Un adefesio jurídico y una atrocidad política

Como todas las anteriores, la enésima -y, al parecer, definitiva- versión de la ley de amnistía se ha gestado íntegramente al margen del Parlamento y fuera de España, en condiciones inéditas de clandestinidad y mediante una negociación opaca, tutelada de principio a fin por dos personas que ni siquiera forman parte del poder legislativo: un expresidente del Gobierno adicto a las intrigas y un fugitivo de la Justicia que resulta ser el principal beneficiario de la norma. Nadie se tomó la molestia de simular, aunque fuera por el decoro de la institución, algo que semejara un tratamiento regular en el seno del Congreso.

Desde la votación negativa del 30 de enero, la Comisión de Justicia se ha reunido una sola vez: fue en la mañana de ayer. Es altamente probable que los 37 miembros de la Comisión -incluido su presidente- llegaran a la sesión desconociendo por completo el texto que se sometería a votación. Todo el trámite duró poco más de dos horas.

El Parlamento ha sido humillado una vez más. Apuntemos este episodio en la larguísima lista de desafueros que se amontonan bajo la rúbrica del destrozo institucional que es el signo distintivo de este período político.

No es una manía formalista. Uno de los propósitos manifiestos del partido independentista que hoy dirige la política española es hacer universalmente visible que el auténtico poder decisorio no reside en ningún órgano del Estado, al que solo reconoce como bulto sospechoso destinado a la extinción. Mostrar al mundo hasta qué punto el Parlamento español es un cacharro prescindible, el poder judicial una cueva de prevaricadores, el Gobierno una marioneta y el jefe del Estado un estorbo desprovisto de legitimidad es parte esencial de la estrategia de Puigdemont y los otros acompañantes de Sánchez. Claro que, para que el plan funcione, se necesita alguien en la Moncloa dispuesto a jugar ese juego. Para su fortuna y para desgracia del Estado de derecho, lo han encontrado.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez gana tiempo en Moncloa mientras Puigdemont sostiene el desafío: "Ahora, la autodeterminación"

Carlos Rocha

El apaño al que se ha llegado con la ley de amnistía responde de lleno al proceder habitual de Pedro Sánchez. Cualquiera que sea el asunto del que se trate (desde una proposición de ley a un escándalo de corrupción o el endeudamiento masivo del país), entre una amenaza inmediata y otra mediata este presidente siempre elegirá conjurar la inmediata, aunque ello suponga aumentar el riesgo destructivo de la mediata.

Con esta ley, Sánchez se metió en un desfiladero de difícil salida. Si se resistía a las exigencias de Puigdemont, la ley decaería y, en consecuencia, la legislatura entraría en colapso fulminante. Esa era la amenaza inmediata. Ahora bien, partiendo de un texto ya indigesto de partida, cada paso adicional que se dé para satisfacer las aspiraciones del orate aumenta el peligro de que se rebase el umbral de tolerancia del Tribunal Constitucional, de la Justicia europea y de los propios Gobiernos de la UE (a los que aún hay que explicar que un Estado aliado abandona la investigación sobre una operación desestabilizadora de Putin por proteger a uno de los operadores políticos del autócrata imperialista ruso). Esa sigue siendo la amenaza mediata, hoy más peligrosa que ayer y menos que mañana. Ante un dilema como ese, es sencillo predecir la apuesta de Sánchez: para él, siempre valdrá más un pájaro en mano que cien cuervos volando.

Como un sastre servil, el presidente del Gobierno recibió un encargo si quería conservar el puesto de trabajo y se puso a la tarea

El producto resultante es un adefesio jurídico y una atrocidad política. Es difícil encontrar en la historia legislativa una norma tan descaradamente fabricada a la medida de un sujeto individual. Como un sastre servil, el presidente del Gobierno recibió un encargo si quería conservar el puesto de trabajo y se puso a la tarea. Tras la primera prueba, el cliente se mostró muy insatisfecho: las mangas me quedan cortas y las perneras largas, me aprieta la sisa y, sobre todo, el traje me queda estrecho y la chaqueta no abrocha.

