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Jesús Fernández-Villaverde

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Política nacional, política regional y Madrid (II)

La regionalización de la política española dificultará el diseño y ejecución de políticas económicas nacionales. Todo en nuestra política se traducirá en una negociación bilateral sobre la distribución geográfica de nuestros recursos

Foto: Los diputados Guitarte (Teruel Existe), Mazón (PRC) e Iñarritu (Bildu). (EFE/Mariscal)
Los diputados Guitarte (Teruel Existe), Mazón (PRC) e Iñarritu (Bildu). (EFE/Mariscal)

En nuestra entrada anterior describimos algunas de las consecuencias del crecimiento económico de Madrid sobre la política nacional. Nuestra exposición enfatizaba cómo el crecimiento de Madrid colocaba tanto al Partido Socialista como al Partido Popular en situaciones electorales muy complejas a medio plazo. Hoy discutiremos la cara opuesta de este fenómeno: la territorialización de la política nacional. Argumentaremos que esta tendencia es estructural y no circunstancial, pues tiene un fundamento económico e institucional. Es más, esta tendencia llevará a una paralización de la política nacional, que, de forma creciente, se convertirá en un juego de suma cero. Paradójicamente, esta calcificación acelerará el desenganche económico de Madrid del resto de España.

La regionalización de la política española

Para entender nuestra circunstancia política hay que considerar dos conjuntos de factores, unos de diseño constitucional y otros económicos.

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Empecemos por las cuestiones de diseño. La Constitución de 1978 estableció como circunscripción electoral para el Congreso de los Diputados las provincias heredadas del siglo XIX (más Ceuta y Melilla). En aquel momento no había mucha alternativa. El mapa autonómico estaba por diseñar, más lejos de comunidades “obvias” como Cataluña. ¿Iba a integrarse Navarra en el País Vasco? ¿Sería Andalucía una comunidad autónoma única o se dividiría en una Andalucía occidental y una Andalucía oriental? ¿Sería la Región de León una comunidad autónoma? ¿O se integraría con Castilla La Vieja? ¿O se uniría la provincia de León con Asturias en una región común al estilo del Consejo que existió durante la guerra civil? Es más, la Constitución de 1978 no obliga a la creación de comunidades autónomas. El artículo 137 dice: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan”. Con una situación política diferente (por ejemplo, una Unión de Centro Democrático más cohesionada y con 15 diputados más en 1979), podríamos haber acabado con unas pocas comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Galicia) y un “territorio común” (no emitimos juicio de valor alguno sobre si esto hubiera sido mejor, peor o igual; solo señalamos que esta era una contingencia posible).

Como no sabíamos qué comunidades autónomas íbamos a tener o si las mismas iban a coincidir con las entonces regiones, la única alternative factible en 1978 a la circunscripción provincial era una circunscripción única nacional (como la que tenemos en las elecciones europeas). Sin embargo, una circunscripción única nacional habría generado mucho rechazo a lo largo de todo el territorio al eliminar cauces de representación local. Por este motivo, en países grandes, una circunscripción única nacional es una rareza (Serbia y Sudáfrica son de las pocas excepciones).

placeholder El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, junto a los viceportavoces del Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya!, Luis Mariano Santos y Ángel Ceña. (EFE/Nacho Gallego)
El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, junto a los viceportavoces del Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya!, Luis Mariano Santos y Ángel Ceña. (EFE/Nacho Gallego)

Pero, como explicábamos hace unas semanas y no podemos dejar de enfatizar lo suficiente, dadas las diferencias de población entre Madrid y Soria, por poner un ejemplo extremo, la circunscripción provincial significa que 1) hay inequidades considerables en el valor de un voto entre provincias y que 2) un votante en Madrid elige diputados con un sistema que en la práctica es proporcional casi pura mientras que el votante de Soria elige diputados con un sistema cuasimayoritario. Estas dos fuerzas hacen mucho más importante al votante de Soria en la contienda electoral.

