Nuestra ventaja competitiva y cómo no estropearla

La electricidad más barata es hoy la que se produce a partir del sol y el viento. La península Ibérica, ubicada en el sur de Europa, cuenta con más horas de irradiación solar que otros países europeos y, al estar ubicada entre dos mares —Atlántico y Mediterráneo—, disfruta también de abundantes horas de viento. Si somos capaces de transformar estos recursos naturales en una electricidad barata, habremos materializado una ventaja competitiva de la que nunca hemos disfrutado. Una ventaja competitiva que, unida a nuestra calidad de vida y a la pertenencia a la Unión Europea, puede constituir un innegable atractivo para la atracción de inversiones y el consiguiente desarrollo económico.

En los cuatro primeros meses de este año, cerca del 40% de la electricidad que hemos consumido ha sido de origen solar o eólico. De la potencia eléctrica instalada en la Península, unos 50.000 MW de un total de 114.000 MW lo son de generación solar fotovoltaica o eólica. La primera condición para aprovechar nuestra ventaja competitiva es seguir invirtiendo en renovables. Con más capacidad instalada, estaremos más cerca de cubrir cerca de la totalidad de nuestra demanda. Esta primera condición parece que va a cumplirse. En estos momentos, hay proyectos solares y eólicos con conexión a la red autorizada y declaración de impacto ambiental aprobada que suman más de 65.000 MW. Aunque algunos de estos proyectos no se lleven finalmente a cabo, hay cartera suficiente para duplicar o casi duplicar la capacidad instalada.

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La mayor parte de esta nueva inversión se produce sin necesidad de apoyo estatal. Algunos proyectos, pocos en términos relativos, tienen precio de venta garantizado a través de un mecanismo de subasta pública, pero la mayor parte son proyectos en los que el inversor asume plenamente el riesgo de mercado. Una segunda condición para aprovechar nuestra ventaja competitiva es que esto siga siendo así. Si la inversión privada está dispuesta a asumir el riesgo, no es necesario ningún apoyo estatal que acabamos pagando todos los ciudadanos a través de la factura de la luz o de los presupuestos generales del Estado. Siempre surgen bienintencionados planificadores que se consideran capaces de determinar la cuota óptima que cada tecnología de generación debe producir. Al tiempo, siempre habrá quien sugiera la necesidad de garantizar un retorno adecuado a unas inversiones destinadas a garantizar un suministro básico como la electricidad. La realidad es que, si las tecnologías renovables son la forma más barata de producir electricidad y se espera un incremento de la demanda eléctrica por la electrificación progresiva de nuestra economía, la inversión se materializa. No hay más que remitirse al volumen de proyectos en marcha.

Pero incluso si estuviéramos ante un fenómeno de exuberancia irracional, no infrecuentes en una economía de mercado, los consumidores se beneficiarían de precios más bajos que si el planificador hubiera determinado el volumen de inversión o fijado un retorno mínimo garantizado al dinero invertido en renovables. Esta tentación del retorno garantizado para las renovables —presente en la propuesta española de reforma del mercado eléctrico europeo— tiene además un efecto desincentivador sobre dos iniciativas necesarias para el disfrute de nuestra ventaja competitiva: la primera es el acceso directo de nuestras empresas a la electricidad barata de fuentes renovables y la segunda es la inversión en almacenamiento. Si el inversor dispone de un precio garantizado, tiene su vida resuelta. En caso contrario, tiene que buscar soluciones.

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En un mercado con una gran capacidad fotovoltaica instalada, el precio medio del mercado mayorista —en el que participan todas las tecnologías, caras y baratas— será superior al precio medio con el que el mercado retribuirá a las plantas solares, que cobran por las horas de sol que funcionan. Como todas las plantas solares funcionan al mismo tiempo, en las horas de sol, se producirá el consiguiente incremento de oferta y la previsible reducción del precio. Ante un exceso de oferta, la primera solución disponible para el propietario de una planta solar que tiene que buscarse la vida es suscribir un contrato de venta a plazo con una empresa. A la empresa le interesa porque evita la variabilidad del mercado, garantiza que buena parte de su consumo es de origen renovable y puede obtener un precio medio inferior al precio de mercado para la energía directamente adquirida al propietario de la planta fotovoltaica. El propietario de la planta obtiene una garantía de ingresos, no del Estado sino de una contraparte comercial, a un precio medio con un descuento sobre el que le pagaría el mercado, a cambio de una senda de ingresos estable en el tiempo. El resultado será que nuestras empresas podrán disponer de energía barata de origen renovable.

El almacenamiento de electricidad, por ejemplo, a partir de baterías, es la segunda alternativa con la que cuenta el inversor en renovables. Requiere una inversión superior, pero amplía el número de horas en las que puede vender energía en el mercado. La rentabilidad de las inversiones en almacenamiento tiene como primer componente la diferencia de precio de la electricidad entre horas de mucha producción renovable y las horas de alta demanda —entre las ocho y las 11 de la noche— y poca producción renovable. Este primer componente no alcanza, con los costes actuales, a garantizar una rentabilidad suficiente. Se requiere, además, la regulación de pagos por capacidad, con los que se retribuiría la disponibilidad para producir cuando el mercado lo requiera, aunque la producción no se materialice. Este tipo de pagos está regulado en los principales países europeos, pero no en España. Regular estos pagos por capacidad forma además parte de las propuestas de la Comisión Europea sobre la reforma del mercado eléctrico y es una condición adicional para no desperdiciar nuestra ventaja competitiva: contar con la disponibilidad de una energía barata a lo largo de más horas del día.

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La materialización de nuestra ventaja competitiva requerirá también reducir la carga fiscal de la electricidad de forma permanente y, lo más importante, que los presupuestos del Estado asuman los cargos que, con origen en la política energética de gobiernos pasados, gravan nuestras facturas. Sea la anualidad del déficit de tarifa o los pagos del antiguo sistema de incentivación a renovables, cogeneración y residuos. Este trasvase puede hacerse de una vez o en fases sucesivas. El Estado cuenta además con los ingresos derivados de las subastas de derechos europeos de emisión para equilibrar progresivamente ingresos y gastos. No tiene sentido hablar de ventaja competitiva si generamos electricidad barata, pero tenemos que pagarla cara.