Ley Biden. El arte de lo posible

De Build Back Better a Inflation Reduction Act. De un gasto adicional de 3,5 billones (de los nuestros) de dólares en 10 años a 433.000 millones. De un programa de inversiones en educación, sanidad y transición energética —que iban a transformar América— a salvar los muebles en la lucha contra el cambio climático. De una política económica expansiva basada en un mayor déficit fiscal a la reducción del tradicional desequilibrio presupuestario norteamericano. La política y las circunstancias se han alineado para diluir la gran iniciativa política del presidente que, como avezado político, celebrará por todo lo alto lo conseguido en el solemne acto de firma de la Inflation Reduction Act el próximo 6 de septiembre, sin reparar ni un segundo en lo que se ha quedado por el camino.

El primer gran escollo del proyecto inicial de Biden era que el incremento del gasto público se financiaba parcialmente con subidas de impuestos a empresas y personas físicas, lo que provocaba que muchos congresistas demócratas se tentaran la ropa antes de dar su apoyo al proyecto. Cuando en noviembre del año pasado el Congreso estadounidense, de mayoría demócrata, daba luz verde al proyecto de ley, el incremento de gasto se había reducido de los 3,5 a los dos billones de dólares. En paralelo, también se habían reducido las subidas de impuestos, aunque la resultante era que en el periodo de 10 años el déficit público se incrementaría en unos 300.000 millones de dólares.

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Tras el Congreso, el proyecto de ley pasó al Senado, donde la mayoría demócrata es mínima. Los 100 senadores, representantes de los 50 estados, se reparten por mitades entre demócratas y republicanos. Decide el voto de la vicepresidenta, Kamala Harris, que, según establecen los equilibrios constitucionales de Estados Unidos, preside el Senado. Aunque en las cámaras legislativas norteamericanas es relativamente frecuente que demócratas y republicanos voten a favor de iniciativas presentadas por el partido rival, en este caso ningún senador republicano se mostró proclive a dar su apoyo al proyecto de ley y, lo que es peor, dos senadores demócratas, Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kirsten Sinema, de Arizona, se mostraron contrarios al proyecto. Es lo que tienen los sistemas electorales mayoritarios y unipersonales. El electo se debe a lo que considera las preferencias de sus electores, a los que prioriza frente a su partido. Conclusión: el proyecto estrella de Biden, paralizado por dos senadores de su propio partido.

El rebrote inflacionista de 2022 vino a complicar aún más las cosas. Con la tasa de inflación en junio del 9,1%, la más alta de los últimos 40 años, era complicado seguir sosteniendo la conveniencia de un déficit público expansivo. Las próximas elecciones de noviembre —'mid term elections'— en que las encuestas indican que las mayorías demócratas en el Congreso y el Senado pueden desaparecer, han sido un incentivo a la negociación con los senadores rebeldes. El 'ahora o nunca' suele ser un argumento poderoso en todo tiempo y ocasión. El resultado ha sido un cambio notable. De un déficit de 300.000 millones en 10 años, el proyecto pasa a generar un superávit teórico del mismo importe, en el mismo plazo. El nuevo proyecto prevé generar nuevos ingresos por 739.000 millones y nuevos gastos por 433.000 millones. La lucha contra la inflación se reduce al impacto que toda contracción del déficit público tiene.

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El incremento de ingresos fiscales no afecta al impuesto a las personas físicas. Se centra en el impuesto de sociedades, al que establece un tipo mínimo del 15% a través de la supresión de la libertad de amortización de activos físicos. Esta subida no tiene que ver, salvo en la cifra del 15%, con el acuerdo alcanzado en la OCDE para que las multinacionales tributen como mínimo el 15% en cada jurisdicción en la que desarrollan su actividad. La otra novedad es un impuesto del 1% sobre los importes dedicados a la recompra de acciones propias. La última pieza fiscal es destinar 87.000 millones al IRS (Internal Revenue Service), su Agencia Tributaria, para contratación de personal —su plantilla se había reducido en 10.000 personas en los últimos años— y modernización de sistemas.

De los 433.000 millones de incremento de gasto, 64.000 millones están dedicados al gasto sanitario: a prolongar por tres años subsidios otorgados en la pandemia y a limitar el copago de los estadounidenses acogidos a Medicare. Otra novedad es que se otorga a esta entidad la capacidad de negociar precios con sus suministradores. En una Europa en la que las administraciones negocian cada euro —salvo situaciones extremas, tipo pandemia—, sorprende que las empresas americanas estuvieran protegidas del poder negociador del Gobierno.

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El grueso del incremento de gasto, 369.000 millones, se centra en la lucha contra el cambio climático. Hay ayudas para la compra de vehículos eléctricos de hasta 7.500 dólares y de hasta 5.000 dólares si se trata de vehículos de segunda mano. Esta es una novedad importante, como también lo es que, para tener derecho a las ayudas, los coches no deben superar un determinado precio y deben ir equipados con una batería al menos parcialmente fabricada o ensamblada en Estados Unidos y construida con materiales extraídos o procesados en países que cuenten con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Europa ya ha empezado a alzar la voz ante una medida que deja fuera a su industria. Además, la renta anual de los compradores de los coches eléctricos no debe superar un determinado límite, que se reduce a la mitad si se trata de un coche eléctrico de segunda mano. Hay también importantes ayudas para la electrificación y eficiencia energética de viviendas, también sujetas a discriminación en función del nivel de renta.

Se mantienen ayudas fiscales a la inversión en generación eléctrica renovable y, por primera vez, se establece un impuesto al exceso de emisiones de metano que afectará a productores de petróleo y gas y propietarios de gasoductos. Hasta aquí, todas medidas ortodoxas de acuerdo con el catecismo ecologista. Algo más heterodoxas son el incremento de la subvención a la captura de CO₂ de 50 a 85 dólares por Tm, lo que permitirá la prolongación de la vida útil de centrales de carbón, y el mantenimiento de las subastas de permisos de exploración de petróleo y gas en terrenos de propiedad federal. En todo caso, la transición energética es escasamente viable sin medidas de mitigación de emisiones y a los europeos nos conviene que la producción de gas de Estados Unidos siga creciendo, año tras año, si queremos dejar atrás la crisis energética.

El esfuerzo sanitario apenas representa el 15% del nuevo gasto aprobado. Por tanto, el resumen de la nueva ley es un incremento de la carga fiscal para financiar la transición energética. Las primeras estimaciones sobre el impacto de las medidas contenidas en la ley indican que Estados Unidos pueden reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 40% en 2030. En contrapartida, si se produce más petróleo, más carbón y más gas, como señala el senador Manchin, bajarán los precios y se reducirá la inflación. Al final, la lección política de esta historia es que todo se resume en avanzar, aunque sea poco, aunque sea con vaivenes, en la dirección pretendida.