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El PNIEC de Tezanos (II)

La falta de verosimilitud de las cifras e hipótesis introducidas era palmaria. La primera revisión de la versión definitiva no merece el cambio de título: casi todas sus cifras responden más al deseo que a la realidad

Foto:  La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE/Javier Lizón)
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE/Javier Lizón)
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En julio del pasado año, el Gobierno aprobó el borrador de la revisión del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). El PNIEC cubre el período 2021-2030 y su primera revisión, la que nos ocupa, tiene como referencia temporal los años entre 2023 y 2030. El borrador aprobado el pasado año ha sido objeto de alegaciones y comentarios y el documento definitivo ha sido aprobado por el Gobierno la pasada semana. El artículo que comentaba el primer borrador se titulaba “El PNIEC de Tezanos” porque, al igual que en las predicciones y encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde que es presidido por Tezanos, la falta de verosimilitud de las cifras e hipótesis introducidas era palmaria. La primera revisión de la versión definitiva del PNIEC no merece el cambio de título: casi todas sus cifras responden más al deseo que a la realidad.

Es cierto que la fantasía más flagrante ha sido eliminada: el borrador incluía la construcción de dos líneas de conexión eléctrica adicionales con Francia antes de 2030. Desde el primer momento se indicó que aquellas dos líneas no eran factibles. No había acuerdo con Francia para su construcción y ni siquiera se había iniciado su tramitación administrativa. Cuando Francia, en su planificación, decidió ubicar su estudio y análisis, que no su construcción, en el período 2035-2040, a España no le ha quedado más remedio que suprimirlas de su escenario previsto a 2030. Supresión de la que podemos congratularnos, pues estas conexiones materializaban el desperdicio de nuestra hipotética ventaja competitiva. Buena parte de la energía eléctrica barata de origen renovable producida en España la íbamos a exportar a Francia en lugar de consumirla en nuestro suelo, mejorando así la posición competitiva de nuestra economía.

El otro cambio notable y para bien, ha sido el incremento de la demanda eléctrica. El borrador inicial incluía un incremento de la demanda eléctrica para sectores no energéticos del 1,1% entre 2019 y 2030. Ese ridículo incremento pasa ahora a ser del 16,4%. No es mucho para once años en los que pretendemos electrificar nuestra economía, pero de alguna forma corrige el absurdo anterior. El gran cambio de la demanda eléctrica se produce en el sector de transformación de la energía, cuyo consumo se triplica respecto a lo previsto en el borrador de hace un año, alcanzando los 55 TWh (teravatios por hora).

El hidrógeno “verde” y los combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO, por sus siglas en inglés) son la renovada obsesión de nuestro Gobierno. Su producción es la que debería generar el citado aumento del consumo eléctrico. En conjunto, se espera que la producción eléctrica se incremente hasta los 358 TWh en 2030, un 34% más respecto a 2019. El borrador del año pasado sólo preveía un modesto 6%. La pregunta es cómo en el reducido espacio de doce meses se puede producir tal vuelco en unas previsiones. Probablemente, ni la previsión inicial ni la final tendrán que ver con la realidad.

Es cierto que la fantasía más flagrante ha sido eliminada: incluía la construcción de dos líneas de conexión eléctrica adicionales con Francia

Lo que no cambia, y se mantiene en un mundo irreal, son las previsiones sobre instalación de nueva potencia eléctrica renovable. Entre 2019 y 2023 en España hemos incorporado 1.281 megavatios (MW) anuales de generación eólica. Cumplir con los objetivos del PNIEC supone elevar ese ritmo, para el período 2024-2030 a 4.453 MW anuales. El mismo análisis para la generación solar fotovoltaica indica que deberíamos pasar de instalar 4.201 MW anuales entre 2019 y 2023 a 7.194 MW entre 2024 y 2030. Ambas cifras de nueva potencia instalada son físicamente inalcanzables. Ni por permisos administrativos, que se demoran años, ni por recursos materiales disponibles en España, somos capaces, por ejemplo, de triplicar los megavatios instalados cada año de potencia eólica.

