Felipe González y Pedro Sánchez, similitudes

Premisa principal: el PSOE siempre ha utilizado en democracia el modelo territorial como un arma electoral. Nos fijamos en ese aspecto, sobre los otros muchos puntos de análisis que podrían establecerse, porque al cumplirse los 40 años de la primera victoria socialista, la de Felipe González el 28 de octubre de 1982, lo que más inquieta a la sociedad española en este momento, y lo que más desconcierta al electorado socialista, es la relación del actual Partido Socialista con los nacionalismos, sobre todo con el independentismo catalán, tras la revuelta sediciosa del otoño de 2017. A propósito del libro de Ignacio Varela ‘Por el cambio’ (Editorial Deusto), que hoy se presenta en Madrid, ese aspecto servirá, además, para trazar las diferencias que separan las dos épocas, aquella en la que los socialistas llegaron por primera vez al poder, con el mayor respaldo electoral que se ha conocido (202 diputados), y la de la actualidad, en que se mantiene con el menor respaldo electoral de ningún otro Gobierno (120 escaños) y, por primera vez, en coalición con otro partido político en un Gobierno de España.

Por Ignacio Varela, y disculpen la digresión personal, siento verdadera admiración y, a partir de ese suelo, discrepo reverencialmente de muchas de sus conclusiones sobre los logros y tachas del actual secretario general del Partido Socialista que, a mi entender, él minusvalora. Una de ellas puede ser esta, la interpretación de la responsabilidad de todos los dirigentes del PSOE en el desastre territorial que hoy lamentamos en España. Y si no es desastre, al menos podrá contemplarse como una herida abierta, inexplicablemente abierta en un país integrado en la Unión Europea, con el mayor grado de descentralización de su historia, también en comparación con sus vecinos. Más eficientes y prósperos seríamos sin este inacabable runrún.

Opinión

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El descubrimiento de que el modelo territorial en España era una potente arma electoral se produjo en los primeros años de democracia, cuando el PSOE intuyó, de forma acertada y eficaz, que podría tumbar al Gobierno de Adolfo Suárez si traicionaba aquello que ambos habían pactado previamente: un sistema autonómico de ‘dos velocidades’, una rápida e inmediata para Cataluña y el País Vasco y una vía lenta para el resto. 'Grosso modo', esa era la diferencia entre ‘nacionalidades’ y ‘regiones’ que se consigna en la Constitución y cuyo desarrollo habían acordado UCD y PSOE. La fuerza que adquiere en Andalucía el movimiento autonomista convierte al PSOE en andalucista y se desembaraza de los pactos previos de ordenación territorial alcanzados con la Unión de Centro Democrático del presidente Adolfo Suárez para liderar en esta comunidad un referéndum que acabaría siendo la tumba del Gobierno centrista. El Gobierno de Suárez perdió el referéndum contra la autonomía de primer nivel de Andalucía el 28 de febrero de 1980 y, a partir de ahí, todo fue descomposición. Dos años después, se produjo la histórica victoria de Felipe González y se inició en Andalucía una hegemonía de cuatro décadas.

No entremos a valorar ahora las consecuencias, positivas o negativas, de aquella estrategia de desestabilización del Gobierno, que acabó con la aceptación de Andalucía como autonomía de primer nivel en cuanto a competencias transferidas, y la generalización del Estado autonómico en toda España. Constatemos solo eso: por el interés de precipitar la caída del Gobierno de Adolfo Suárez, el PSOE de Felipe González rompió sus compromisos y agitó el modelo territorial pactado en la Constitución. Pasados los años, cuando Felipe González abandona la Moncloa, en 1996, es cuando comienzan de nuevo los debates en el seno del PSOE sobre el modelo territorial. En dos fases muy distintas, pero bien significativas.

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Para intentar desestabilizar a José María Aznar, primer presidente del Gobierno del Partido Popular, se reúnen los tres presidentes socialistas autonómicos de entonces, Manuel Chaves (Andalucía), Rodríguez Ibarra (Extremadura) y José Bono (Castilla-La Mancha), y firman la llamada ‘Declaración de Mérida’ de 1998. En esencia, lo que se pretendía con esa declaración era lo mismo que se había conseguido en Andalucía contra la UCD: predisponer a la ciudadanía española contra los acuerdos que había alcanzado el Gobierno de Aznar con los nacionalismos vasco y, sobre todo, catalán para garantizarse una mayoría parlamentaria. Decía la ‘Declaración de Mérida’: “Dentro de la unidad política de España, no existe un derecho natural, ni previo ni posterior a la Constitución, que pueda ser invocado para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los españoles. No estamos dispuestos a que nuestro silencio nos haga cómplices de procesos que marginen a nuestros territorios”.

De forma paralela, surge otra vía dentro del PSOE, que sería la que acabaría prosperando, aunque fuese diametralmente opuesta: el Estado plurinacional. En agosto de 2003, el nuevo secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, encontró en esa estrategia un nuevo argumento de confrontación con el Gobierno de Aznar y promovió una declaración, aprobada por el PSOE en Santillana del Mar, que se titulaba: 'La España plural: la España constitucional, la España unida, la España en positivo'. En noviembre de ese mismo año, 2003, se celebraron unas elecciones en Cataluña, que volvió a ganar Convergencia i Unió pero con mayoría insuficiente: José Montilla, socialista, le arrebató la Generalitat gracias al famoso ‘pacto del Tinell’, suscrito por el PSC-PSOE con Esquerra Republicana e Izquierda Unida. Lo que vino a continuación, cuando Rodríguez Zapatero, segundo presidente socialista, llegó a la Moncloa en 2004, fue una oleada de reformas estatutarias, entre ellas, especialmente, la de Cataluña, con las consecuencias desastrosas que provocó. Sencillamente, el presidente y líder del PSOE de entonces se comprometió a no cambiar ni una coma del estatuto anticonstitucional que aprobaron en Cataluña.

La similitud es perceptible y constante, a partir de una estrategia inicial para desestabilizar al Gobierno del adversario o conservar el propio

¿De qué pueden extrañarse, o protestar, ahora los veteranos del PSOE, y también muchos votantes? ¿De que Pedro Sánchez mantenga su mayoría parlamentaria gracias al apoyo de Esquerra Republicana? Preguntémonos por qué no se ha querido promover nunca desde la izquierda socialista —la derecha tiene su capítulo aparte de responsabilidad— una reforma que acabe con la anomalía democrática que hace recaer en los nacionalismos excluyentes la gobernabilidad de España. ¿Es peor Pedro Sánchez que Felipe González en este aspecto? Si se repasa la trayectoria desde los inicios de la democracia, lo único de lo que se pueden lamentar de la escalada es la degeneración, el empeoramiento, el resultado final de un partido español como el PSOE, desdibujado y desnortado. Pero la similitud es perceptible y constante, a partir de una estrategia inicial para desestabilizar al Gobierno del adversario o conservar el propio. Cada cual en su época, Felipe González y Pedro Sánchez han usado las mismas armas, sin consideración por las consecuencias.