La innovación en manos de las resoluciones judiciales

“Impulsaremos la innovación y la ciencia como ejes centrales de nuestro modelo productivo. Para ello, continuaremos con un firme compromiso para el fortalecimiento de la I+D+i, desarrollando la Ley de la Ciencia aprobada en 2022”.

“El talento, la innovación y el conocimiento son las bases de una economía competitiva. Para volver a crecer de una manera sólida, debemos apoyar sobre ellas las normas y políticas públicas, que mejoren la productividad e incentiven la innovación. Para que España se posicione de manera efectiva en la economía global, es necesario un marco regulatorio que impulse la libre iniciativa, el desarrollo empresarial, que sea un polo de atracción de inversiones y de talento internacional.”

El primer texto corresponde al primer punto del acuerdo de coalición de Gobierno para España firmado entre PSOE y Sumar publicado a finales de octubre. El segundo, al primer punto del Programa Electoral del Partido Popular (PP), de julio de 2023 para la convocatoria de elecciones. Y más allá de la ideología, parece haber consenso sobre el papel, de que la innovación tiene un papel fundamental para nuestro país. Así lo demuestran la gran mayoría de países de la OCDE, y de la propia Unión Europea, con, por ejemplo, políticas fiscales de incentivos a la I+D+i sólidas, claras y transparentes para las empresas intensivas en I+D+i.

Sin embargo, en la práctica, España viene viviendo una situación de inseguridad jurídica en la aplicación de este incentivo, que ha llevado a que sean los propios tribunales los que tengan que dirimir sobre qué es innovación, cómo debe aplicarse y quién puede beneficiarse. Un sinsentido total.

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Al margen de este clima negativo, la lectura positiva es que el Tribunal Supremo está poniendo cierto orden y sentido común a la política fiscal de incentivos a la I+D+i, dando algo de aire a los desencuentros entre Agencia Tributaria, Ministerio de Ciencia e Innovación, y los propios contribuyentes.

Por un lado, la aceptación de ya tres autos de casación, entre ellos el recurso 1633/2023, el primero de ellos, en relación con el cambio de criterio de la Audiencia Nacional a finales de 2022. La Audiencia Nacional cambió su postura, al aceptar los argumentos del equipo de apoyo informático de la Agencia Tributaria para dejar la deducción por innovación en desarrollo de software prácticamente a cero, aun teniendo informe motivado vinculante por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, calificando la totalidad de actividades como Innovación Tecnológica.

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Con la admisión a trámite de estos recursos, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre aspectos clave, como son: determinar hasta qué punto la Agencia Tributaria a través de su Equipo de Apoyo Informático puede descalificar los gastos de innovación, a pesar de que las actividades fueron calificadas como tal por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y, por otro lado, dilucidar el alcance que puede tener el informe de la Agencia Tributaria para negar la deducción cuando la calificación viene dada de modo vinculante por otro órgano que forma parte de la Administración del Estado (Ministerio de Ciencia e Innovación).

Interesante lo que ya apunta el ponente en estos autos, donde cuestiona y expresa sus dudas sobre la imparcialidad, valor probatorio de este informe del Equipo de Apoyo Informático, así como cualificación técnica de sus miembros. Por otro lado, tenemos la Sentencia 1318/2023, de 24 de octubre de 2023, donde el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la recuperación de deducción por I+D+i de años anteriores, sin necesidad de instar la rectificación de las autoliquidaciones.

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Este tema suscitó problemas en 2022, por un cambio de criterio de la propia Dirección General de Tributos que, a finales de junio de 2022, justo antes de la presentación del Impuesto sobre Sociedades de las empresas, publicó consulta vinculante cambiando su postura, impidiendo esta posibilidad, basándose en una resolución del TEAC sobre deducciones de doble imposición. Pues bien, el Tribunal Supremo ha entendido que es procedente la inclusión en la base de la deducción de I+D+i de los gastos devengados en los ejercicios anteriores y no consignados en la autoliquidación, sin que sea necesario instar la solicitud de rectificación en los periodos impositivos correspondientes a las deducciones no declaradas.

"Mientras no haya una solución política a estos problemas, seguiremos dejando la innovación en manos de las resoluciones judiciales".

La labor de control por parte de la Agencia Tributaria es más que necesaria, para evitar el fraude fiscal y el mal uso, o el abuso, de las herramientas fiscales e incentivos puestos a disposición de los contribuyentes. No obstante, es una decisión errónea como país dejar sin efecto incentivos cuyo objetivo es potenciar la inversión privada en innovación, cosa que ha sido demostrada tanto por parte de la AIREF, la OCDE o la propia Unión Europea.

No es de recibido que tengamos que dejar en manos de los tribunales las decisiones sobre las políticas fiscales de innovación. Estamos perdiendo oportunidades, tiempo, inversiones, talento y competitividad. Mientras no haya una solución política a estos problemas, seguiremos dejando la innovación en manos de las resoluciones judiciales.

* Víctor Cruz, public affairs and strategy director en FI Group