A la vez, la Constitución de 1978 tampoco creó, en parte por los mismos motivos señalados anteriormente de falta de un mapa autonómico claro, mecanismos formales de negociación y coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Las distintas administraciones comparten responsabilidades legislativas y de gestión (conviviendo con un Título VIII confuso y enrevesado), pero sin cauces claros para armonizar el proceso; uno que permita, en el lenguaje de los economistas, la gestión de las obvias externalidades que se derivan de la descentralización autonómica. De ahí que hayamos caído en una “bilateralidad” constante, en particular entre las comunidades autónomas de más peso y el Gobierno central. El Senado, que podría haber sido un cauce para esta armonización, nunca funcionó como tal (de nuevo, por fallos de diseño) y en 44 años no ha servido de nada excepto para colocar a políticos a los que los partidos necesitaban encontrar un acomodo económico.

En resumen: la Constitución de 1978 y su desarrollo posterior disocia la circunscripción electoral básica, la provincia, de la sede del poder territorial, las comunidades autónomas (con la excepción parcial de las Juntas Generales en el País Vasco), y estas, a su vez, no pueden coordinarse adecuadamente con el poder central.

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Este diseño constitucional interactúa con un conjunto de factores económicos. Desde mediados de los años 80 hemos observado (en España y en todas las demás economías avanzadas) una aceleración de los beneficios económicos asociados con la aglomeración urbana. Las grandes ciudades, sean estas Madrid, San Francisco o Múnich, son más productivas que nunca y las generaciones jóvenes valoran las ofertas de ocio de estas áreas metropolitanas más que generaciones pasadas. Esta aceleración provoca el crecimiento de las grandes ciudades a costa de la despoblación interior. El crecimiento a los retornos de ser una gran ciudad es un fenómeno tan fundamental, y en cierto sentido tan independiente de la política económica que hemos seguido desde 1978, que nos sorprende que no se haya interiorizado más en el análisis de la realidad española.

A la vez, la rápida transición hacia la economía de servicios hace más importantes la economía local. Servicios como la educación, salud, distribución, servicios legales, etc., tienen un marcado carácter local que requiere de políticas económicas también locales. Los retos de ofrecer, por ejemplo, atención sanitaria primaria en Móstoles son muy diferentes de los retos en el interior de la provincia de Córdoba. Estos dos factores empujan a una regionalización de la política económica y de la política en general.

La confluencia del diseño constitucional, de nuestro sistema electoral y de los factores económicos de despoblación y creciente naturaleza local de la economía explican la regionalización de nuestra política nacional. La desertización de Soria o Teruel dota de mayor importancia al votante marginal de estas provincias de baja población y la importancia de la economía local incrementa el poder de las estructuras políticas locales para todas nuestras autonomías. De ahí que nuestras últimas elecciones generales arrojasen una verdadera sopa de letras de partidos, la mayoría de marcado nivel regional que se unen a la tradicional representación nacionalista vasca y catalana (Coalición Canaria-Nueva Canarias, Més Compromís… ), pero también de partidos de patente carácter provincial, como el Partido Regionalista de Cantabria o Teruel Existe. Las recientes elecciones autonómicas en Andalucía y Castilla y León han presenciado una nueva generación de estas formaciones políticas. Y, aunque su éxito a corto plazo ha sido limitado (excepto Soria ¡Ya!), los vientos soplan en su favor a medio plazo.

placeholder Juanma Moreno, durante el izado de bandera celebrado con motivo del primer Día de la Bandera de Andalucía. (EFE/Jose Manuel Vidal)
Juanma Moreno, durante el izado de bandera celebrado con motivo del primer Día de la Bandera de Andalucía. (EFE/Jose Manuel Vidal)

De hecho, los partidos nacionales también responden a esta tendencia. Por señalar las dos comunidades más cerca del corazón de los autores de esta entrada: ahora resulta que el Partido Popular de Moreno Bonilla es andalucista “de toda la vida” y el Partido Socialista en Asturias se dedica a avivar esperpentos lingüísticos criptonacionalistas cuyo único objeto es la captura de rentas locales del presupuesto público.