No es que el presidente en funciones de sastre hiciera mal el trabajo. Incluso se procuró preventivamente el asesoramiento de mayor garantía que cabe encontrar en el entramado institucional del Estado para un encargo tan embarazoso como ese. Pero mientras él cortaba el traje, varias actuaciones judiciales elevaron el temor del cliente a no quedar suficientemente protegido. Todos y cada uno de los remiendos que se han ido añadiendo al texto inicial responden unívocamente a las exigencias crecientes de un cliente tan paranoide como consciente de su poder intimidatorio. Con ello ha salvado el tipo de momento, pero ha hecho aún más escarpado el largo camino que aún le queda a esta amnistía hasta hacerse efectiva, si es que lo logra.

Tras enredar durante meses con el Código Penal -hoy me cargo la sedición, mañana jibarizo la malversación, al día siguiente imparto instrucciones al fiscal y a la Abogacía del Gobierno (antes, del Estado)-, el edecán jurídico de la Moncloa y ministro para todo parece haber concluido que el Código Penal en sí mismo es un engorro y que hay que extirparlo sin más de la ley para cobijarse bajo un puñado de declaraciones vaporosas del Derecho Internacional.

TE PUEDE INTERESAR

La comisión de Justicia avala la ley de amnistía y el PP avisa: “El Código Penal sigue en vigor”

Ignacio S. Calleja Carlos Rocha

Mala idea, porque la directiva europea en la que se amparan para suplantar al Código Penal español (una directiva, por cierto, dedicada al terrorismo internacional, principalmente islamista) describe así el terrorismo:

“Actos intencionados que pueden calificarse de delitos de terrorismo cuando y en la medida en que se cometan con un fin terrorista específico, a saber: intimidar gravemente a la población, presionar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional para que lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo cualquier acto, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional.”

Intimidar a la población, presionar a los poderes públicos, desestabilizar o destruir las estructuras políticas y constitucionales de un país… ¿cabe una descripción más precisa de lo que pretendieron las organizaciones presuntamente terroristas llamadas Tsunami Democràtic o CDR, presuntamente dirigidas por Puigdemont desde su refugio de Waterloo o Marta Rovira desde el suyo de Ginebra? Francamente, puestos a buscar la impunidad, yo habría preferido quedarme con el más interpretable Código Penal español.

TE PUEDE INTERESAR

ERC considera "estéticos" los cambios en la ley de amnistía y rebaja los 'logros' de Junts

Marcos Lamelas. Barcelona

¿Cómo casa que en el mismo preámbulo se afirme que “la consecución del objetivo de esta norma pasa por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista” y, unas líneas más adelante, se reconozca algo tan obvio como que “corresponde al poder judicial identificar a las personas concretas comprendidas en el ámbito de aplicación” de la ley? ¿En qué quedamos, Bolaños? ¿A quién quieren engañar diciendo una cosa y la contraria? Y sobre todo, ¿desde cuándo en una democracia el legislativo decide sobre la ejecución de las condenas y la interrupción de los procesos judiciales?

Se pongan como se pongan, todo es inútil: el problema de partida es que Sánchez se ha comprometido con sus asociados a hacer cosas que, afortunadamente, no están a su alcance. Nada ni nadie impedirá a un tribunal español que, en un proceso penal, tome como primera referencia el Código Penal de su país. Pretenderlo sería tanto como si una ley ordenara a los tribunales que se olviden de la Constitución.

A primera vista, se diría que Sánchez retribuye el favor de los votos de Puigdemont para su investidura con el favor de una amnistía hecha a la medida de su peligroso compañero de viaje. En realidad, no es así. Llegados a este punto, es Puigdemont quien hace el favor a Sánchez de dejarse amnistiar. El líder nacionalista puede sobrevivir políticamente sin amnistía, pero el presidente del Gobierno ha ligado su destino a que esta ley salga adelante. En poco más de tres meses, Puigdemont ha demostrado que aquí las leyes solo se aprueban cuando él levanta el pulgar; y ha salvado la vida a Sánchez en el tiempo de descuento dos veces… y las que aún faltan si realmente este presidente aspira a cumplir lo de los 1.200 días. La palabra de esta legislatura es descaro.