El Tribunal de Cuentas se cruza en la reunión Sánchez-Aragonès

El martes se reunirán en la Moncloa Pedro Sánchez y Pere Aragonès. No será, a pesar del lubricante que han supuesto los indultos, una reunión fácil. Cuando se afirma que el camino de la negociación entre el Gobierno y la Generalitat está trufado de cepos, es cierto. Y el martes va a cruzarse una infeliz coincidencia con ese encuentro de Pedros en la Moncloa: el Tribunal de Cuentas ha citado, para ese día y el siguiente, hasta a un total de 40 políticos y funcionarios de la Generalitat para comunicarles cuál es la cantidad económica que deben afrontar personalmente por los gastos indebidos en la promoción exterior de Cataluña que, según este órgano colegial, deben ser restituidos a las arcas públicas por haberse desembolsado de manera fraudulenta al utilizarse para hacer proselitismo independentista.

El soberanismo va a soliviantarse de nuevo, por supuesto. Según se ha filtrado desde el propio Tribunal de Cuentas, se exigirá que sean devueltos alrededor de 10 millones de euros más intereses. Y, aunque no todos los citados deberán responder por el mismo montante, va a producirse un grave daño patrimonial a muchos de los afectados.

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Entre otras cosas, porque va a ser difícil que la caja de solidaridad independentista que actúa en estas situaciones, a través de campañas para captar donativos, y que ya se ha movilizado en el pasado para cubrir fianzas anteriores dictadas por el mismo tribunal —más de cuatro millones por el referéndum del 1-O de 2017 y más de cinco por la consulta del 9-N de 2014—, alcance la cifra que se baraja en esta ocasión.

Lo más natural, para cualquier ciudadano, es aplaudir que el dinero público gastado incorrectamente sea devuelto a las arcas del Estado. Lástima que en esta ocasión haya motivos para desconfiar seriamente de la supuesta imparcialidad que debe regir la actividad de quienes están al frente del Tribunal de Cuentas. Basta leer con atención el posicionamiento particular de una de las vocales del tribunal, María Dolores Genaro Moya, ante el informe elaborado en 2019 y que sirve ahora de base para esas sanciones económicas que se comunicarán la semana que viene. Según Genaro Moya, ese informe no era imparcial, contenía exageraciones y pruebas no contrastadas, se elaboró con precipitación y, lo más importante, no demuestra que la Generalitat se extralimitara en la acción exterior en el periodo analizado, que va de 2011 a 2017.

Puede argüirse, por supuesto, que ese posicionamiento no es el mayoritario del tribunal y que tan respetable es la opinión de la señora Genaro Moya como las del resto de compañeros que sí avalaron ese informe y las sanciones que de él se derivarán. Cierto. Menos discutible es que estamos ante un organismo absolutamente politizado, con una manera de funcionar ciertamente medieval, claramente escorado hacia las posiciones que defiende la derecha política y con el mandato agotado de sus miembros, cuya renovación debiera producirse este mismo mes de julio.

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Tampoco parece muy razonable que el Tribunal de Cuentas ande husmeando ejercicios en los que la independencia ni siquiera había entrado en la agenda gubernamental de la Generalitat (2011 y 2012) o años posteriores (2013, 2014, 2015), en los que no se manejaba ningún otro escenario que no fuese un referéndum acordado con el Gobierno español en el marco de la legalidad (para ser honesto con el lector y no esconderle información relevante, debo advertir de que yo formé parte de ese Gobierno como secretario de Comunicación).

Pero, más allá de la opinión de cada uno, lo cierto es que la decisión del Tribunal de Cuentas se enmarca en la manera de hacer que, por acumulación, tanto prestigio le ha costado a España en el ámbito internacional. Cada vez que el soberanismo se ha excedido o que directamente ha incumplido la ley, ha acabado ganando capital político en el exterior por la respuesta sobreactuada de las instituciones del Estado.

El mejor ejemplo es este: las cargas policiales del 1-O fueron las que generaron un gran rendimiento político —también internacional— para el soberanismo, no la votación en sí. Ese capital, el independentismo lo perdió con la ridícula declaración de independencia unas semanas después. Pero volvió a recuperarlo nuevamente ante nuevos excesos, en este caso ya judiciales. Excesos que son los que explican los varapalos que han ido llegando desde diferentes instancias europeas desde entonces y las complicidades que el independentismo catalán despierta más allá de las fronteras de España.

Opinión

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¡Ojo! La simpatía no quiere decir apoyo político, ni compresión de un proyecto que en todo el mundo, prácticamente sin excepciones, se contempla como anacrónico y sin sentido. Pero sí existe una batalla que efectivamente ha ganado el soberanismo en la esfera internacional: la de que se lo combate de un modo ciertamente desproporcionado.

Pueden cerrarse los ojos ante esta evidencia. Y pensar que es el mundo el que anda equivocado. Tenemos ahora otro ejemplo. Hasta 33 premios Nobel de Economía acaban de prestar su apoyo a Andreu Mas-Colell, consejero de economía en los gobiernos de Artur Mas y una de las personas que han de recibir la notificación del Tribunal de Cuentas la próxima semana. Todo esto puede menospreciarse. Pero lo cierto es que tiene costes reputacionales para España que podría ahorrarse. No permitiendo las ilegalidades, pero sí haciéndoles frente con la proporción que requieren y sin sobreactuar.

La decisión del Tribunal de Cuentas confortará a muchos ciudadanos españoles porque facilita una explicación sencilla para entender los logros internacionales del soberanismo en la última década: ¡lo compraron todo con dinero! Este argumento es tranquilizador, pero es falso.

Porque la verdadera lección solo puede extraerse respondiendo sinceramente a esta pregunta: ¿cómo puede ser que la Generalitat —con 10 millones, si diésemos por buena la versión del Tribunal de Cuentas— plantase cara y ganase algunas partidas a un Estado, como el español, que con esa cifra no paga ni el funcionamiento ordinario de la embajada de Londres?

Una posible respuesta es esta: la diplomacia española no funciona porque nunca ha sido una prioridad para sus gobiernos, porque la meritocracia no es un valor principal en sus escalafones y porque, a fin de cuentas, no trabaja lo suficiente. Como esto da mucho trabajo y requiere esfuerzo a largo plazo, mejor nos conformamos con lo que diga el Tribunal de Cuentas, se corresponda mucho, poco o nada con la verdad.