El Gobierno entra en barrena (el plato de lentejas)

Hay una diferencia entre estar en el Gobierno y ser Gobierno. El PSOE y Sumar están en el Gobierno, pero no son Gobierno. El pleno del Congreso del pasado miércoles así lo acreditó. Y este estar, pero no ser, alcanzó una obviedad extrema cuando, para salvar la convalidación de tres reales decretos leyes, los socialistas se comprometieron a entregar al partido separatista de Carles Puigdemont las competencias —según Junts, sin restricción alguna— en materia de inmigración. La trascendencia de esa decisión, en concurrencia con otras anteriores y simultáneas, es extraordinaria y remite al pasaje bíblico de cómo Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un guiso de lentejas (libro del Génesis), porque el Gobierno amputa la integridad del Estado a cambio de seguir formalmente en el poder y así lo esencial se subordina a lo contingente y lo permanente a lo transitorio. Una distorsión de la jerarquía de valores políticos y cívicos.

La Constitución, en su artículo 149. 1. 2ª establece la competencia exclusiva del Estado en materia de "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". Nuestra ya disfuncional Constitución de 1978, prevé también (artículo 150. 2) que podrán transferirse o delegarse (conceptos diferentes) competencias exclusivas del Estado a las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica. Pero no todas, ni cualquiera de ellas: solo las "que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". No lo es la relativa a la inmigración. Porque se trata de una competencia exclusiva de carácter estratégico para el propio Estado, que debe quedar bajo su íntegra disposición en la medida en que afecta a las relaciones internacionales, concierne al ejercicio de la soberanía nacional e incide sobre los derechos y libertades de los ciudadanos.

Compromiso inexplicado e inexplicable

Hasta el momento, el Gobierno no ha explicado el alcance de los compromisos asumidos con el partido de Puigdemont, adicionales a los ya contemplados en el pacto de investidura suscrito el pasado 2 de noviembre por Félix Bolaños y Oriol Junqueras. No solo. Además de no informar sobre el detalle de una transacción política y democráticamente obscena, el Gobierno, consciente de su irresponsabilidad, trata de reducir el alcance de esos acuerdos cuyo cumplimiento provocaría una convulsión más en nuestro sistema institucional tras la garantía de que Cataluña recaudará el cien por cien de los impuestos y, entre otras concesiones, de que le serán condonados 15.000 millones adeudados al Fondo de Liquidez Autonómico.

Pocas horas después de que se consumase el esperpéntico pleno parlamentario, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y un verdadero zapador político, proclamó enfáticamente: "Hemos ganado". Lo que sucedió fue exactamente lo contrario, es decir, que el Gobierno había perdido y por eso le urgía transmitir una consigna pírricamente victoriosa que nadie le ha comprado. La realidad fue que, el pasado miércoles, el Gobierno entró en barrena, cayendo en picado, porque el ejercicio de sus funciones más elementales está fuera de su control. Con mercadeos como el de esta semana, podrá sostenerse, pero no gobernar. Quizá Pedro Sánchez llegó a suponer que su resistencia, audacia, soberbia y capacidad de simulación le resultarían tan eficaces como en la legislatura anterior. Carles Puigdemont y el resucitado Pablo Iglesias le han enviado un mensaje inequívoco. Y ahora, el socialista se sitúa entre la necesaria parálisis legislativa para no arriesgar más su maltrecha reputación y el obligado cumplimiento de los exorbitantes compromisos asumidos con Junts, ERC, PNV y EH Bildu a cambio de los votos para su investidura. Entre tanto, Sumar y Yolanda Díaz se sumergen en una muy seria crisis existencial.

La Constitución, desfallecida

Es necesario, sin embargo, introducir una variable más en el análisis: el constitucional. Porque si la actual Carta Magna de 1978 sirve tanto para articular una democracia como para amparar una autocracia, es que la Constitución de 1978, ha devenido en inservible. El pacto territorial autonómico ha saltado por los aires y los mecanismos de equilibrio de los poderes del Estado se los ha llevado por delante el mayoritarismo parlamentario populista que, falazmente, se atribuye poderes soberanos. Y así se produce aquí la situación que padecen muchos países: una democracia electiva formal, pero en un Estado de derecho declinante.

Una Constitución que ofrece la posibilidad de seguir depredando al Estado, hasta reducirlo a unas proporciones tan exiguas como el nuestro, reclama que se pase del lamento al planteamiento de un escenario constituyente que se base en un modelo federal, con monarquía parlamentaria y una protección militante de la unidad nacional. Tras el fracaso de la inicialmente modélica Constitución de Weimar de 1919, que permitió la investidura de Hitler y su mandato tiránico con la Ley de Poderes Habilitantes de 1933, norma respaldada por el histórico Partido de Centro, las democracias más solventes se han dotado de sistemas constitucionales militantes, por una parte, y flexibles, por otra. La militancia, para conservar los elementos esenciales. La flexibilidad, para adaptar generacionalmente el texto normativo. Nuestra Constitución ni es militante, ni es flexible. Y, además, permite la deslealtad contra su propia vigencia efectiva.

La mutación de la agenda secesionista

Respecto de Cataluña y, en otro orden de cosas, del País Vasco (el pacto PSOE-PNV dinamita el Estado autonómico), se está produciendo lo que advirtieron el pasado martes en el Comité Editorial de El Confidencial, en la ponencia sobre la situación en aquella comunidad, Josep Martí Blanch y Esteban Hernández: que la agenda independentista no es la que parece, es decir, el logro de la segregación por la vía unilateral, sino otra que, sobre la reivindicación soberanista, permita que la Generalitat disponga de competencias y financiación para abordar las renovadas y más generalizadas preocupaciones: la educación (gran impacto allí del informe PISA), la lengua y la inmigración, además de la recuperación del entramado empresarial perdido.

El separatismo habría asumido el fracaso del proceso soberanista, pero no desistiría en modo alguno de la extirpación total de la presencia del Estado en Cataluña y del manejo propio de estas y otras cuestiones que corresponden por su trascendencia a políticas comunes para toda España. Los niveles de eficiencia gestora de las sucesivas clases gobernantes catalanas, no obstante, son, en el tema inmigratorio y en otros, tan ínfimos como describía aquí el pasado viernes Ángel Villarino. Y de fondo, la pugna insomne entre ERC y Junts.

El surgimiento en 2020 de una extrema derecha secesionista y xenófoba (Alianza Catalana) que ya dispone de un referente en Ripoll, localidad regida por la crecientemente notoria Sílvia Orriols, ha complicado aún más la burbuja de la política catalana y es en ese escenario competitivo, complejo y desquiciado en el que se inscriben las cesiones que Carles Puigdemont impone a Pedro Sánchez. Un presidente que podría pasar a la historia como el dirigente socialista que facilitó al neocarlismo nacionalista y radical perpetrar en Cataluña el peor populismo integrista. A su apoyo fía Sánchez su estancia en la Moncloa. ¿Progresismo?