La regionalización de la política española dificultará el diseño y ejecución de políticas económicas nacionales. Todo en nuestra política se traducirá, aún más, en una negociación bilateral sobre la distribución geográfica de nuestros recursos: ¿estará la Agencia Española de tema X en Logroño o en Mérida? Gane quien gane casi todos quedarán descontentos.

¿Por qué? Por un simple sesgo cognitivo que es particularmente poderoso en el discurso político. Durante muchas décadas, uno de los programas clásicos de la radio pública en Estados Unidos fue A Prairie Home Companion. Una sección de este era las noticias del Lago Wobegon, una ciudad ficticia de Minnesota donde “todos los niños están por encima de la media”. Tan famosa se hizo esta referencia que hasta se ha convertido en la etiqueta muchas veces empleada para referirse al efecto de superioridad ilusoria.

Si seleccionamos aleatoriamente a 17 personas, las 17 nos dirían que su comunidad está peor tratada que la media

En España sufrimos del efecto del Lago Wobegon contrario: si seleccionamos aleatoriamente a 17 personas, una de cada comunidad autónoma, y les preguntásemos si su comunidad está mejor o peor tratada que la media de las 17 comunidades, estamos convencidos de que, con alta probabilidad, las 17 personas nos dirían que su comunidad está peor tratada que la media. Llevamos hablando sobre este tema en España desde 2008, en decenas de artículos y foros públicos, y todavía no nos hemos encontrado con una sola persona que nos haya dicho: “Sí, mi comunidad está mejor tratada que la media”.

Obviamente, las 17 comunidades no pueden estar por debajo de la media, pero da igual: es un argumento tan convincente y fácil de articular en un mundo de suma cero como al que nos vamos por el estancamiento económico de España que incentivará la formación de nuevos partidos regionales, entre ellos potencialmente uno de Madrid, pues nadie quiere quedarse atrás en esta carrera. Esta dinámica ni es estable ni lo puede ser, porque los factores que están detrás de ella son estructurales.

Estas consideraciones no son únicas a España. La regionalización de la política es un fenómeno que se observa por doquier. Por ejemplo, en Italia son constantes las tensiones entre norte y sur, pero su manifestación electoral, con la Lega Nord, es relativamente reciente. La política italiana de la posguerra estuvo dominada por la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano (y en menor medida por el Partido Socialista). El surgimiento del regionalismo en la política italiana se debe a la creciente importancia de las economías de aglomeración, tan evidentes en el norte de Italia, y el fin del desarrollismo italiano basado en el sector manufacturero y transición al sector de servicios en las últimas décadas. La volatilidad en la política en el Reino Unido tiene como fundamento el creciente desequilibrio entre Londres y el resto del país. Londres es la capital mundial en servicios financieros, pero el resto del país, sobre todo en el norte, no levanta cabeza.

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Un caso interesante es el de Estados Unidos, donde el componente geográfico de su política se cristaliza en un diseño institucional del Senado, centro clave de la vida legislativa americana y donde cada estado, con independencia del número de habitantes, tiene dos senadores, o el colegio electoral que facilita la incorporación de objetivo locales en la política nacional. No es sorprendente que, aparte de Virginia, el estado que más presidentes ha aportado no haya sido ni Nueva York, ni California, ni Texas, sino Ohio, estado “mediano” que marca tendencias nacionales. Este diseño institucional ha sido clave en la estabilidad política estadounidense en el último siglo. La admiración universal que suscita Singapur y su gobernanza se deriva de ser una ciudad-estado y que su estructura institucional se ajusta perfectamente a las circunstancias económicas presentes que hacen de la economía local lo fundamental. El sueño de Madrid en su momento será convertirse en un Singapur en el Manzanares. Con una capacidad enorme de expansión, dinamismo económico, protegida de los efectos del cambio climático por su localización y una lengua con cientos de millones de hablantes, ¿no será esta una opción electoralmente atractiva? (de nuevo, no entramos en juzgar si esta aspiración es o no realista; solo aventuramos su alto potencial electoral).

