Sánchez y el gasto en defensa: hacer lo correcto de la peor manera

Pedro Sánchez tiene razón al decir que el mundo ha cambiado y que es necesario dedicar más recursos a la defensa. "En 2018, Rusia aún moderaba sus agresiones a Europa, en el Sahel había democracias fuertes y tropas occidentales, las amenazas híbridas no estaban tan patentes. Pero ese mundo de ayer ya no existe y debemos responder a ello", dijo. Es un buen diagnóstico. De modo que su Gobierno hace muy bien en aumentar el gasto en seguridad. También es una excelente noticia que el presidente haya insistido en que España seguirá alineada con los consensos de la OTAN y los de la UE. Eso es exactamente lo que debe hacer. Sin embargo, el presidente está haciendo lo correcto de la peor manera.

Para empezar, es un grave error que una reasignación de 10.471 millones de euros, que es la cantidad que se invertirá en el llamado "Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa", no se haga por medio de un presupuesto que cuente con la aprobación del Congreso. Es muy discutible que pueda moverse tanto dinero de un sitio a otro sin que lo aprueben los legisladores; hasta el presidente reconoció que era un "debate complejo" en el que hay "opiniones distintas". Pero el Gobierno ha renunciado a presentar un presupuesto y se escabulle cada vez que se le recuerda que tiene la obligación constitucional de hacerlo. Ningún plan de 10.471 millones de euros puede ni debe estar al margen de un presupuesto.

Además, el presidente debería dejar claro que ese gasto, inevitablemente, tiene un impacto en las cuentas públicas. En su comparecencia de anteayer dijo que no va a afectar al gasto social, que no va a aumentar el déficit y que no requiere un aumento de los impuestos. Parece difícil cumplir las tres cosas a la vez. Pero aún más estupefaciente fue su afirmación de que "vamos a financiar este plan […] sin afectar al bolsillo de los españoles". La forma que propone el Gobierno para financiar este inmenso gasto es realmente imaginativa, casi inverosímil. Según contó María Jesús Montero, se hará con una suma de fondos europeos, partidas del presupuesto de 2023 prorrogado que ya no tienen sentido y que, según dijo, están disponibles para este gasto, y ahorros de 2024. Pero no cabe duda de que van a salir de los impuestos de los ciudadanos. Aún más increíble fue la afirmación de Montero de que todo ese dinero que parece que acabamos de descubrir no se podría haber gastado en otra cosa que en este plan.

Es una muestra más de la terrible tendencia de este Gobierno a tratar a los ciudadanos como adolescentes, como vimos ya, por ejemplo, en su falta de explicaciones acerca del cambio de nuestra posición sobre Marruecos y el Sáhara. El plan está aún muy verde y su contenido es muy discutible. Pero se trata de un gasto necesario. En contra de lo que dijo Montero, sí choca con otras partidas: el presupuesto no es un juego de suma cero, pero su elasticidad tampoco es infinita. Y lo que deben hacer el presidente y su vicepresidenta es explicarlo con valentía y con la capacidad de liderazgo que debe tener alguien en su cargo. Si el mensaje es que esto no cuesta nada, y no afecta a nada, se está diciendo a los ciudadanos, y a los socios parlamentarios del Gobierno que le exprimen económicamente antes de darle su apoyo en cada votación, que el dinero público es infinito y siempre se puede encontrar más sin que eso tenga efecto alguno.

No solo el dinero

Pero no solo se trata del dinero. La decisión largamente postergada de invertir más en defensa y seguridad es un cambio profundo en la manera en la que España se concibe a sí misma y su papel en el mundo. Implica reconocer nuevos riesgos y nuevos compromisos. Implica hacer una fuerte apuesta industrial por un sector concreto. Implica reconocer que nuestra alianza estratégica de décadas con Estados Unidos ha cambiado de naturaleza.

Pues bien, ese profundo cambio debe ser aprobado por el Congreso. Insisto, no solo en términos económicos, sino porque es un cambio estratégico del papel que ocupa España en la OTAN, la UE y el mundo. La izquierda de Sumar y Podemos es, en ese sentido, irrecuperable. Vox, con su recién redescubierto pacifismo, su vieja admiración por Vladímir Putin y su reciente sumisión a Donald Trump, también. Sánchez debería llevar la cuestión al Congreso y el PP debería darle su aprobación. Y, si no lo hiciera, y el Gobierno no lograra la mayoría, el presidente debería convocar elecciones. Este asunto es demasiado importante como para que se trate como una mera decisión del Ejecutivo que se explica en una rueda de prensa, un puñado de canutazos en los pasillos del Congreso, en una futura comparecencia parlamentaria y que nunca se somete a votación.

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Pero eso es exactamente lo que sucederá. Y será una muestra más del poco respeto que tiene el Gobierno por el parlamentarismo. El presupuesto refleja las preferencias en materia de gasto público del Congreso y, por lo tanto, de los ciudadanos. El Congreso debe aprobar cambios estratégicos de este calado. La ciudadanía debe saber que las decisiones tienen costes y no son gratis. No basta con hacer lo bueno, hay que hacerlo bien.