Los despropósitos (*) eléctricos (III)

La subida de la electricidad derivada de los altos precios del gas en el mercado internacional y del incremento del coste de los derechos de CO2 es un problema europeo que a nosotros nos pilla en peor posición relativa gracias a nuestra tradicional y particular cuota de despropósitos. Nuestro precio del gas es tradicionalmente más alto que el europeo debido a la falta de capacidad de conexión con Europa, a la ausencia de capacidad de almacenamiento y al escaso tamaño relativo de nuestro mercado 'spot' respecto al mercado total. Que la CNMC informara en su día en contra de la ampliación de la conexión con Francia es inexplicable. Que los consumidores de gas estemos pagando el coste de Castor, un almacén que no funciona, roza el esperpento. El cierre del gasoducto de Argelia a través de Marruecos empeora nuestra posición relativa.

El incremento del coste de los derechos de CO2 es un efecto deseado por las decisiones de la Unión Europea. Se retrasaron en su día subastas de derechos y se estableció un techo a la oferta disponible. Recientemente, se ha anunciado la necesidad de hacer un esfuerzo adicional que sitúe la Unión en línea con la consecución de emisiones netas cero en 2050. Esta subida del precio de los derechos más el sistema marginalista vigente en los mercados mayoristas eléctricos busca penalizar las tecnologías contaminantes y beneficiar a las tecnologías no emisoras de CO2: solar, eólica, hidráulica y nuclear.

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El sistema marginalista no es un invento exclusivo del sector eléctrico. Es el modo y manera natural de funcionamiento de una economía de mercado y propicia su ventaja fundamental sobre las economías comunistas o si se prefiere de planificación centralizada: el fomento de la innovación. Cuando un empresario es capaz de introducir un cambio en su sistema de producción que reduce sus costes, puede optar por reducir precios e incrementar su cuota de mercado o por mantener precios y cuota e incrementar sus beneficios. En cualquier caso, la mayor cuota o los mayores beneficios promueven la imitación por parte de sus competidores o la aparición de nuevos competidores —la libertad de entrada en el mercado es un principio básico—, la innovación se generaliza y el equilibrio se restablece a un precio inferior al de partida. Es la historia del automóvil y la producción en cadena de Ford o de la combinación de diseño, logística y comercialización de Zara.

La introducción del mercado marginalista en la regulación eléctrica —normalizar lo que en otros sectores de la economía era normal— propició un proceso semejante. En el momento de la liberalización, la forma más eficiente de generar electricidad eran los ciclos combinados de gas natural. A lo largo de los años, sin planificación estatal, sin garantizar ningún tipo de retorno por parte de la Administración, sin necesidad de ninguna empresa pública, el sector invirtió millones de euros en esta tecnología. A finales de 2020, de los 110.000 MW de capacidad instalada que tenemos en España, más de 26.000 MW corresponden a ciclos combinados de gas.

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Desde hace unos años, la energía solar fotovoltaica es la forma más eficiente de producir electricidad. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aprobado por el actual Gobierno a principios de 2019, preveía que en 2020 tendríamos una capacidad instalada de 8.409 MW de esta tecnología. Hemos acabado el año con 11.714 MW, casi un 40% más. La pasada subasta organizada por el Gobierno lo fue para instalaciones que entrarán en funcionamiento en 2023, por lo que el exceso sobre las previsiones gubernamentales —sin duda una buena noticia— se ha producido por la simple razón de que el mercado funciona.

Con un mercado europeo que prima las energías 'limpias', entre ellas la nuclear, en España hemos decidido anticipar su cierre: un despropósito más. Con un análisis estrictamente económico en la mano, nadie invertiría en la construcción de una central nuclear nueva, pero lo que el mercado nos dice es que prorroguemos la vida útil de nuestras centrales actuales todo lo que técnicamente sea posible. En 2030, la potencia instalada será menos de la mitad de la actual, y en 2035 se cerrará la última instalación. En 2020, las centrales nucleares supusieron un 7% de nuestra capacidad instalada y nos suministraron más del 20% de nuestras necesidades de electricidad. Elemento clave de la transición energética es que la electricidad llegue a representar el 50% de nuestro consumo de energía final partiendo del 23% que supuso en 2019. Si la economía crece entre un 1 y un 2% anual, incluso con importantes mejoras en eficiencia energética vamos a tener que más que duplicar nuestra producción eléctrica. Una mayor vida útil de nuestro parque nuclear nos permite un margen de maniobra adicional para que nuestra capacidad de generación renovable se triplique y las tecnologías de almacenamiento de electricidad o de producción y distribución de hidrógeno alcancen una madurez técnica y económica. Ventaja adicional, y no menor, será no arriesgarnos a ampliar nuestra dependencia del gas, cuya demanda seguirá creciendo hasta bien entrada la próxima década.

Con un mercado europeo que prima las energías 'limpias', entre ellas la nuclear, en España hemos decidido anticipar su cierre: otro despropósito

Hay dos cuestiones adicionales sobre el tema nuclear que conviene repasar. Al término de su vida útil, el desmantelamiento de las centrales nucleares y el almacenamiento del combustible gastado pasan a ser competencia de la empresa pública Enresa. Para financiar sus costes futuros, esta empresa cuenta con un fondo que se nutre de las aportaciones anuales de las empresas propietarias de las centrales. Se ha decidido el cierre sin que sea conocida una estimación de los costes futuros de Enresa y el balance previsto entre sus ingresos y gastos. Resulta lógico pensar que más años de funcionamiento permiten garantizar que los costes futuros de Enresa habrán sido convenientemente financiados por los actuales propietarios de las centrales.

En el artículo anterior, se argumentaba a favor de la supresión de la tarifa (el llamado PVPC) y transferir a las empresas la responsabilidad de fijar los precios. En días pasados, hemos visto que Naturgy o Endesa lanzaban ofertas de un precio fijo de 60 o de 58 euros por MWh, menos de la mitad del precio del mercado mayorista de generación, durante los próximos dos años. No es posible determinar cómo las compañías han construido semejantes ofertas, pero la regulación permite contratos bilaterales: sacar del mercado mayorista una central nuclear —producción constante a costes constantes— y contratar por fuera su producción para venderla a tus clientes.

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Sin la protección que la tarifa ha proporcionado a los productores, hubiéramos visto cómo las características esenciales de la energía nuclear la convertían en un elemento central de las ofertas comerciales de las empresas eléctricas, que habrían debido sacrificar margen para mantener precios estables y sostener un volumen adecuado de ventas. Más mercado es siempre mejor solución que más intervención.

(Continuará)

(*) Despropósito: dicho o hecho fuera de razón, de sentido o de conveniencia.