Derecha e izquierda, nación y autonomía

La tensión entre lo nacional y lo regional se dirimirá de forma distinta en la derecha y en la izquierda, por la sencilla razón de que el énfasis entre lo regional y nacional es distinto en uno y otro lado. El Partido Socialista y el Partido Popular siempre se han posicionado como partidos nacionales y su ambición ha sido la de estructurar el estado del 78 desde la óptica de la Administración central en el marco descentralizador de la Constitución.

Este fue siempre un equilibrio difícil, pero durante más de 30 años las grandes mayorías socialistas en la década y media de dominio de Felipe González y luego de los gobiernos del Partido Popular consiguieron enmascarar este ejercicio de malabarismo territorial. La ausencia de una expresión geográfica central de nuestra política en las primeras tres décadas de nuestra democracia se debe, primero, al impulso de la creación y desarrollo de un estado del bienestar y del resto de las instituciones del nuevo estado, y, segundo, al deseo de pertenencia a las instituciones europeas (la por aquel entonces Comunidad Económica Europea y después Unión Monetaria). Estas dos causas retrasan la inevitable expresión geográfica en nuestra política nacional de los factores antes mencionados. Pero era solo cuestión de tiempo.

Nuestro sistema electoral hace difícil el surgimiento de partidos con ambiciones nacionales, precisamente porque obliga al establecimiento de organizaciones locales para conseguir votos en provincias donde la falta de densidad de población hace que el sistema tenga muy poca o nula proporcionalidad. El voto en Palencia le sale carísimo a un nuevo partido político nacional, lo que se traduce o en el reforzamiento de los partidos nacionales existentes con estructuras locales o en la creación de partidos de ámbito uniprovincial. Y esta alternativa es la que más posibilidades de éxito tiene, dado el creciente peso de los factores económicos ya mencionados. Estos mecanismos explican, por ejemplo, porque Unión, Progreso y Democracia nunca consiguiera una presencia importante en el Congreso.

placeholder Albert Rivera, durante la comparecencia en la que anunció su dimisión. (EFE/Rodrigo Jiménez)
Albert Rivera, durante la comparecencia en la que anunció su dimisión. (EFE/Rodrigo Jiménez)

La catálisis de la territorialización de la política nacional aparece en 2008 y el consiguiente proceso de descomposición del sistema de partidos de las primeras tres décadas de nuestra democracia. La acumulación de crisis —lo que el historiador Adam Tooze denomina policrisis: la crisis bancaria, la crisis de la Eurozona y el intento secesionista en Cataluña— abre la puerta a partidos con ambiciones nacionales, como Ciudadanos o Podemos. Aun así, la pulsión localista está siempre ahí. Ciudadanos es el resultado directo de una crisis de origen autonómico y el gran logro de esta formación fue su transmutación de ese carácter local a nacional. Los flagrantes errores de estrategia de Rivera una vez que consigue una presencia importante en el Congreso de los Diputados abortan lo que hubiera sido un logro electoral nunca visto en la política española: la creación de un partido nacional desde el fundamento de una presencia fuerte en una comunidad autónoma, Cataluña.

Como cada vez más todo en la política española es provincial y regional, los grandes proyectos nacionales —desde el rediseño institucional hasta políticas económicas nacionales— no cuadran en este marco localista. Es por eso por lo que las escisiones más exitosas son precisamente las que abandonan completamente la estructura nacional para convertirse en partidos regionalistas. No nos cansaremos de repetirlo: Más País no es nada más que Más Madrid. Ellos mismos admiten que aspiran a convertirse “en el PNV de Madrid”.

En la derecha esta expresión regionalista es más difícil porque la seña de identidad tradicional de la derecha española es el énfasis en la nación como vehículo de nuestra vida social, cultural, política y económica. Pero el creciente valor del votante marginal en Palencia o en Soria empuja a Vox a enfatizar la España abandonada. En esto, Vox, paradójicamente, imita al funambulismo de Unidas Podemos: proponer un discurso nacional español en un marco institucional y económico que favorece el localismo.

