Queipo de Llano, y ahora qué más

Quince años después de la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica (¡15 años!), el Gobierno de España se ha decidido a enviar una carta a la Hermandad de la Macarena instándola a que, a la mayor brevedad, saque de la basílica los restos de uno de los mayores monstruos de la Guerra Civil, Gonzalo Queipo de Llano. Los suyos y los de su mujer, Genoveva Martí, que está enterrada a su lado, aunque este último aspecto, que se sobreentiende, no se menciona en la pésima carta que ha enviado el Gobierno; como suelen, mucha literatura cursi, como para regalarse los oídos quien la redacta, pero poca concreción jurídica y varios fallos clamorosos sobre lo que se ordena.

A veces, son tan burdas y grotescas las equivocaciones que, al final, lo que se puede acabar pensando es que, en realidad, quienes no quieren sacar de allí los restos del criminal son aquellos que dicen promoverlo, que prefieren mantener viva esta polémica porque piensan que es más rentable políticamente que exhumarlos de una vez. Quince años es demasiado tiempo para que se sigan aprobando leyes y normas en España sobre los restos del franquismo, sin que todo eso no se interprete como una cruel demagogia carente de recursos. Por eso, conviene preguntarse ya, de forma directa: ahora Queipo de Llano, pero ¿y después qué viene?

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Antes de eso, repasemos los orígenes de esta polémica porque, al hacerlo, contemplaremos con claridad la descarada estrategia de dilación que se ha emprendido y que no tiene visos de modificarse. La primera vez que se solicitó la retirada de los restos mortales de Queipo de Llano fue en el año 2007, tras la aprobación en las Cortes de la primera Ley de Memoria Histórica por iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Conviene detenerse en el año: 2007, cuando todavía no se había declarado la primera gran crisis económica de la globalización, la financiera que se desató por la especulación y la burbuja inmobiliaria. Luego han venido más crisis, además de una pandemia y una guerra. “Y un volcán”, como le gusta añadir al presidente Pedro Sánchez. Quedaban cinco años para que comenzara el procés independentista y 10 para la revuelta sediciosa. Se aprobó la ley, que ya incluía la retirada de todos los símbolos y referentes franquistas de lugares públicos, pero nadie instó formalmente a la Hermandad de la Macarena a que procediese a cambiar los restos a un cementerio civil.

Fue la propia Hermandad la que en 2009, dos años después de aprobada la ley, se decidió por una solución intermedia, cambiar las lápidas y poner una inscripción nueva en la que no figurase que el allí enterrado fue un militar franquista. Solo dejó en la mención lo que sigue figurando en la actualidad: “Aquí reposa en la paz del Señor el hermano mayor honorario Don Gonzalo Queipo de Llano”. Antes ponía otra cosa: “Aquí reposa en la paz del Señor el excelentísimo teniente general…” ¿Por qué, en vez de modificar la lápida, la Hermandad no trasladó los restos a un columbario o a un cementerio? Lo que se ha repetido desde entonces es que la familia de Queipo de Llano se oponía al traslado y que, sin una orden directa y explícita del Gobierno, la Hermandad de la Macarena no quería adentrarse en un conflicto judicial con los familiares. Si estas razones resultan creíbles o no, es lo de menos, porque estaba en manos del Gobierno haber enviado una carta, como la actual, solicitando la resolución del problema.

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O podría haberlo hecho la Junta de Andalucía, que también aprobó dos leyes al respecto y estaba gobernada por el PSOE, al igual que el Gobierno de la nación de entonces. Incluso el Ayuntamiento de Sevilla, que también tiene una Oficina de Memoria Histórica y siempre se ha puesto de perfil. Quizá lo que todos ellos temían, al igual que la Hermandad, es que pudiese prosperar un recurso judicial porque quien está allí enterrado, además de un cruento y zafio asesino de decenas de miles de personas, financió y participó en algunas obras durante el franquismo de las que hoy disfrutan cientos de miles de vecinos. Como la Basílica de la Macarena. O como la Iglesia de San Gonzalo, en Triana, que acoge una de las hermandades más populosas de la Semana Santa, edificada en su honor tras promover una barriada de casas baratas cuando era gobernador militar. Quiere decirse, con ello, que si Queipo de Llano está enterrado en la Macarena no es por el terror, el miedo y el crimen, sino porque, con el beneplácito de la Iglesia franquista, se convirtió en su benefactor. Y la Hermandad lo declaró hermano mayor a perpetuidad. Con lo cual, a efectos jurídicos, es fácil pensar que la familia considere que tiene argumentos legales para denunciar el traslado, si es que ahora no recapacita y cierra de una vez esta triste página.

Por cierto, tampoco la Iglesia ha hecho nada. Tanto el arzobispo de Sevilla como el mismo Vaticano siempre se han puesto de perfil, a pesar de las reclamaciones por carta de ciudadanos y colectivos que les han llegado solicitando “su mediación e intervención para proceder a la exhumación de Queipo de Llano y su retirada al lugar privado que sus descendientes determinen”. Quince años y nadie hacía nada porque faltaba la orden del Gobierno que ahora ha llegado y, aun así, a pesar del retraso, con una inexplicable ignorancia sobre dónde están enterrados, exactamente, los restos de Queipo de Llano y su esposa, que no es bajo el camarín de la Virgen, como dice la Moncloa, sino en una capilla lateral de la basílica. Lo lamentable del error solo tiene que ver con el necesario rigor de las órdenes gubernativas, si no quieren dar lugar a nuevos enredos.

Opinión

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Pensemos, en todo caso, que esta vez sí saldrán de la Basílica de la Macarena los restos de Queipo de Llano y de Genoveva Martí. Con lo cual, volvemos a la duda inicial: y ahora qué. Porque, con todas estas polémicas estiradas en el tiempo, lo que oculta el Gobierno, y todas las administraciones que han aprobado leyes, normas y oficinas de memoria histórica, son los pocos recursos que se han destinado para zanjar la mayor deuda pendiente de España con la represión y el asesinato masivo de la Guerra Civil, las fosas comunes. Crece la burocracia política, pero nunca hay dinero suficiente para la tarea que tienen que acometer, con lo cual se genera un círculo vicioso interminable: como el problema sigue existiendo, se aprueban más leyes y nuevos organismos que consumen la mayor parte de los recursos y se quedan sin capacidad real para solucionar nada. Las estimaciones oficiales realizadas mencionan la existencia de 4.265 fosas comunes y hasta 100.000 cadáveres enterrados. Hace nueve años, en 2013, un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) instó a España a resolver esta situación y, ya entonces, señaló los incumplimientos. Unos años más tarde, repitió su denuncia con la misma conclusión: “El Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad”.

Pasó la época de Mariano Rajoy como presidente, en la que se avanzó poco o nada al respecto, y luego llegó Pedro Sánchez, más volcado en la autopropaganda que en resolver la verdadera indignidad que arrastramos, las fosas comunes del franquismo. Han pasado ya 86 años desde el inicio de la Guerra Civil, con lo que cualquiera podrá comprender que, quizá, la localización e identificación de cuerpos sea un imposible. O no, quién puede saberlo. Pero España se merece pasar ya esa página, dentro de las posibilidades reales que existan de localizar esas fosas, dignificarlas y recordar a las personas que allí fueron enterradas. Que esto de prestar toda la atención a los verdugos muertos y olvidarse de las víctimas asesinadas también debería repelernos como una cruel infamia.