desplome del consumo final de los hogares (que representa el 56,6% del PIB) la receta que dan muchos expertos es meter dinero en el bolsillo de las familias. Es decir, los viejos 400 euros de la época de Rodríguez Zapatero, que eran una buena idea, pero para otro tipo de crisis. Ese fue su error.

4.- Liquidez. El mundo se ha llenado de liquidez. Es decir, los bancos centrales han puesto a funcionar la máquina de hacer dinero. Y eso era antes sinónimo de inflación, ahora no está tan claro por los avances tecnológicos, por la globalización o, incluso, por el envejecimiento.

El Gobierno, como se sabe, ha puesto sobre la mesa hasta 100.000 millones, aunque en una primera tacada habla de 20.000 millones. ¿Mucho o poco? Según Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, aunque parece bastante, se trata de una cifra inferior a las necesidades que surgirán en los próximos días entre las pequeñas empresas, y los sectores más afectados por el parón, turismo, comercio, ocio o industria, que suministra bienes de consumo duradero y bienes de equipo. Por lo tanto, su eficacia dependerá del multiplicador de crédito que logren generar los avales públicos, así como de la buena disposición de los pequeños negocios para endeudarse, incluso a corto plazo.

Este es un punto de controversia. Endeudarse ahora puede ser la puntilla para el futuro. Las empresas, como sostienen Barba, Laborda y Medina, no pedirán prestado si sus mercados se están colapsando. Es por eso por lo que esta opción se ha descartado en la mayoría de los países. Es mejor que sea el Estado quien lo haga con el dinero a tipo cero de los bancos centrales.

5.- Estrategia de inversión pública. Una de las ideas más clásicas en economía es que sea el Estado quien haga de tractor de la actividad en tiempos de zozobra. Nunca mejor en este contexto. Se trata de reforzar los servicios públicos esenciales poniendo énfasis en crear reservas estratégicas de productos básicos que en esta crisis se ha demostrado imprescindibles. Hoy los estados son extremadamente vulnerables a las importaciones.

No se trata de construir más puentes o nuevos aeropuertos, sino de crear una red de seguridad en servicios esenciales para afrontar epidemias, que en el futuro serán más frecuentes, como prevén muchos centros de inteligencia. Ahora bien, en ningún caso financiar gasto permanente con deuda.

En palabras de Marcel Jansen y Juan F. Jimeno, publicadas en 'Nada es Gratis', “no está claro cuál debería ser la magnitud de los estímulos ni cuál sería su eficacia en la situación actual. “Lo que sí es cierto”, aseguran, “es que dichos estímulos serán más potentes cuando, con la vuelta a la normalidad, se inicie la recuperación”.

6.- Unión fiscal. El traje institucional se le ha vuelto a quedar pequeño a la UE. Está pensado para situaciones de normalidad, pero cuando asoman vientos de crisis, se agrieta. Es por eso por lo que hay un cierto consenso, solo cierto, en avanzar hacia un presupuesto común que incluya un seguro de desempleo conjunto para afrontar choques asimétricos. No todos los países sufrirán lo mismo con la pandemia. De la misma manera, también hay un sector mayoritario que se inclina por la creación de Fondo de Garantía bancario europeo para asegurar la transmisión de la política monetaria.

Hay, incluso, ideas más originales. Como ha propuesto el economista Enrico D’Elia, habría que sustituir la referencia deuda/PIB, que es poco representativa, por otra que tenga en cuenta la relación deuda pública/ingresos públicos. Al fin y al cabo, el PIB incluye rentas privadas que no pueden ser requisadas en caso de impago o insolvencia del Estado. A diferencia de EEUU, Europa carece de mecanismos rápidos y potentes para las transferencias presupuestarias entre de los ricos y los pobres. No existe un plan de gasto europeo único comparable al sistema federal de los EEUU.

A falta de eurobonos o de coronabonos, por la oposición alemana, como ha sugerido un grupo de economistas, entre los que se encuentran Jean Pisany-Ferry, Ramón Marimón, o Clemens Fuest, el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, debería crear una nueva línea de crédito Covid-19 de largo plazo sin condicionalidad (al contrario que durante la era de los rescate), y solo cuando las aguas se calmen se podría exigir a los gobiernos el cumplimiento de reglas de gasto. Ahora bien, sostienen, la asignación entre los estados miembros debe ser proporcional a la gravedad de la salud pública y los desafíos económicos encontrados.

El MEDE tiene actualmente una capacidad de préstamo de 410 000 millones de euros (3,4% del PIB de la zona del euro), que la Junta de Gobernadores puede aumentar. ¿El objetivo? Evitar que la crisis del coronavirus se convierta en una segunda crisis de deuda soberana. Los bonos creados de esta manera serían “activos seguros” para los bancos de la eurozona. Esto reduciría el riesgo de un círculo vicioso ('doom-loop') entre bancos en problemas y finanzas públicas débiles.

El tiempo dirá si sale adelante la propuesta. Lo que es cierto es que en la anterior crisis el dinero solo llegó cuando la economía había naufragado y había dejado los restos trágicos de la recesión en la orilla.

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