El Constitucional explicado a jabalíes

Podemos establecer, sin miedo a equivocarnos, que lo peor del tiempo político que atravesamos no ha llegado todavía. La pendiente por la que se despeña el prestigio institucional comenzó hace años y todavía no hemos tocado fondo. En estos momentos, estamos en el ojo de ese torbellino y hasta que no pase todo no podremos valorar los daños.

El prestigio de las instituciones, además, es un bien intangible de las democracias, difícil de apreciar, sobre todo en países en los que la desconfianza de la ciudadanía de la clase política es una constante a lo largo de los años. Desde hace decenios, cuando se le pregunta a los españoles por sus problemas, incluyen a los políticos como uno de los principales. Pero, como luego, cuando llegan las elecciones, el personal acude a votar y, normalmente, reafirma a los partidos en sus estrategias, pues todo sigue igual.

No se observa un voto de castigo a aquellos que han infringido la ley, a quienes han caído en la corrupción, o a quienes han puesto en peligro la estabilidad del país, con lo cual nadie se da por aludido. En todo caso, a vista de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, en otras democracias que son mucho más antiguas que la nuestra, tampoco podemos lamentarnos. Digamos que, aun con sus defectos evidentes, la sociedad española en su conjunto es más responsable y atinada que otras que vemos despeñarse por un populismo corrosivo.

El peligro fundamental que detectamos en la democracia española está en la clase dirigente, antes que en la sociedad, en la ruptura de consensos institucionales fundamentales, sin reparar en las consecuencias nefastas para el futuro. Es lo que está ocurriendo con el Poder Judicial y con el Tribunal Constitucional desde que los dos principales partidos políticos de nuestra democracia, el Partido Popular y el Partido Socialista, los eligieron como campo de batalla.

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Allí, en este terreno, que tendría que ser neutral e intocable, lanzan sus ofensivas más agresivas, allí van dejando sus muertos, allí sitúan sus avanzadillas de abanderados y kamikazes. Al socavar y desacreditar institucionalmente al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, están serrando las bases de un poder fundamental del Estado, sin cuya estabilidad no es posible ninguna democracia, y no parece importarles. Pero es lo que está ocurriendo.

La última arremetida, tan irresponsable como grosera, ha llegado desde el Partido Popular, por boca de uno de sus muchos portavoces, Esteban González Pons. "El Tribunal Constitucional es el cáncer del Estado de Derecho", dijo el tipo. Luego, al ver el escándalo que provocaba su escupitajo, quiso rectificar y, para no desentonar de sí mismo, volvió a equivocarse: le pidió disculpas a los enfermos de cáncer... En fin, quizá no se pueda esperar más cuando la política se instala en esos bajos fondos.

El Partido Popular ataca ahora al TC porque la mayoría que lo compone es progresista, igual que antes el PSOE lo criticaba por conservador

La cuestión es que el Partido Popular ataca ahora al Tribunal Constitucional porque la mayoría actual que lo compone es progresista, de la misma forma que hasta el pasado año la mayoría de ese órgano se adscribía al sector conservador. En esos momentos, quien agredía salvajemente al Tribunal Constitucional no era el Partido Popular, sino el PSOE, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. La ofensiva se intensificó especialmente en el otoño de 2022, cuando se le llegó a acusar, incluso, de estar protagonizando un golpe de Estado contra la democracia.

De la polémica en sí misma, que consumió semanas y semanas del debate nacional, apenas se recuerdan ya algunos detalles, entre otras cosas porque ha sido superada ampliamente por otras tormentas similares. Y, sobre todo, porque el epicentro de todo aquello era el cuestionamiento del PSOE de la legitimidad del Tribunal Constitucional por la mayoría conservadora de entonces, con varios nombramientos caducados. Pedro Sánchez y Meritxell Batet, como presidenta del Congreso, hasta aprobaron declaraciones institucionales señalando el "golpismo" del Constitucional.

Se trata, en suma, de un quehacer político propio de jabalíes, siguiendo la famosa cita de Ortega y Gasset, que pronunció siendo diputado, y que debería de grabarse en una de las paredes del hemiciclo: "Ni el payaso, ni el tenor ni el jabalí".

Cuando fue acusado de "golpista"

"¿Qué quedará de todas estas acusaciones cuando cambie la composición del Tribunal Constitucional y pertenezca a la mayoría progresista? ¿Quién se hará cargo de los desperfectos?". Esa es la pregunta —retórica, por supuesto— que nos hicimos cuando la izquierda acosaba al Constitucional llamándolo "golpista", y lo que ha sucedido ya lo estamos viendo, que ahora es la derecha la que no lo considera legítimo por su mayoría progresista.

El PSOE y sus socios, entre tanto, ahora lo elogian y, en su lugar, han emprendido un acoso sin precedentes a los magistrados y tribunales que, en su deriva iliberal, autoritaria, consideran que entorpecen la acción del Gobierno.

Lo que quedará de todo esto es una desconfianza creciente de los ciudadanos en sus instituciones, porque la imagen que se ofrece es que todo está politizado, que no existe un criterio de imparcialidad en ninguna de las decisiones que se toman y que los tribunales aprueban sentencias políticas. Es decir, aquello que vienen afirmando radicales y antisistemas desde hace años porque ellos son los primeros interesados en un deterioro que acabe con la Constitución y con la democracia.

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De modo que, una vez más, aunque nos pueda parecer un gesto inútil, baldío, que nada consigue; aunque pensemos que nada va a cambiar, es importante levantar la mano para señalar la gravedad de lo que está pasando y el peligro que conlleva esta degradación del prestigio de las instituciones.

En cuanto al Tribunal Constitucional, lo que siempre debemos repetir: es un órgano al margen del Poder Judicial cuya composición sí que tiene un origen político. Es lo contrario de lo que ocurre, o debería ocurrir, con el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional sí que tiene una vinculación directa con las mayorías parlamentarias, porque de lo que se trata es que la interpretación de la Constitución, que es su papel principal, se vaya haciendo de acuerdo con los cambios que se producen en la sociedad.

Por esa razón, a diez de los doce magistrados los eligen las Cortes y el Gobierno, directamente, mientras que el Poder Judicial solo designa a dos. Es absurdo, por tanto, que nos asombremos de que el Constitucional tenga una mayoría progresista o conservadora, según el momento político. Otra cosa muy distinta es que se pretenda que el Tribunal Constitucional funcione como los grupos parlamentarios, que los magistrados sean culiparlantes, como aquellos de las Cortes de Cádiz, con disciplina de voto.

La Constitución deja muy claro que todos los magistrados deben ser "independientes" e "inamovibles", porque no pueden ser destituidos

La Constitución deja muy claro que todos los magistrados deben ser "independientes", además de "inamovibles", porque nadie los puede destituir por sus decisiones. Sin ninguna vinculación directa con "todo mandato representativo" político o sindical o estar "al servicio de los mismos". Es evidente que estos requisitos no pueden afirmarse en muchos de los magistrados del Constitucional y que, progresivamente, los nombramientos han ido degenerando. Hasta llegar a Conde Pumpido como presidente...

En todo caso, quien suscribe sigue fielmente en esta cuestión a mi compañero José Antonio Zarzalejos, por su experiencia y su conocimiento, cuando mantiene que debemos confiar en Conde Pumpido porque cuesta creer que un gran jurista como él, con enorme prestigio, se entregue a una labor destructiva del propio Tribunal Constitucional y, por añadidura, de la arquitectura constitucional española. Pues eso.