Partido Socialista y Partido Popular son fuertes cuando lo son sus líderes regionales

Estas apreciaciones no deben sorprender: los dos grandes partidos nacionales, Partido Socialista y Partido Popular, son fuertes cuando lo son sus lideres regionales, porque permiten la negociación interna de los intereses locales y autonómicos. Esta negociación suple la ausencia de los mecanismos formales a los que nos referíamos antes. Pero, como a la vez este no es un equilibrio estable, tenemos constantes llamadas a las reformas del Senado o la creación sin fundamentos estatutarios de “cosas” como la Conferencia de Presidentes. La solidez en los años iniciales del Partido Socialista se fundamenta en la fortaleza de sus lideres regionales, desde Leguina hasta Rodríguez Ibarra pasando por Bono o el más poderoso de ellos, Manuel Chaves. Por simétricos motivos, su debilidad actual tiene como base su debilidad autonómica y regional. Como en el caso del Partido Popular, ninguno de estos grandes lideres socialistas llegó a la presidencia del Gobierno. De hecho, en nuestra democracia solo un presidente lo fue habiendo sido antes presidente de una comunidad autónoma, José María Aznar [un amable lector nos hizo notar en los comentarios este error en la versión original de este artículo, donde se aseveraba que ningún presidente de comunidad autónoma lo había sido del gobierno]. En comparación, en Estados Unidos, el camino más natural para ser presidente es haber sido gobernador de un estado (o, en su defecto, senador, el “embajador” del estado en Washington).

Estas consideraciones nos llevan a valorar el inteligente movimiento de Íñigo Errejón con Más Madrid, que, recuérdese, es ya el segundo partido de la Cámara madrileña. El hecho de que el Partido Socialista no tenga una estrategia clara en lo que se refiere a la gestión de los intereses madrileños dentro del partido nacional abre la puerta a un partido de izquierdas centrado en esos intereses y con diferentes actitudes a las del Partido Socialista o Unidas Podemos, cuya oposición se nos antoja mucho más estridente que la de Más Madrid. Aunque Más País alcance acuerdos locales como hizo en las últimas elecciones con Compromís para conseguir más recursos en el Congreso y llegar a tener grupo propio, estos no son más que lazos en un pastel que es 99% madrileño.

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El encaje político de una región que pronto será un cuarto del PIB español es, por tanto, una cuestión fundamental en el futuro político español y es la falta de un buen diseño institucional lo que va a dificultar la toma de decisiones. La política es hoy y siempre el equilibrio entre distintos intereses, económicos, culturales, demográficos y, de forma creciente, regionales como consecuencia de profundas tendencias económicas que favorecen la aglomeración urbana al sector servicios que siempre tienen un marcado aspecto local. Nuestro mal diseño institucional hace difícil esa negociación. Madrid, como área metropolitana grande, que no como capital del reino, por la voraz dinámica de su crecimiento, va a desligarse progresivamente del resto de España, pagando una tasa en forma de transferencias para hacer y gestionar su prosperidad, pero “ignorando” o no siendo consciente del progresivo deterioro periférico. Esto no augura nada bueno para nuestra estabilidad política. Urge, por tanto, pensar en cómo resolver ese mal diseño institucional.

Dada la extensión de esta entrada, no podemos discutir propuestas de estas reformas. En entradas anteriores, uno de nosotros ha propuesto cambios muy concretos y detallados en el sistema electoral, el sistema judicial o la selección de élites públicas. Invitamos al lector interesado a leer estas entradas o, más en general, todo que lo llevamos escribiendo al respecto durante más de una década.

En nuestra entrada anterior describimos algunas de las consecuencias del crecimiento económico de Madrid sobre la política nacional. Nuestra exposición enfatizaba cómo el crecimiento de Madrid colocaba tanto al Partido Socialista como al Partido Popular en situaciones electorales muy complejas a medio plazo. Hoy discutiremos la cara opuesta de este fenómeno: la territorialización de la política nacional. Argumentaremos que esta tendencia es estructural y no circunstancial, pues tiene un fundamento económico e institucional. Es más, esta tendencia llevará a una paralización de la política nacional, que, de forma creciente, se convertirá en un juego de suma cero. Paradójicamente, esta calcificación acelerará el desenganche económico de Madrid del resto de España.

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