La insistencia del Gobierno en mantener estas previsiones tiene como única explicación cuadrar el círculo del cierre nuclear. Si aumenta la demanda eléctrica y se cierran las nucleares, o aumenta mucho la generación renovable o tiene que crecer la generación con gas, más cara y con mayores emisiones que la nuclear. Unas previsiones irreales de crecimiento renovable tratan de ocultar un aumento de las emisiones y del coste de generación según se vayan cerrando los reactores nucleares.

Foto: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera

La irrealidad del PNIEC se extiende también a los 5,5 millones de vehículos eléctricos que circularán por nuestras carreteras en 2030. En España a finales de 2023 circulaban unos 350.000 vehículos eléctricos. En la primera mitad de 2024 se han matriculado en España 639.250 vehículos, de los que solo 60.734 eran eléctricos (BEV) o híbridos enchufables (PHEV), apenas un 9,5%. Incluso duplicando el número anual de matriculaciones, apenas llegaremos a dos millones, menos de la mitad del objetivo previsto. Falta una red pública de cargadores, falta autonomía de los vehículos y sobra precio. Son problemas que el tiempo puede solucionar, pero difícil que lo haga antes de 2030.

Una red de recarga pública, conectar a la red la nueva generación renovable o atender el crecimiento de la demanda eléctrica requerirán notables inversiones en la red de transporte y distribución eléctrica. Se echa de menos en el PNIEC una cuantificación de estas inversiones, su compatibilidad con la existente limitación legal a las mismas y su eventual impacto -positivo o negativo- en los costes regulados que pagamos en nuestras facturas. No es descartable, si la demanda se incrementa proporcionalmente más que los costes de transporte y distribución, que los costes unitarios de la tarifa se reduzcan.

Falta una red pública de cargadores, falta autonomía de los vehículos y sobra precio

Otra de las sorpresas del PNIEC es su previsión de instalar 12.000 MW de electrolizadores para la producción de hidrógeno “verde”. Este objetivo se acompaña de otros dos aún más sorprendentes: en la nueva Directiva Europea de renovables se establece, para el transporte, una cuota de biocombustibles avanzados y biogás del 5,5 %. De este porcentaje, al menos un 1% debe estar formado por RFNBO. (Combustibles Renovables de Origen No Biológico). Los objetivos para España, fijados en este PNIEC, son, respectivamente, un 17,26% y un 11,61%.

Más del triple de lo establecido en Europa para los biocombustibles avanzados y diez veces más que lo indicado para los RFNBO. Estos combustibles de origen no biológico son el propio hidrógeno “verde” y las mezclas de este hidrógeno con carbono procedente de la captura de CO2. Los problemas de estos combustibles, como del hidrógeno “verde”, son sus costes. El hidrógeno producido a partir de la electrolisis del agua con electricidad renovable es unas tres veces más caro que el hidrógeno producido a partir de gas natural. Los RFNBO son unas seis veces más caros que los combustibles a los que pretenden sustituir. Ahora que nos empezamos a preocupar por la competitividad europea, en España decidimos apostar, mucho más de lo que nos piden, por encarecer nuestro transporte.

El suministro de energía está sometido a restricciones técnicas y económicas que el PNIEC tiende a olvidar. La política energética, además de reducir emisiones, tiene que asegurar el suministro de energía e intentar que el mismo se realice al menor coste posible. Lo que el PNIEC nos ofrece es, en el marco de unas previsiones irreales, la tradicional receta ecologista: mucha renovable, mucho hidrógeno “verde” y muy escasa atención a las necesidades de nuestra industria y de nuestra economía en general.

En julio del pasado año, el Gobierno aprobó el borrador de la revisión del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). El PNIEC cubre el período 2021-2030 y su primera revisión, la que nos ocupa, tiene como referencia temporal los años entre 2023 y 2030. El borrador aprobado el pasado año ha sido objeto de alegaciones y comentarios y el documento definitivo ha sido aprobado por el Gobierno la pasada semana. El artículo que comentaba el primer borrador se titulaba “El PNIEC de Tezanos” porque, al igual que en las predicciones y encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde que es presidido por Tezanos, la falta de verosimilitud de las cifras e hipótesis introducidas era palmaria. La primera revisión de la versión definitiva del PNIEC no merece el cambio de título: casi todas sus cifras responden más al deseo que a la realidad.

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