Derogaciones y reformas de leyes penales

Tal como todos los observadores esperaban, Alberto Núñez Feijóo, siguiendo la línea anunciada en los últimos meses, ha entrado en la concreción de las promesas de derogar algunas de leyes aprobadas durante la legislatura pasada, señalando las que su Gobierno, en caso de que pueda formarlo, procederá, por la vía parlamentaria adecuada, a eliminar tan pronto como asuma sus funciones. A ellas se añadirán otras leyes que sin ser eliminadas serán sometidas a una revisión. Todo ello, según se dice, se encuadra en la decisión de hacer real el borrado del sanchismo.

En la relación de leyes exponentes de esa ideología que han de ser completamente derogadas se incluyen algunas muy diversas entre sí, como son la Ley de Memoria Democrática, la ley trans o la ley de bienestar animal, que tanto ha contrariado a muchos sectores. Es cierto, y así se dice en medios cercanos al PSOE, que algunos desastres legislativos son atribuibles a UP, pero esa es agua pasada y en modo alguno excusa de lo hecho. En el grupo de las necesitadas de reformas se incluyen otras como la relativa a la eutanasia o la ley de educación (materia condenada a los cambios constantes), así como la normativa relativa al aborto, sobre todo en el punto que permite que una menor de 16 o 17 años pueda abortar sin autorización de sus padres.

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Esos propósitos, comprensibles como anuncio dirigido a los posibles votantes, necesitan de una serie de condiciones, comenzando por la de obtener la victoria electoral, que además tendrá que ser lo bastante holgada como para que el PP no necesite de la conformidad de otros grupos parlamentarios, como Vox, que tal vez exigirían sus contrapartidas. Además, claro está, en relación con las materias que inciden en el Código Penal, que no son todas, se deberán tramitar leyes de reforma acompañadas de sus obligadas exposiciones de motivos que den cuenta de las razones de las contrarreformas y expliquen el alcance de las equivocaciones cometidas. Esas leyes, y cualquiera otra reforma, producirán los efectos obligados de retroactividad de lo favorable, lo cual habrá de ser cuidadosamente medido, lo que, según muestra la experiencia, no siempre sucede.

En cualquier caso, nada de lo que se haga sorprenderá, pues los que se dedican profesionalmente al derecho penal ya están acostumbrados a que es inútil esperar un modo de proceder pausado en lo que se refiere a las creaciones o modificaciones de las leyes penales. El CP de 1995 ya ha sido modificado 49 veces, y no hay gobernante, sea cual sea el nivel de sus competencias, que no se crea en el deber y derecho de cambiar las leyes penales. Y, por supuesto, todos se consideran cargados de razón.

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La exposición de propósitos derogatorios y reformadores no puede dejar en la penumbra otros muchos planes anunciados durante la legislatura que acaba de terminar, y que tienen un alcance no desdeñable, tanto por su complejidad jurídica como por su alcance político, y que desde el PP se dijo en su momento que también tendrían que ser objeto de intervención quirúrgico-legal. En algunos casos se trata, además, de materias en las que se han llevado a cabo recientes reformas que, al margen de que no hayan servido al fin que las explicaba, provocaron un considerable escándalo, como fue la reforma de los delitos de malversación y de sedición. A ellos hay que añadir otros cuya recuperación se ha venido exigiendo desde muchos sectores, como es el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Y no hay que olvidar otros problemas como la ocupación ilegal de inmuebles, hoy gravemente favorecida por ciertos aspectos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Se dijo que la modificación de los delitos de malversación y sedición era fruto de acuerdos entre el PSOE y ERC, a pesar de que luego ERC mostrara su decepción por el poco alcance que tenía la reforma en comparación con las expectativas que había fomentado. Pero lo cierto es que el delito de malversación ha acabado deformado e incomprensible en importantes aspectos, lo que lleva a la convicción de que así no se puede quedar. En cuanto a la sedición, borrada formalmente, hay que recordar que el solar vacío dejado por su desaparición no ha sido cubierto adecuadamente por norma alguna, pues no se puede pretender que la figura de desobediencia sea capaz de acoger todas las manifestaciones de deslealtad constitucional que se producen y que se seguirán produciendo, pues en el manual de conducta de los Partidos independentistas esa es una obligación.

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En los programas de esos mismos Partidos continúa la celebración de un referéndum de autodeterminación (al igual que la petición de una amnistía), pero se plantea como una exigencia, no como una decisión unilateralmente adoptable, al menos en los sectores más prudentes. Pese a ello, muchos insisten en la necesidad de prever el unilateralismo en esta cuestión, lo cual lleva a preguntarse cuál sería el modo de incriminar una actuación que seguramente se ampararía en una ley (inconstitucional). La experiencia de la prohibición, seguida de la búsqueda de urnas y demás, no debiera repetirse, y eso ha de tenerse en cuenta antes de dar el paso de criminalizar formalmente a quienes promuevan un referéndum, tipificación que requeriría una cuidadosa selección y descripción de la acción concreta que hubiera de integrar el delito.

En todo caso, tiene mucha más importancia la revisión de la totalidad de los delitos contra el orden constitucional y el orden público, pues es absurdo creer que la puesta al día constitucional de ese conjunto de infracciones penales se alcanza suprimiendo el delito de sedición, pues eso solo fue un parche para contentar a ERC, por razones que son sobradamente conocidas, y que, por cierto, es bastante probable que el PSOE haya pagado un alto precio por ello. Esa reforma global, y ahí sí que hay que decir que es preciso de verdad alinear nuestro Código Penal con los de las más sólidas democracias europeas, lo cual no se ha hecho hasta ahora, pues cuando se invocaba ese argumento comparatista no se decía la verdad, sino que se confrontaba un artículo del CP con otro artículo elegido de otro Código extranjero, y no una comparación del conjunto de preceptos penales que se dedican a la tutela del orden constitucional en cada sistema.

Es tan obligado como inútil, reclamar que impere la racionalidad y queden excluidos el sectarismo ideológico y las premuras innecesarias

En suma: si todas esas reformas se emprendiesen a la vez, y no hay motivo para decidir un orden de prioridades, el resultado sería abrir en canal el Código Penal, y eso, que puede ser necesario, daría pie a otras exigencias de reforma de normas que lo necesitan, aunque esa necesidad no llegue al gran público. Es tan obligado como, posiblemente, inútil reclamar que impere la racionalidad y queden excluidos el sectarismo ideológico y las premuras innecesarias, condición difícil, especialmente en España.

Una reforma de esa magnitud, especialmente por lo que concierne a las libertades individuales y al orden constitucional, si se emprendiera, tendría que ser fruto de la convergencia de ideas y el ulterior consenso, y eso solo se alcanza con una previa elaboración no clandestina de los documentos prelegislativos, que vaya seguida de un auténtico debate parlamentario, cosa casi desconocida en nuestra experiencia, que solo conoce a legisladores adiestrados en aplaudir, abuchear y darle a la llave, y con esos mimbres no sale el cesto. Pero sin debate y acuerdo, no es posible avanzar de verdad hacia un sistema penal razonable y mayoritariamente compartido. Y lo necesitamos.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal y abogado.