La cuestión catalana y el tramposo dilema entre la política y la Justicia

Tienen razón quienes hoy advierten de que la previsible sentencia condenatoria a los jefes del 'procés' agravará drásticamente el conflicto de Cataluña. Lejos de resolver el problema político, el juicio se añade a él como una seria complicación adicional.

Pero la consecuencia no puede ser sugerir, expresa o implícitamente, que la Justicia debería dimitir de su tarea para facilitar una imaginaria negociación política —cuyos términos, además, permanecen ignotos—. Borrar la Justicia del escenario es puro voluntarismo: no ayuda a la solución, consagra la impunidad y envilece la democracia. En todo caso, tal cosa no va a suceder. En España, la Justicia es lenta como un paquidermo, pero cuando se pone en marcha no hay forma de detenerla o desviar su curso.

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Beatriz Parera Rafael Méndez

Afortunadamente, la Constitución y el Código Penal no reconocen una excepción que suspenda o condicione el enjuiciamiento de los delitos cuando están relacionados con un conflicto de naturaleza política. Lo único realista y responsable es incorporar al análisis el hecho de que habrá juicio, habrá sentencia y que esta complicará aún más la situación. La tarea de los jueces es aplicar la ley y la de los políticos, hacerse cargo de sus efectos.

En el debate maniqueo y tramposo de estos días, el 90% de los que pontifican públicamente sobre si es rebelión o sedición carece de conocimientos jurídicos para ello; y los que saben, discrepan entre sí. La discrepancia más aparatosa, entre los ignaros, es la que ha enfrentado al secretario general del PSOE con el presidente del Gobierno. Nunca terminaremos de saber cuántos Pedro Sánchez hay dentro de esa matrioska.

Que los juristas lo llamen como corresponda. En la conversación política cotidiana, cualquiera lo describiría como una situación objetiva de rebelión

El Código Penal incluye la rebelión entre los delitos contra la Constitución, y la sedición entre los delitos contra el orden público. La relevancia conceptual de la cuestión consiste, pues, en determinar si lo que sucedió en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 fue un ataque a la Constitución o una mera cuestión de desórdenes callejeros. Si fuera lo segundo, me temo que el Estado español llevaría un año haciendo el ridículo (incluida la aplicación del 155).

Lo cierto es que la Generalitat de Cataluña se amotinó contra el Estado del que forma parte: el Parlamento autonómico aprobó leyes que derogaban la Constitución y el Estatuto, el Gobierno de Puigdemont convocó un referéndum ilegal, ambos desacataron al Tribunal Constitucional y, finalmente, proclamaron la independencia de Cataluña. Que los juristas lo llamen como técnicamente corresponda y el Supremo decida si debe aplicarse el artículo 472 o el 544. En términos de conversación política cotidiana, cualquiera lo describiría como una situación objetiva de rebelión institucional.

El Gobierno va modulando su posición y su discurso según lo que cree que le piden los separatistas para mantener su apoyo parlamentario, y fantasea sobre las diferencias entre ellos. Discrepan en todo, salvo en lo esencial: que no acatarán ninguna sentencia que los condene y que no transitarán por un camino que no desemboque en un referéndum para irse de España. Para llegar a la independencia, Junqueras propone una vía lenta, pero más segura, mientras Puigdemont impulsa una vía alocada. Distintas rutas para alcanzar la misma meta. Por lo demás, el hecho de que atribuyan al Gobierno todo lo que sucede en el Supremo es consistente con su idea de cómo funcionaría la Justicia en la república independiente de Cataluña.

Es razonable discrepar del escrito de la Abogacía del Estado —claramente dictado desde Moncloa— y suponer que responde a intereses tácticos

Este Gobierno asume un enorme desgaste entrometiéndose descaradamente en el ámbito de la Justicia, culpabilizando al poder judicial por obstaculizar la milagrera “solución política” que dice tener y destruyendo la cohesión de los partidos constitucionales. Los separatistas, a la vista está, no le agradecerán que se haya dejado coherencia, prestigio y dignidad institucional para lograr que a Junqueras le pidan 15 años de cárcel en lugar de 25.

Igualmente poco ejemplar es la reacción histérica y sobreactuada del PP y de Ciudadanos. No se puede convertir la calificación jurídica del delito en una barricada, un test de españolidad o un parteaguas que separa a los leales al Estado de los traidores. Es razonable discrepar del escrito de la Abogacía del Estado —claramente dictado desde Moncloa— y suponer que responde más a intereses tácticos que a criterios jurídicos. Pero de ahí a afirmar, entre otras enormidades, que “Sánchez pone en jaque a España por mandato de los golpistas” (Casado) o que “hace de abogado defensor de los golpistas” (Rivera) media la diferencia entre la crítica fundamentada y el libelo difamatorio.

Lo malo no es tanto el tremendismo verbal que se ha apoderado de la política española (cuanto más gruesos los adjetivos, más escasas las ideas) sino la sospecha —casi evidencia— de que el conflicto de Cataluña en general y el juicio del Supremo en particular se han convertido en el combustible que mueve las estrategias electorales de los dos partidos gubernamentales y los dos de la oposición —también, por supuesto, la de los independentistas—.

Afirmar que este “es un problema que solo puede resolver la política” es tan formalmente cierto como insidiosamente peligroso

A Rivera, en concreto, se le ve demasiado que es conflicto-dependiente: el incendio catalán lo encumbró, y necesita que el fuego no amaine para sostener sus ambiciosas expectativas electorales (una cosa es que Arrimadas tenga un papel estelar en la campaña andaluza y otra que se esté dedicando más tiempo a hablar de Cataluña que de Andalucía). Y como el PP sería la víctima principal de su crecimiento, Casado se siente impelido a gritar a todas horas, como Groucho Marx: "¡Más madera, es la guerra!".

Nadie sabe si existe una vía transitable de salida a medio plazo (a corto, seguro que no) para el conflicto de Cataluña. Lo seguro es que esa vía no pasará por crear una antinomia entre la razón jurídica y la razón política que obligue a sacrificar una para salvar la otra.

Afirmar que este “es un problema que solo puede resolver la política” es tan formalmente cierto como insidiosamente peligroso, porque encierra un reclamo de decaimiento de la acción de la Justicia. Y pretender que el problema se evaporará a golpe de sentencias judiciales o eternizando el 155 es engañarse y engañar. En realidad, lo que más falta hace es lo que no tenemos: dirigentes políticos que entiendan en qué consiste el Estado.

Por remedar el brillante artículo de Carlos Sánchez: ¿política?; ¿Justicia?: ¡democracia!