Vía libre para que los mayoritarios se queden con las cotizadas

La semana pasada se publicó en el BOE la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. La nueva norma permite que los accionistas mayoritarios que controlan la dirección de una cotizada puedan ir poco a poco comprando la compañía con los recursos generados por la propia cotizada, sin que los minoritarios puedan oponerse en ningún momento o frenar los planes de los mayoritarios.

Tras el caso Barón de Ley, la reforma de la LSC deja la puerta abierta a que otros accionistas que controlen las cotizadas puedan seguir el mismo camino, que acaba en una opa de exclusión y en la venta forzada de muchos minoritarios.

Los mayoritarios no necesitan ni un euro para comprar la participación que no poseen de las cotizadas. Solamente deben dejar ociosa en la sociedad la caja necesaria, para después utilizarla como garantía para comprar los títulos que pertenecen a otros accionistas.

Los minoritarios que no quieran vender no tienen escapatoria. Al final, en una opa de exclusión estarán 'de facto' obligados a vender a un precio que no quieren.

La gran novedad de la reforma de la LSC es la introducción de las llamadas acciones de lealtad

Una expropiación es una transferencia coactiva de la propiedad privada a cambio de una indemnización. La LSC permite algo similar pero peor, ya que no lo justifica el interés general ni el que lo adquiere es el Estado. En este caso, se trata de una decisión unilateral del mayoritario en beneficio propio.

La gran novedad de la reforma de la LSC es la introducción de las llamadas acciones de lealtad o voto doble para los accionistas que lleven más de dos años en el capital. La intención del regulador es buena: dar más valor al voto de quien se preocupa por las compañías a largo plazo.

Sin embargo, en mi opinión, las consecuencias van a ser nefastas para los minoritarios, aunque también sean inversores a largo plazo. La LSC no facilita que los minoritarios que cumplen los requisitos puedan ejercer su derecho a voto doble: deben solicitar a la sociedad su inscripción en un registro especial y, posteriormente, deben comunicar y justificar cualquier transmisión de acciones que minore sus derechos de voto.

Esto es algo muy sencillo para los mayoritarios, pero muy difícil de cumplir para los pequeños inversores, por desconocimiento, y para las gestoras de fondos de inversión, por la enorme cantidad de transacciones que realizan. “Si no estás en lista, no puedes pasar”, dice la canción de El Canto del Loco, aquí si no estás en lista, no puedes votar.

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Óscar Giménez

Además, la ley olvida que hay inversores a largo plazo con inversiones de tamaño variable. Un fondo de inversión que tenga un 3% de su patrimonio invertido en acciones de una compañía y que lleve cinco años con el mismo peso, casi seguro que no tiene voto doble por todas sus acciones. Su patrimonio habrá variado probablemente en los últimos dos años al alza o a la baja y, por lo tanto, el número de acciones en cartera no se habrá mantenido estable, aunque sí lo haya hecho el peso de su inversión respecto al patrimonio.

En definitiva, el voto doble es una medida que facilita que las cotizadas se conviertan aún más en el 'cortijo de los mayoritarios'. Si ya era difícil conseguir la involucración de los minoritarios en las juntas, con la norma de voto doble lo será más. Cualquier acción que puedan impulsar los minoritarios será mucho más difícil que salga adelante. Sabiendo esto, esperemos que sean pocas las cotizadas que tengan la caradura de proponer el voto doble a sus juntas y menos aún las que consigan los apoyos necesarios para implantarlo.

En esta situación, los inversores debemos ser conscientes de cuáles son las reglas de juego y actuar en consecuencia. Por un lado, debemos evitar las compañías con voto doble implantado y, por otro, tenemos que ser conscientes de los riesgos que asumimos en valores más 'fácilmente expropiables'. En mi opinión, son aquellos en los que un accionista ya tenga más del 50%. En ese caso, los mayoritarios pueden obligarnos a vender al precio que ellos consideren, o el que considere alguien pagado por ellos, sin lanzar ninguna opa previa a la de exclusión.

Aprecio sinceramente que hay un esfuerzo regulatorio por defender a los minoritarios

Por este motivo, Avantage Fund, el fondo que asesoro, ha limitado al 1,5% del patrimonio el peso de valores españoles 'fácilmente expropiables' con la LSC actual, como Prosegur, Catalana Occidente, Gestamp o Elecnor. Y aplicaría el mismo criterio en otras inversiones que ha tenido en el pasado, como Inditex, o que en algún momento he considerado, como Meliá.

Seguro que muchos lectores os preguntaréis cómo es posible que, en esta tesitura, Avantage Fund mantenga inversión alguna en este tipo de compañías. La respuesta es que, a pesar de la LSC actual, soy optimista. Aprecio sinceramente que hay un esfuerzo regulatorio por defender a los minoritarios, pero en los aspectos destacados de esta ley, en mi opinión, se ha hecho un pan con unas tortas.

Creo sinceramente que en próximas opas de exclusión el supervisor estará más atento a las valoraciones a que se expropian a los minoritarios sus acciones, como en el caso de Barón de Ley. No obstante, esta solución realmente es un parche porque cualquier empresa puede justificar cualquier valoración, sobre todo si es ella la que aporta el plan de negocio que se utilizará para valorar.

En el futuro, espero que la defensa de sus intereses la puedan hacer directamente los minoritarios, pudiendo votar si aceptan o no las opas, como ocurre en otros mercados financieros desarrollados.