El fiscal que cenó 'en secreto' con Núñez Feijóo

"Fiscales conservadores animan a Feijóo a derogar leyes de Sánchez". Este era el titular a cuatro columnas del diario El País del pasado 2 de mayo. Según la crónica interior (que cambia el verbo derogar por desmontar), dos fiscales de Sala, miembros, por tanto, del generalato de la carrera fiscal, se habrían manifestado críticos con las técnicas legislativas del Gobierno (Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado) y habrían deseado un Gobierno del PP y advertido de los posibles acuerdos entre el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y los filoetarras (sic) (Antonio Narváez, fiscal de Sala de la tercera del Supremo).

La reunión entre el presidente del PP y los fiscales, organizada, como otras muchas con distintas personalidades políticas y sociales, por la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, llegó a calificarse de secreta. Se celebró, sin embargo, en un extraño lugar para serlo: el hotel Clarigde de Madrid, sito en un lugar tan ignoto y apartado como es la plaza del Casal 6 de la capital. Sin embargo, el ministro de la Presidencia calificó la cena como un acontecimiento "gravísimo", aun a sabiendas de que no lo era, porque una cosa es que fiscales (o, en su caso, jueces, que también se reúnen con políticos) expresen un deseo personal en un ámbito reservado y otra bien distinta que esos funcionarios se dejen llevar en el ejercicio de su función por pulsiones ideológicas.

Los fiscales se defienden tras la cena con Feijóo: "Rechazamos la utilización política"

Beatriz Parera

El fiscal general del Estado, Álvaro García, midió el hecho en sus justas proporciones y eludió tanto un pronunciamiento expreso como las eventuales sanciones que se le reclamaron para Madrigal y Narváez. Se adujo el Código Ético de la carrera fiscal, elaborado durante el mandato de Dolores Delgado, en noviembre de 2020, que establece hasta 47 pautas de conducta de los fiscales. Teniendo en cuenta el juego de variables, la libertad de expresión es prevalente, en especial cuando su ejercicio se produce en un contexto como el de la famosa cena de los fiscales con Feijóo.

Pero como la vida sale al encuentro de los sectarismos, el pasado día 17, el dictamen solicitado el día anterior por el fiscal general del Estado sobre la posibilidad de impulsar un procedimiento de ilegalización de Bildu ante la Sala Especial del Supremo (16 magistrados) lo firmaron la jefa de la secretaría técnica de Álvaro García, la fiscal de Sala Ana Isabel García León y, ¡oh sorpresa!, Antonio Narváez Rodríguez, fiscal de Sala en la tercera del Tribunal Supremo, el mismo que se dice que dijo en la cena con Feijóo que deseaba un Gobierno del PP y advirtió de pactos con los filoetarras. El dictamen de ambos fiscales se plasmó en 10 folios de apretada literatura jurídica, con remisiones constantes a la jurisprudencia del Supremo (Sala Especial) y a la doctrina del Constitucional.

El fiscal general cierra la puerta a ilegalizar a Bildu: "Es un partido democrático"

Beatriz Parera

Una progresista y un conservador, en la jerga habitual, pero no por ello la más adecuada, coincidieron en la interpretación de la ley de partidos de 2002. En otras palabras: un funcionario de la carrera fiscal tiene sus preferencias políticas, puede manifestarlas en determinadas circunstancias, pero sobrepone la profesionalidad a la confesionalidad ideológica. Y de eso hay que felicitarse, y subrayar que el fiscal general del Estado, cargo de confianza del Gobierno, pero autónomo, fue ecuánime al encargar a los dos fiscales ese dictamen.

Antonio Narváez, para perfilar más su trayectoria, fue hasta el mes de diciembre del pasado año magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno que presidió Mariano Rajoy. Sustituyó al dimitido Enrique López, hoy consejero de Justicia en el Gobierno de Madrid, y hasta su acceso al TC desempeñó el cargo de teniente fiscal del Supremo.

El debate jurídico sobre el alcance político y ético de la presencia de exterroristas en las listas de Bildu, como se advirtió, no debió llevarse a un terrero —el de la ley de partidos— que causa frustración, por su inviabilidad, a aquellos millones de españoles a los que les repugna esa obscena impertinencia. La discusión ha de ser de otra naturaleza que debe calificarse de moral democrática y de respeto a las víctimas y a la ciudadanía y, por supuesto, a la higiene de nuestro sistema político. El Supremo y la Fiscalía hicieron en su momento —entre 2003 y 2008— lo que debían y, así, decretaron la ilegalización de Herri Batasuna, de Euskal Herritarrok y del Partido Comunista de las Tierras Vascas.

Por lo demás, habría que subrayar que jueces, magistrados y fiscales también pagaron con sus vidas o su integridad física, y las de sus escoltas, el precio de sangre que exigía la voracidad del terrorismo etarra. Sus nombres son los siguientes:

Javier Jáuregui Bernaola, juez de paz de Lemona (asesinado el 8 de julio 1978).

José Francisco Mateu Cánoves, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 16 de noviembre de 1978).

Vicente Goñi Larumbe, magistrado de Trabajo (sufrió un atentado frustrado el 18 de enero de 1979).

Carmen Tagle González, fiscal de la Audiencia Nacional (asesinada el 13 de septiembre de 1989).

Fernando Mateo Lage, presidente de la Audiencia Nacional (herido el 27 de febrero de 1990).

Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992 (asesinado el 14 de febrero de 1996).

José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt, magistrado de la Audiencia Nacional (herido el 12 de junio de 1996).

Rafael Martínez Emperador, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 10 de febrero de 1997).

Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (asesinado el 9 de octubre de 2000).

José Francisco Querol Lombardero, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 30 de octubre de 2000).

Jesús Escudero García, escolta (asesinado el 30 de octubre de 2000).

Armando Medina Sánchez, conductor (asesinado el 30 de octubre de 2000).

José María Lidón Corbí, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia (asesinado el 7 de noviembre de 2001).

PS. El dictamen de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, favorable a la tesis de que no se repita el juicio contra Arnaldo Otegi después de que su condena fuese anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un asunto de carácter muy técnico sobre el que pronunciarse sin un buen equipaje de conocimiento jurídico-penal podría constituir una temeridad.