Presupuestos de Cataluña: 40 años sin cumplir la ley de finanzas públicas

Fiel a su tradición, Cataluña ha empezado el año sin nuevos presupuestos. Es ya una costumbre, como los canelones de Sant Esteve o el cagatió de la Nochebuena. La ley de finanzas públicas de Cataluña (1982) fija la obligación legal de que el Gobierno los remita al Parlamento antes del 10 de octubre para su examen, enmienda y aprobación. Ni un solo ejercicio, y desde 1982 ya van unos cuantos, esta autoexigencia legal del Gobierno autonómico se ha cumplido. Desde 2010, la tradición ha subido la apuesta. Ahora lo común es empezar el nuevo año con los presupuestos prorrogados y ya se verá si se aprueban y cuándo. Una sola excepción en una década. El año pasado, con Jaume Giró al frente del Departamento de Economía, las cuentas entraron en vigor el 1 de enero. En la consideración que se da al calendario presupuestario, aritméticas parlamentarias al margen, hay una prueba del poco respeto que la política catalana se tiene a sí misma y a sus instituciones. Todo tiende a la flexibilidad, como en un juego infantil en que las reglas se mueven al gusto de los niños más caprichosos. El proceso también fue esto, y algunos hábitos han alcanzado ya la categoría de costumbre.

Al menos este año la excusa resulta razonable y más fácil de entender. Tras el desplante de JxCAT, marchándose del Gobierno por las bravas, Pere Aragonès gobierna con 33 diputados sobre 135. Eso es mucha debilidad y, en términos prácticos, da sentido al refrán que argumenta que quien tiene el culo alquilado no puede sentarse cuando quiere. ERC gobierna, sí. Pero necesita permisos de terceros para hacerlo. Y esos permisos cuestan sudor, negociaciones y trágalas.

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Con el apoyo de los comunes en el zurrón, Pere Aragonès necesitaba convencer a JxCAT o al PSC (o a los dos) para sacar las cuentas adelante. Y la ceremonia de apareamiento, larga y aburrida, aún no ha llegado a su final, aunque el sí quiero puede desencadenarse en cualquier momento. En la partida, todos habrán jugado sus cartas y lo de ponerse el calendario por montera les da a todos más bien lo mismo.

ERC ha intentado convencernos de que 33 diputados son un ejército suficiente si uno es buen negociador y ha insistido, aun a sabiendas de que era algo irrealizable, en que su voluntad era conseguir el visto bueno de JxCAT y el PSC a la vez. JxCAT ha puesto de su parte insistiendo en que su negociación era de buena fe porque, al contrario de lo que dicen sus críticos, no es el partido del no a todo. Y el PSC, que es quien finalmente —salvo sorpresa— hará posible la aprobación del presupuesto, subiendo el precio de sus exigencias paulatinamente para hurgar cuanto más mejor en las contradicciones de los republicanos en asuntos territoriales con la vista puesta en las elecciones municipales.

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El listado de exigencias del PSC no es de fácil digestión para ERC. Algunos puntos, como el megaproyecto Hard Rock Café en Tarragona o el impulso del cuarto cinturón en Barcelona, son enmiendas a la totalidad del proyecto gubernamental de ERC, que ha calificado estas iniciativas como incompatibles con la revolución verde y sostenible con que quiere identificarse el Ejecutivo. La exigencia de que no se abran nuevas delegaciones de la Generalitat en el extranjero, a su vez, hurga en la contradicción republicana en el flanco independentista. Del mismo modo, la prudencia fiscal —congelación— que el PSC exige en materia fiscal, choca con el acuerdo que ERC ya tiene con los comuns que prevé el incremento de algunas figuras impositivas.

Lo más fácil para los socialistas, en época de descontrol presupuestario con el permiso de la UE, fue arrancarle a Pere Aragonès un gasto adicional de 5.000 millones en dos ejercicios para políticas sociales, de los cuales 3.000 han de gastarse en 2023. Esos millones son los que servirán para que el PSC explique a su público el apoyo a ERC cuando sea que finalmente se anuncie. Sobre las otras exigencias, lo más probable es que se busquen fórmulas imaginativas —un estudio, una comisión o cualquier otra figura que permita chutar la pelota hacia delante— y tal día hará un año. La gente de JxCAT, a su vez, dirá que han negociado de buena fe, pero que ERC ha preferido a los socialistas. El tiempo dilapidado de por medio habrá servido, como siempre, para construir narrativas. La del PSC: la del partido responsable que no puede dejar que se pierdan inversiones y gasto social por no aprobar las cuentas en un momento tan complicado para la ciudadanía. La realidad: los socialistas necesitaban y necesitan a ERC en el Congreso. Quid pro quo.

Hay también un esfuerzo desde la Generalitat por intentar trasladar que, aprobados los presupuestos, Pere Aragonès tiene la autopista despejada para, a pesar de su debilidad parlamentaria, poder navegar tranquilamente un tramo largo de una legislatura que finaliza formalmente a principios de 2025. Esta lectura es irreal. La legislatura volverá a ser corta. Pasadas las elecciones municipales, y con las generales a la vista, el ambiente se irá enrareciendo también en Cataluña porque, sin pactos estables, es imposible gobernar con 33 diputados por un periodo largo de tiempo. Pero eso ya llegará. Primero, los presupuestos de 2023. Otra vez tarde y mal. Como obliga la mala costumbre catalana.