De cómo Zapatero y su peón Sánchez están metiendo a China por la puerta de atrás

Es algo más que llamativo el celo del Gobierno de Sánchez por castigar a la prensa por la difusión de secretos oficiales, mientras se muestra sorprendentemente laxo a la hora de poner a disposición de potencias extranjeras de dudosa reputación, véase China, datos sensibles de todos nosotros e información que debería permanecer bajo llave.

Una cuestión "que genera especial inquietud", dice la Asociación de Periodistas de Investigación sobre las multas de hasta 2,5 millones por difundir secretos oficiales, “es el amplio margen de discrecionalidad que el Proyecto de Ley otorga al Gobierno para decidir qué información se considera clasificada [...] sin un órgano independiente ni mecanismos judiciales previos de control”.

Un instrumento disuasorio para el trabajo periodístico de investigación que, curiosamente, podría devenir en la herramienta ideal para dar más aire a unas corruptelas que a otras, más a los Montoros y menos a los Cerdanes, como si de una partida de póker se tratase.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha adjudicado a la empresa china Huawei —estos sí que son de fiar, no como la canallesca impertinente— un contrato valorado en 12,3 millones de euros para el almacenamiento y gestión de las escuchas judiciales de la Policía y Guardia Civil, un área de máxima sensibilidad para la seguridad nacional. Pese a que España vetó a Huawei para el 5G, siguiendo recomendaciones de la UE y EEUU, la compañía ha continuado presente en procesos para la interceptación de comunicaciones telefónicas, como un intruso que no entiende de fronteras.

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Cuando el departamento que dirige Marlaska sostiene que este almacenamiento de datos no comporta ningún riesgo para la seguridad, debe ser porque algunas leyes chinas le entran por un oído y le salen por el otro. Son leyes como la de Inteligencia Nacional, que obliga a ciudadanos y empresas (incluidas sus filiales en el extranjero) a colaborar con los servicios de espionaje, incluso fuera de China, o la de Ciberseguridad, que exige a plataformas y empresas tecnológicas que almacenen datos a cooperar con las autoridades en las investigaciones. Y aunque la ley se aplica principalmente a los datos generados en China, las ramificaciones de esa política cruzan océanos.

Para que nos entendamos: el Ejecutivo socialista tiene la discrecionalidad necesaria para acallar a la prensa que destape asuntos que le incomoden, al tiempo que la UCO va a tener que guardar información que podría hacer caer a Pedro Sánchez —es un suponer— en una empresa que prácticamente está obligada por ley a compartir datos con un gobierno, el chino, del que es valedor José Luis Rodríguez Zapatero.

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Ejemplo de lo que hablamos son personajes como Fangyong Du, alias “Miguelito”, patrocinador del think tank de Zapatero, Gate Center, e investigado por el Centro Nacional de Inteligencia por sus vínculos con los servicios de espionaje de Pekín, además de haber sido asesor de Huawei en España. Entre sus gestiones, destaca su intervención en 2020 con el empresario del caso Koldo, Víctor de Aldama, para acercarse al entonces ministro de Transportes y hombre fuerte de Moncloa, José Luis Ábalos. Curioso, ¿no? Donde muchos quieren ver casualidades, otros tantos tratamos de ver causalidades.

Porque Sánchez tiene claro quiénes son sus enemigos dentro de nuestras fronteras: la UCO, los jueces y la prensa que ejerce el periodismo independiente. Y, al mismo tiempo, no parece tener ninguna duda de quiénes son sus principales sostenes fuera del país.

Zapatero, de profesión intermediario, es el que conecta a las democracias “liberales” de China, Venezuela y los países del Grupo de Puebla con España. Y, por supuesto, con Sánchez. Zapatero y Sánchez, Sánchez y Zapatero, ¿quién fue antes: el huevo o la gallina? Nadie lo sabe, pero ambos parecen pertenecer a una misma especie dentro de un ciclo apenas interrumpido por los gobiernos de Rajoy, un ciclo devastador para España.

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No se trata solo del contrato del Interior. La Seguridad Social también tiene cabinas de Huawei gestionando datos de 19 millones de ciudadanos, con historiales médicos, pensiones y afiliaciones. Y, por supuesto, Telefónica, otra empresa estatal, ha facilitado el paso de los chinos a través de sus sistemas. Huawei, y no solo Huawei, sigue campando a sus anchas en sectores que son clave para la seguridad nacional.

“Su estrategia es a largo plazo”, explica un experto en ciberseguridad. “Invierte ingentes cantidades en I+D+i, penetra en las empresas, incluso tirando los precios para ganar contratos. No es paranoia de los americanos. Se infiltran hasta lo más profundo, hasta el sótano menos tres. Se meten en las entrañas del Estado, en las telecomunicaciones, en los sistemas de facturación… Haciendo dumping. Se lo llevan todo”.

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La estrategia inmersiva de China no ha pasado desapercibida para algunas de las principales instituciones internacionales. La OTAN, en su Concepto Estratégico de Madrid (2022), designó a China como un “desafío sistémico” para la seguridad y los intereses de la Alianza. La UE, en su Brújula Estratégica para la Seguridad y Defensa (2022), hizo hincapié en la asimetría en el acceso a los mercados, las tácticas híbridas y el crecimiento de las capacidades militares de China. Y, por supuesto, el Centro Criptológico Nacional, que no se anda con rodeos, ha alertado sobre el peligro del gigante asiático en el ciberespacio.

El único que defiende estos acuerdos es Sánchez. Y, claro está, Zapatero. Todo ello obedece a un plan superior que empieza a cobrar sentido. Ahí está cómo Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE y luego a la presidencia del Gobierno, la caída de la cúpula del PSOE, con el secretario de Organización en la cárcel, sus relaciones con Xi Jinping, y con el Grupo de Puebla, y con Marruecos, y con los maletines de Delcy.

Poco a poco, como digo, las piezas del puzle empiezan a encajar. Pero no se preocupen, que todo ello no es, sino una conspiración de los medios de derechas para llevar a Feijóo y Abascal a la Moncloa.