La ley y los tribunales cotizan en bolsa

Hace unos años, escuché a un alto cargo del Gobierno de España una frase que me llamó la atención: “La seguridad jurídica cotiza en bolsa”. Aludía a los esfuerzos del Gobierno para que España tuviera un marco legal fiable y sin sobresaltos, que favoreciera las inversiones y el bien económico para España. Y es cierto que la seguridad jurídica es un gran valor en cualquier sociedad avanzada, nos aleja de discrecionalidades y caprichos del gobernante de turno y nos da eso, seguridad. Pero hay o debe haber algo más, no podemos quedarnos solo en eso.

En un mundo globalizado, competitivo y ágil, donde las economías nacionales pugnan por las inversiones y la atracción de actividad económica, el marco jurídico y los tribunales de justicia tienen un papel que jugar. Es frecuente que las empresas extranjeras, a la hora de hacer determinadas operaciones elijan un país u otro en función de la flexibilidad de su legislación, la agilidad en la realización de trámites administrativos influye.

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También en algunas ocasiones, las acciones judiciales se ejercitan en uno u otro país en función de la agilidad de sus tribunales y del proceso, así como de la calidad de sus decisiones. A esto se le llama en la jerga profesional 'forum shopping' y se aplica todos los días en el entorno económico internacional.

Por tanto, quien piense que la legislación y los tribunales españoles van a regir determinadas situaciones por una pura cuestión de territorialidad está muy equivocado. Como en la clásica 'Bienvenido Mr. Marshall' de nuestro genio Berlanga, la comitiva puede pasar de largo por delante de nuestro pueblo engalanado, porque carecemos de interés. Y eso supone pérdidas económicas para el país, que nunca nos podemos permitir, pero ahora menos. Por tanto, una legislación y unos tribunales avanzados también cotizan en bolsa.

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Para saber de qué hablo voy a poner algunos ejemplos, extraídos de mi práctica profesional, centrada en temas de propiedad intelectual y tecnologías de la información. Seguro que los abogados que ejerzan en otras áreas del Derecho encontrarán otros muchos ejemplos.

De un tiempo a esta parte, las operaciones económicas alrededor de los activos inmateriales son cada vez más importantes y las operaciones financieras se apoyan en dichos activos. Es conocida la historia de David Bowie y como se montó una operación basada en su repertorio de canciones, un activo inmaterial que producía royalties cuantiosos, que sirvieron de base para un crédito y securitización con base en las garantías que otorgaba el repertorio.

Después de esos famosos 'Bowie Bonds' han sido muchas las operaciones realizadas. Pero sin llegar a ese grado de sofisticación, se observa un número creciente de operaciones crediticias en las que diferentes activos inmateriales (patentes y marcas, pero también derechos de autor) constituyen la garantía de la operación. Incluso en España hemos visto que grandes porfolios sirven de garantía crediticia.

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Pero la mayoría de las operaciones se realizan fuera de España y afectan a una compañía no española, que tiene sus activos alrededor del mundo. Y aquí viene el problema, porque España tiene una Ley de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento que data de 1954. Y esa ley permite la hipoteca de propiedad industrial e intelectual, es decir de derechos registrados, pero establece unos requisitos que estarían bien en 1954 pero en 2021 no tanto.

Omito los detalles legales para no aburrir, pero el gestor de la operación, al ver cuáles son los requisitos en España, que no encajan para nada con las formalidades legales del país de origen, mucho más ágiles, simplemente decide no incluir las patentes y las marcas españolas de la operación (no digo nada si se trata de derechos de autor). La comitiva pasa por delante de nuestro pueblo engalanado y perdemos honorarios e impuestos que se pagarían en España y que nos vendrían muy bien, aparte de ponernos en el mapa.

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Y lo mismo ocurre con los tribunales. No voy a entrar en detalles sobre la escasa dotación de medios a la Justicia en España porque es un tema suficientemente hablado, aunque no resuelto. Y, sin embargo, nuestros tribunales saben estar a la altura cuando hace falta. El Mobile de Barcelona trajo consigo una serie de acciones de justicia cautelar, que fueron resueltos con eficacia por los Juzgados de lo Mercantil, que crearon un protocolo de actuación, guardias y un entramado ágil y eficaz. El resultado es que las empresas han 'invertido' en nuestros tribunales y esas acciones judiciales son una inyección de ingresos vía tasas judiciales y honorarios profesionales, amén de otros gastos que se efectúan en el país.

Pero tenemos un tema pendiente, que se debería resolver. Como se sabe, la EUIPO, oficina de Marcas y Diseños de la UE con sede en Alicante, ha supuesto un beneficio para la ciudad y por ende para España. Pero, además, el Reglamento de marcas y diseños de la UE establece como foro residual el del lugar donde se encuentre situada la oficina, es decir, Alicante. Esto supone que, en caso de conflictos que hayan de ser resueltos por los tribunales, que afecten a dos personas (físicas o jurídicas) que no son residentes ni tienen base de operaciones en la UE, serán los juzgados y tribunales de Alicante los competentes y sus resoluciones tendrán un efecto paneuropeo.

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Esta ventaja para España existe desde hace tiempo, pero ahora con el Brexit se nos abre una oportunidad aún mayor. Pero los juzgados de Alicante no son la única alternativa para la resolución de los conflictos. Los titulares de derechos pueden acudir a otras reglas de competencia territorial y ejercitar sus acciones en otros países.

A aquellos que visitan los juzgados y tribunales de Alicante no les extrañará que diga que su situación es francamente mejorable y que los esfuerzos de sus magistrados y personal no pueden paliar la situación. Faltan medios de todo tipo a fin de tener un organismo judicial atractivo para estos asuntos.

Nos jugamos nuestro prestigio internacional y una interesante fuente de ingresos para nuestro país. Otros lo hacen con éxito y no veo porqué España ha de ser diferente.

*Javier Fernández-Lasquetty Quintana, socio de Elzaburu. Miembro del Consejo Académico de Fide.