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España, en riesgo de perder la soberanía alimentaria
Los problemas de depender de otros para poder tener bienes de primera necesidad los conocemos, los hemos vivido ya con la energía y debería haber sido suficiente para cambiar la línea de acción del Gobierno
Los agricultores y ganaderos de nuestro país llevan demasiado tiempo aguantando una situación crítica sin que el Gobierno de coalición haya adoptado ni una sola medida eficaz para garantizar su viabilidad y, con ello, la de todo el Sistema Alimentario Español.
Son ya más de cuatro años escuchando la misma cantinela del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, intentando convencernos de que la reforma de la Ley de la cadena alimentaria es el bálsamo de fierabrás que todo lo resuelve para justificar su falta de liderazgo y la inexistencia de las medidas estructurales necesarias para asegurar la producción alimentaria en España, mientras la situación empeora de día en día.
Los costes de producción se han disparado en nuestro país hasta extremos insospechados: el precio de la energía se ha duplicado con la aplicación de la llamada excepción ibérica, de modo que en España se llega a pagar el doble que en Francia o Portugal; el precio del pienso se ha triplicado; los fitosanitarios, la gestión de los residuos y sobre todo los impuestos, se han elevado, de modo que los productos y alimentos españoles ya no son competitivos y cuesta mucho más producir aquí que en los países de nuestro entorno.
Esta es la cruda realidad y la razón por la que comprar productos españoles le supone al consumidor pagar más, mucho más dinero que hace tan solo unos años, a pesar de los escasos o nulos beneficios que tienen nuestros productores. Esta falta de rentabilidad y competitividad está provocando ya graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. Entre ellas, el abandono de la producción agraria y de las superficies de pastos que mantienen ecosistemas naturales y previenen incendios forestales, el sacrificio de animales y cierre de explotaciones asociados a la pérdida de mano de obra en el campo —80.000 ocupados menos que hace un año según la última EPA—, y el aumento de las importaciones que en el último año ha triplicado el de las exportaciones, poniendo con ello en riesgo nuestra balanza comercial. Esto no se debe a que los productores extranjeros sean más eficientes, ni sus productos de mayor calidad, responde a que sus reglas de producción son diferentes y más flexibles en el caso de países terceros, o porque sus gobiernos, en el caso de países europeos, han reducido sustancialmente los impuestos en lugar de subirlos, e incluso están ofertando apoyos al sector y con ello les ayudan a ocupar el espacio comercial que hasta ahora ocupaba España.
"El Gobierno de España ha decidido culpabilizarles en lugar de poner soluciones, y ha llegado el momento de decir basta ya"
La situación es insostenible, y así se lo han hecho saber los agricultores y ganaderos al Gobierno, en los despachos y en las calles, donde cada semana desde hace ya demasiados meses, incluso años, se multiplican las manifestaciones por todo el país, sin que con ello se hayan conseguido que el Ejecutivo haga nada para frenar ni las subidas de costes, ni la aplicación de nuevos impuestos, ni la proliferación de normas contrarias a los intereses del sector productor y trasformador de alimentos en España, a quienes no se ha tenido en cuenta para valorar el impacto que sobre él tienen las decisiones políticas que se han implementado.
El Gobierno de España ha decidido culpabilizarles en lugar de poner soluciones, y ha llegado el momento de decir basta ya. Basta de promesas vacías, basta de mentiras y de aplausos autocomplacientes que hasta la fecha no han servido absolutamente para nada.
En nada ayudan las declaraciones de ministros acusando al sector de esclavista, o de producir con mala calidad, o los nuevos impuestos, como el del plástico, que en el resto de países se ha aplazado. Tampoco ayudan las acusaciones de ser los responsables de la persistente sequía que sufre el país mientras, en paralelo, se destruyen 108 presas en los ríos y se aprueban los nuevos Planes Hidrológicos de tercer ciclo en los que se paralizan las obras de almacenamiento y aprovechamiento de agua, tan necesarias para optimizar el uso de este escaso bien. Cualquiera puede pensar que si no tenemos dónde acumular el agua cuando cae, no se podrá disponer de ella cuando se necesite, ni para regar, ni para beber, ni para generar energía, ni para apagar incendios; se perderá, sin más, provocará inundaciones y la escorrentía desertificará los suelos. Lo más grave es que una vez más el Gobierno va contracorriente, y al mismo tiempo que esto ocurre en España, los países de nuestro entorno, afectados igualmente por el cambio climático, están aprovechando la inigualable oportunidad que ofrecen los fondos europeos NGEU para hacer inversiones en infraestructuras de almacenamiento de agua, modernizar sus regadíos y facilitar el acceso al agua a sus gentes en momentos de sequía.
En este escenario, el riesgo de que España pierda la soberanía alimentaria y dependa de otros países para asegurar hasta los alimentos más básicos es cada vez más serio. Los problemas de depender de otros para poder tener bienes de primera necesidad los conocemos, los hemos vivido ya con la energía y, precisamente por ello, debería haber sido suficiente para cambiar la línea de acción del Gobierno. Ante ello, se precisa una respuesta estructural que nos proteja no solo de caprichos ideológicos, sino de decisiones cuyo efecto puede ser letal si no se considera el impacto que pueden tener en la producción de alimentos y en todo el sistema alimentario español.
Conscientes de toda esta situación y ante la negativa constante del Gobierno de aceptar ni una sola de las diferentes propuestas puntuales que hemos venido planteando desde el Partido Popular para revertirla, hemos presentado para su debate en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de apoyo al sistema alimentario español como sector estratégico de nuestra economía.
Son muchos los documentos, planes, programas en los que se califica al sector de "estratégico", y para el Partido Popular y su presidente Alberto Núñez Feijóo lo es, pero es más que evidente que no ha sido suficiente para frenar los desmanes del Gobierno. La Constitución Española en su art.130 impone a los poderes públicos la exigencia de atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de algunos de vital importancia, como son la agricultura, la ganadería y la pesca. El Acuerdo de París, norma clave de las Naciones Unidas sobre cambio climático (2015) impone la obligación de: "Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos".
"Los problemas de depender de otros para poder tener bienes de primera necesidad los conocemos, los hemos vivido ya con la energía"
Es imprescindible una ley en la que se atiendan estas exigencias y se regulen los apoyos que resulten necesarios para aplicar cada vez que el sistema esté en riesgo; una ley rigurosa y sensata que, basada en ese carácter estratégico de nuestro sistema alimentario, le proteja de las decisiones arbitrarias e ideológicas que pongan en riesgo su supervivencia, su funcionamiento, competitividad y, con ello, nuestra soberanía alimentaria.
Una ley en la que se cree un marco de seguridad y garantía, de modo que cualquier norma, presente o futura, tenga en cuenta el impacto que su aplicación puede provocar en el mundo rural, sin perjuicio de que, cada comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, pueda definir los apoyos adicionales que considere oportunos.
Defendemos, en definitiva, la aprobación de una ley que resulta esencial para garantizar que, ante cualquier situación crítica, el mundo rural pueda sobrevivir; que proporcione estabilidad y confianza a quienes viven de él; que frene la perdida de nuestra soberanía alimentaria y sea aliciente para recuperar población en las zonas rurales.
Los agricultores y ganaderos de nuestro país llevan demasiado tiempo aguantando una situación crítica sin que el Gobierno de coalición haya adoptado ni una sola medida eficaz para garantizar su viabilidad y, con ello, la de todo el Sistema Alimentario Español.
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