Sánchez & Gómez y el saqueo del Estado

"Los tribunales son la institución más importante que debe dominar un líder fuerte. Pero la mayoría se muestran impacientes con cualquier institución independiente que pueda controlar o cuestionar su autoridad. Los medios de comunicación son un blanco habitual, como también lo son las instituciones estatales, por ejemplo, los servicios de espionaje o el banco central". (página 23 de La era de los líderes autoritarios de Gideon Rachman, editado en 2022 por Crítica)

La lectura del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que inadmite la querella de la Abogacía del Estado por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, resulta inquietante. Por una doble razón: por los términos severos con los que rechaza una acción penal frívola y sin un ápice de verosimilitud jurídica, y por las consecuencias que la inadmisión supone. El auto enmienda la plana a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, que informó favorablemente su admisión, y al presidente del Gobierno, que la ordenó a través del ministerio de Justicia. Uno de los tres magistrados, en voto particular concurrente, expone cómo en esta acción penal se ha producido un abuso de derecho perpetrado con mala fe procesal. Tesis muy razonable si se lee detenidamente su motivación recogida en la misma resolución.

Ni archivo del caso, ni admisión de la querella contra el juez y García Ortiz errando en desviar la atención sobre Ayuso y su pareja

Es evidente que Sánchez ha malversado y desviado las facultades que le atribuye el ordenamiento jurídico como presidente del Gobierno imponiendo al servicio jurídico de la Administración General y a la propia Fiscalía una ofensiva penal inmotivada (por prevaricación nada menos) contra el juez que investiga a su mujer en una causa penal que la Audiencia de Madrid también rechazó archivar el pasado 7 de octubre. Un episodio inédito de depredación, de saqueo del Estado. Ahora solo falta (cuestión de días) que el mismo Tribunal Superior inadmita también la querella por prevaricación contra el juez Peinado —interpuesta directamente por Begoña Gómez— para que el naufragio de su defensa desnortada sea catastrófico.

Lo va a ser porque el encausamiento del fiscal general del Estado por la Sala Segunda del Supremo, que investigará si Álvaro García Ortiz cometió, o no, un delito de revelación de secretos, está directamente conectado con el caso de Begoña Gómez. García Ortiz, a modo de respuesta a la investigación penal sobre ella, forzó la máquina en el procedimiento contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso (se trataba de ganar 'el relato', no de desmentir un bulo) hasta un punto tal que pudo saltarse a la torera la confidencialidad a la que está obligado tanto él como la fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, que también será investigada por asumir una orden presuntamente ilegal de su superior que le haría partícipe de la revelación de secretos. No hay que olvidar, sino tener muy en cuenta, que el Colegio de la Abogacía de Madrid —el mayor de España, con 80.000 afiliados— fue uno de los denunciantes en el caso del fiscal general.

El letrado a la rueda de Moncloa, el abogado general del Estado y el fiscal general, han quedado en evidencia por sus fracasos judiciales

En este cuadro de situación, la figura más patética, es la de Antonio Camacho, letrado de Begoña Gómez y exministro de Interior, que en vez de desenvolverse material y formalmente de manera profesional, ha perpetrado todos los errores propios de una estrategia de defensa política, incompatible con la jurídica letrada en un procedimiento penal. Camacho ha asumido, incluso, los argumentarios de la Moncloa y los ha recitado como la propia portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, mintiendo sin rebozo. Pero lo que le ocurre a Camacho es bastante menos grave, sin embargo, que la subordinación del abogado general del Estado, David Vilas Álvarez y de García Ortiz que, de consuno, inició uno y secundó otro, la querella contra el titular del juzgado 41 de Madrid en espuria defensa del presidente del Gobierno. Han sido serviles y han rozado el ridículo. Aquel, como funcionario, se subordinó a una orden abusiva (él no tomó la iniciativa de la querella y si la hubiese tomado, merecería su cese inmediato por incompetencia), y el fiscal general exhibió cómo le 'consume su pasión política', en palabras del que fuera secretario de Estado con Dolores Delgado en el Ministerio de Justicia, el también fiscal Manuel Jesús Dolz Lago.

Quizás la defensa de Sánchez a su mujer busque un blindaje también para él ante la peligrosa urdimbre de complicidades que se observa

La depredación del Estado por Sánchez empezó mucho antes de que emergiera el caso de Begoña Gómez. Su propio poder se sustenta en falsedades electorales y en pactos que se conjuró a que jamás suscribiría. Pero, cuando se conocieron los primeros compases de la causa contra su esposa, se ensoberbeció, ideó una estratagema para mutar de secretario general a caudillo del PSOE (esos cinco días de abril), y con tales hipérboles, convirtió el caso de Begoña Gómez —que lo es, al menos, la historia de conductas prepotentes y aprovechadas— en un asunto noticioso internacional que ha alcanzado hasta las relaciones bilaterales con Argentina, de cuya capital retiró el Gobierno a nuestra embajadora. En definitiva, Begoña Gómez no deja de ser víctima de la defensa desenfrenada y errónea con la que le ha tratado de amparar su marido, hasta tal punto de que comienza a ser verosímil que el despliegue de autocracia de Sánchez tenga más que ver con su propio blindaje que con el de su mujer. Porque, al fondo del fondo, siluetea el perfil de Ábalos, de Aldama, de Koldo, y de otros personajes en una posible urdimbre de peligrosas complicidades.

Sánchez asume la más gruesa responsabilidad en la degradación institucional; le sigue el fiscal general del Estado en el caso de su mujer (y en otros) porque ha empleado a sus subordinados como peones de brega en la defensa de Gómez; continúa con la responsabilidad también del abogado general del Estado y termina con ese grupo de ministros gregarios que, sin rebozo, se limitan a la recitación de los argumentarios falaces. Los diputados socialistas se comportan como robots programados y el partido no existe como organización. Es una mera plataforma de poder personal del secretario general.

Caerá esta arquitectura efímera, de apariencia gubernamental y tramposamente democrática cuando vayan desembocando en resoluciones firmes, las ahora provisionales, de trámite o recurribles. Se vendrá abajo todo el entramado y habrá entonces que hacer una tasación de daños en el Estado y en el sistema democrático, algunos irreparables, y será el momento de que aquellos que se han unido al festín de Sánchez desde el partido, desde el Gobierno y desde otras instancias, queden estigmatizados por la indignidad de su subordinación a un líder que se ha convertido para demasiados ciudadanos en un tipo detestable que todo lo que toca, rompe, y que a todo lo que se compromete, traiciona.