Las pensiones de 6.000 euros de Pedro Sánchez y el profesor que no llega a fin de mes

Estos días, la mayoría de los medios han resucitado la cuestión de las pensiones con la excusa de la extra de verano que se están embolsando los jubilados de nuestro país. Así, hemos sabido que algunos de ellos van a cobrar por primera vez más de 6.000 euros de una tacada en junio. Ello será posible gracias a la revalorización indexada a la inflación que ha elevado la pensión máxima en 2023 a 3.059 € y al hecho de que a la transferencia mensual normal se sume la extra de verano, que también se abona por Navidad.

Son datos ciertos. Solo que presentados de esta manera desenfocan la realidad de conjunto del sistema de pensiones de España. Al igual que con los salarios, es mejor dejar al margen los importes mensuales para centrarse en el montante anual. Y sí, en España tenemos pensiones de 42.829,29 €/año. Pensiones que van a seguir revalorizándose cada ejercicio al ritmo de una inflación que se ha moderado respecto a máximos recientes, pero que continuará dándonos problemas en los próximos ejercicios, según apuntan la mayoría de las previsiones.

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Los afortunados con esta pensión son, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social correspondientes al mes de mayo de 2023, un total de 476.160 personas, sobre un total de 9.074.316 pensionistas. Una cifra ligeramente superior al 5%, que cabría corregir ligeramente a la baja si descontamos las incapacidades laborales permanentes para poder ceñirnos estrictamente a los jubilados. La foto global, lo que dice es que, tras el paquete de los afortunados con la pensión máxima, hay 4.681.388 conciudadanos con una pensión inferior al SMI vigente y un total de 3.916.768 españoles que se sitúan en la amplia horquilla que hay entre el SMI y la pensión máxima.

El martes, el INE publicó su encuesta anual de estructura salarial con los datos de 2021. La ganancia media anual por trabajador fue de 25.896,82 en ese ejercicio. Sin embargo, el salario más frecuente es de 18.503 €/año. Naturalmente, habrá que actualizar estas cifras con los incrementos de 2022 y también de 2023. Pero, a diferencia de las pensiones, los salarios no pueden actualizarse automáticamente con la inflación, salvo que quisiéramos convertir España en un solar en un semestre. Los acuerdos entre patronal y sindicatos marcaban un incremento aconsejado del 4% para 2023 y un 3% en 2024 y 2025, más un 1% en función de la subida de la inflación.

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Podríamos seguir y emborracharnos con un océano de cifras. Pero bastan las presentadas hasta aquí para poder decirnos sin rubor alguno que tenemos un problema serio con los salarios y con las pensiones de menor cuantía. Independientemente de cuán vistosos sean los titulares sobre las pensiones veraniegas de más de 6.000 euros.

Lo que el Gobierno presenta como un éxito de su gestión es una estafa generacional en toda regla

Pero eso no quita para que estos pagos de pensiones de 6.000 euros en el mes de junio no puedan servirnos para seguir afeándole al ministro José Luis Escrivá y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la insolidaria medida de indexar el incremento de las pensiones, independientemente de su cuantía, a la evolución de la inflación.

No es de recibo que los trabajadores pierdan poder adquisitivo y las pensiones de 42.829,29 €/año, y aquellas que se acercan a esta cifra, tengan garantizada su actualización. Lo que el Gobierno de Pedro Sánchez presenta como un éxito de su gestión es una estafa generacional en toda regla.

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Su obligación como gobernantes, en aras del interés general, pasaba por hacer cirugía, discriminando positivamente las pensiones bajas —algunas indignas—, pero no por asegurar el nivel de renta a todos los pensionistas simplemente por el hecho de serlo.

Trabajo extra y contestación social añadida para los gobiernos del futuro. El Banco de España, en su informe anual publicado en mayo, ya dejó meridianamente claro que tocará ajustar el sistema de pensiones —del que presume Pedro Sánchez en Twitter con unos gráficos que rallan el analfabetismo económico— en 2025 para asegurar su sostenibilidad financiera.

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El pacto de rentas no era esto. Y del pacto intergeneracional, ya ni hablamos. No es de recibo, por traer a colación un triste ejemplo vivido de cerca en los últimos días, que un profesor de Primaria de Barcelona no llegue a fin de mes y no pueda sacar su familia adelante —no con holgura, pero sí sin tener que aplazar el pago de gastos corrientes (alimentación, servicios básicos)— y que las pensiones, a partir de algunos importes, no deban también cargar con parte de la cronificada mala situación económica que se vive en los domicilios de muchos trabajadores, digan lo que digan las cifras de crecimiento macro.

Recién se ha publicado La juventud atracada (Península 2021), de José Ignacio Conde-Ruiz y Carlota Conde Gasca. El subtítulo —Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes— explica perfectamente lo que pretende ilustrar el texto. Es un libro pesimista, pero muy necesario. Algunas de las soluciones que propone son ciertamente naíf, a criterio de un servidor, pero en conjunto ilustra perfectamente, entre otras muchas cuestiones, los motivos por los que un país que de verdad quiera tomarse en serio no puede celebrar decisiones como la última reforma de las pensiones. Decisiones más propias de un Gobierno reaccionario y nada valiente que de un Ejecutivo que aspira a ser recordado como el más progresista de la historia.