La campaña socialista homologa a Vox

El silogismo es un modo de razonamiento deductivo. Consta de tres proposiciones, y la última es consecuencia necesariamente de las otras dos. El silogismo de la campaña electoral que desemboca el próximo domingo es el siguiente:

Si la Fiscalía ha definido a la coalición EH Bildu como una organización "democrática" a la que, por ello, no se puede ilegalizar (véase abajo el dictamen de 17 de mayo) y si el presidente del Gobierno consideró el 12 de mayo que las listas de EH Bildu con exterroristas eran “legales, pero no decentes” (*).

Si, pese a no ser “decentes” pero sí legales, Pedro Sánchez expresó en el Congreso que esperaba seguir contando con el apoyo de los diputados de EH Bildu (17 de mayo) en términos similares a los acostumbrados durante esta XIV Legislatura.

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Entonces no habría duda alguna de que Vox es un partido democrático —más democrático que EH Bildu, incomparablemente— y que, por lo tanto, el PP y la organización que preside Santiago Abascal no debieran tener reparos en pactar allí donde lo necesiten para obtener o retener el poder municipal y/o autonómico.

Este de la homologación democrática de Vox es el efecto indeseado de la campaña del PSOE y demás izquierda. La reacción de esos partidos y de los análisis y opiniones mediáticos que salieron en apoyo de Pedro Sánchez, reivindicando la legitimidad de sus pactos con EH Bildu, atribuyendo al abertzalismo radical su idoneidad plenamente democrática en la medida en que representa a muchos miles de ciudadanos, ¿no reza lo mismo para Vox?

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Sí, reza y con mayor razón para Vox porque 1) es un partido legal y aquellos candidatos —en las listas de Vox y de cualquier otro— que delinquieron gozan, cumplida la pena, del sufragio pasivo, 2) representa a millones —no miles— de ciudadanos españoles y 3) en una democracia que no es militante como la nuestra, su participación política, incluso para alterar por los procedimientos establecidos la Constitución de 1978, ha de ser aceptada como una opción más.

Surge una objeción: el PSOE y Unidas Podemos no han cuajado pactos, se dice, que lleven a las instituciones a dirigentes de EH Bildu. Falso. Los abertzales radicales, además de facilitar gobiernos autonómicos como en Navarra, se han metido hasta las entrañas del Estado español. Así sucedió cuando su representación en el Congreso obtuvo el plácet del Gobierno y de la presidenta de las Cortes Generales para incorporarse a la comisión parlamentaria de secretos oficiales y gastos reservados y, en ella, interrogar a la exdirectora del CNI Paz Esteban y conocer detalles de las operaciones de la Inteligencia nacional (abril y mayo de 2022).

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Aun eludiendo las razones de realpolitik que han aconsejado a Pedro Sánchez viajar a Roma (5 de abril pasado) y entrevistarse en “sintonía” con la premier Meloni —protagonista de una de las intervenciones más desquiciadas en la campaña andaluza (12 de junio de 2022) en apoyo de Macarena Olona y de Vox—, las otras son incontestables y el favor a los de Abascal se lo ha hecho la izquierda que se ha alzaprimado ante la exigencia del PP de que el PSOE rompiese con EH Bildu.

Esta homologación de los partidos radicales de derecha forma parte de la torpeza de la izquierda al aceptar para sí a los radicales a su siniestra y es coherente con su arbitraria superioridad moral, según la cual un supuesto progresismo transforma en luchadores por la democracia a los sectores más atrabiliarios y putinescos de su entorno ideológico, pero impediría, sin embargo, que la derecha tradicional pactase con su flanco más extremo. Doble vara de medir que los electorados europeos ya no admiten. Véase Francia, Italia, Suecia, Finlandia… y todos los demás países democráticos en los que las referencias socialdemócratas han sido barridas por partidos radicales de derecha y que han dejado en chasis a varios de los conservadores tradicionales.

Forma parte de la torpeza de la izquierda al aceptar para sí a los radicales a su siniestra y es coherente con su arbitraria superioridad moral

En la próxima presidencia de turno de España de la UE, del 1 de julio al 31 de diciembre próximos, la interlocución de Pedro Sánchez será con los gobiernos de Olaf Scholz y Emmanuel Macron, pero también con los de Italia, Hungría, Polonia y varios más ganados por la derecha sostenida o acompañada con otra más radical. Y si, como es lógico, el presidente del Gobierno pretende que la Unión Europea estreche lazos con países latinoamericanos, habrá de entenderse con no pocos gobernados por ejecutivos populistas, desde el México de Andrés Manuel López Obrador a la Nicaragua de Daniel Ortega.

Otra cosa hubiese sucedido si Pedro Sánchez, en un rapto de razonabilidad y proyección de sus posibilidades y de las del PSOE a largo plazo, hubiese zanjado la relación con EH Bildu y dado carpetazo a su colaboración parlamentaria y, eventualmente, a sus pactos con la coalición en el País Vasco y Navarra. No ha sido así (aunque lo prometiera con reiteración en 2019) y este Gobierno sigue padeciendo los efectos indeseados de sus propias estrategias que, a la postre, vienen a homologar a Vox y los posibles pactos con el PP ante los que la izquierda carece de auctoritas para cualquier reproche. Lo correcto hubiese sido y seguirá siendo que los dos grandes partidos lleguen a un umbral de entendimiento que neutralice la influencia de los extremos.

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(*) Párrafos textuales del dictamen de 17 de mayo de la Fiscalía sobre EH Bildu y su carácter democrático y la legalidad de sus listas:

“En consecuencia, hemos de concluir, en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática” (página 7 del dictamen).

“Por tanto, las personas que en su día pertenecieron a aquella organización [ETA] y llegaron, como es el caso de estas 44 personas, a cometer hechos delictivos en su nombre e interés, que ya han cumplido las condenas y que no consta acreditado, por indicios objetivos, que muestren intención alguna de volver a utilizar la violencia como instrumento al servicio de sus fines e ideales políticos, no se aprecia razón alguna para impugnar aquellas candidaturas o solicitar la exclusión de algunos de sus miembros de aquellas” (página 9 del dictamen).