Dolores Delgado, pertinaz en el enchufe

Esta mujer, Dolores Delgado, fiscal, ya tiene demostrado que su mayor virtud es la constancia, lo cual suele ser uno de los mejores atributos de la naturaleza humana salvo cuando la perseverancia se vuelve ceguera y, una y otra vez, se incide en un error. Dolores Delgado es lo que tiene demostrado, que su pertinacia en el sectarismo no desfallece, con derivadas vulgares de enchufes y complicidades. Como se ha recalcado aquí otras veces, no es que la Fiscalía, en esos altos niveles de la carrera, haya sido un nido de arcángeles impolutos hasta que llegó Dolores Delgado a la Fiscalía General, pero nunca se había llegado tan lejos en la transgresión de principios esenciales.

Eso ocurre también en otras muchas facetas del Gobierno de Pedro Sánchez, que tantos moldes ha roto, con lo que deberíamos considerar, por lo tanto, que la fiscal Dolores Delgado es una de las creaciones más relevantes de esa factoría. Cuando todavía era fiscal general del Estado, muchos a su alrededor calculaban que su estancia en el cargo no podía acabar bien porque exhibía tres defectos fundamentales: incapacidad, indiscreción e incompatibilidad. La incapacidad entendida como la limitada cualificación profesional por su trayectoria; la indiscreción pública, que es radicalmente contraria al celo profesional de prudencia y de reserva, sagrado en la judicatura; y la incompatibilidad, que se adquiere al utilizar las puertas giratorias entre la judicatura y la política. Y añadían: “ha habido fiscales generales de todos los colores, pero lo que no ha sucedido nunca es que un fiscal general del Estado reúna los tres defectos a la vez y de forma tan ostensible”.

La cuestión es que, incluso a aquellos fiscales generales que exhibían con más descaro su vinculación política con un partido, les salvaba ante sus compañeros el extraordinario respeto que les tenían por su elevada cualificación y prestigio profesional. Con Dolores Delgado no ha sido el caso y, al poco de llegar a la Fiscalía General, ya se produjeron las primeras denuncias contra ella por un vicio que se ha mantenido intacto hasta hoy, el sectarismo en los nombramientos. Cada vez que se le presentaba la ocasión, beneficiaba a uno de sus antiguos compañeros de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación a la que ella misma pertenecía hasta que Pedro Sánchez la nombró ministra de Justicia en junio de 2018.

Hay un caso revelador que nos muestra con mucha claridad esta pertinacia en el enchufe de la que se habla. En su primera etapa como fiscal general del Estado, Dolores Delgado decidió nombrar fiscal de sala de Menores a una persona de su confianza, por supuesto de la asociación progresista de fiscales. La designación se realizó aunque había candidatos que reclamaban tener más méritos para ese puesto y en contra, también, del criterio de la Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria en la carrera, al entender que no cumplía las exigencias mínimas para ocupar ese cargo. Dolores Delgado reivindicó entonces los “amplios márgenes de discrecionalidad” de los que disponía como fiscal general para realizar ese nombramiento y lo impuso. El asunto acabó en el Tribunal Supremo, que revocó el nombramiento. Dolores Delgado, sin embargo, no se amilanó y, en las mismas condiciones, volvió a repetir el mismo nombre para fiscal de sala de Menores. Otra vez al Tribunal Supremo y, de nuevo, en julio del año pasado, se anuló por segunda vez el nombramiento.

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Ha sido la única vez en la historia en la que el Tribunal Supremo ha revocado en dos ocasiones la designación discrecional de un fiscal de sala por parte del fiscal general del Estado. Y, como se decía antes, no porque los nombramientos anteriores no hayan pecado, en ocasiones, de vicios de discrecionalidad, sino porque siempre tiene que existir un equilibrio y, sobre todo, porque nadie puede pretender ser fiscal general del Estado con las más altas jefaturas de la carrera en su contra, entre ellas el Consejo Fiscal. Ese fue el principal error de Dolores Delgado cuando estuvo en el cargo y ese está siendo el defecto fundamental de quien la sustituyó como fiscal general, Álvaro García Ortiz, que era su ‘número dos’, por supuesto, también de la Unión Progresista de Fiscales.

Dolores Delgado dimitió en julio de 2022 por “motivos de salud”: acababa de salir de una baja médica de dos meses tras una intervención quirúrgica para extirparle un quiste sinovial en la columna vertebral, y decidió parar, alejarse de la tensión y los conflictos, para recuperarse plenamente. Pero no sucedió exactamente así. Es más, ha ocurrido lo contrario, ha seguido envuelta en la polémica por la misma razón de siempre, querer forzar ascensos en la carrera sin reunir los requisitos que se exigen. Lo que ella hacía como fiscal general del Estado ha seguido haciéndolo Álvaro García Ortiz y las consecuencias de estrellarse contra ese muro son las mismas. El hombre quiere ascender a su antigua jefa y siempre acaba mal. El Tribunal Supremo anuló, primero, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar, y, ahora, su designación como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

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El objetivo de Dolores Delgado es acabar la carrera en lo más alto del escalafón y lo ha intentado de todas las formas posibles, incluida una reforma legislativa que pretendió impulsar, cuando todavía era fiscal general, para blindarse un puesto de esa naturaleza; el PSOE, presionado por los comisarios europeos, desistió finalmente en el Congreso. Sostienen en la fiscalía que, tras los varapalos judiciales recibidos, no sería de extrañar que el fiscal general actual decida ignorarlos y, como ocurrió con la fiscalía de menores, que vuelva a proponer a Dolores Delgado para el mismo puesto que le han denegado. De hecho, García Ortiz está tan convencido de que tiene razón, que el Tribunal Supremo debe haberse equivocado, que, con la mayor tranquilidad, sostiene que no consultado al Consejo Fiscal al respecto porque “era tan evidente para mí que la incompatibilidad no existía”, que no lo ha considerado necesario.

Como la persistencia en el error es una forma de ceguera, no descartemos episodios repetidos de esta misma secuencia. Y, en todo caso, cuando al final dejen todos ellos la Fiscalía General del Estado se irán lanzándose flores, como hizo la propia Dolores Delgado cuando dimitió. Este fue su balance: “Se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la Justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables”. Seguro que todos sus compañeros están de acuerdo en ese balance, pero si la frase se corta un poco antes, justo cuando asegura que se ha producido “un cambio de paradigma en la Fiscalía”. Ahí, el punto final; todo lo demás, sobra.