Hacia una delincuencia constitucional

El Tribunal Constitucional es el que muestra un camino seguro para la delincuencia. Con la sentencia de los ERE, ya tenemos el segundo gran hit de la legislatura contra los pilares esenciales de un Estado de derecho: un tribunal que instruye a los delincuentes políticos y un delincuente político que redacta una ley para su propia amnistía. Con lo cual, es normal que los unos y los otros se muestren eufóricos y ahora tengamos que soportar que, encima de todo, vayan diciendo que ha quedado demostrado que todo lo que había contra ellos era “un montaje político”, como le hemos oído decir a los dos expresidentes autonómicos a los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha salvado de una condena segura, Carles Puigdemont y Manuel Chaves. Junto a ellos, la mayoría de los que los acompañaron en sus tropelías, con un fraude conjunto de dinero público de varios cientos de millones de euros.

Tan burdo ha sido todo, que solo vale la pena insistir en lo que está ocurriendo para que, por lo menos, no puedan pensar que mejor estarían callados, no sea que acabe hablando alguno de los que sí cargarán con la culpa de lo ocurrido. Porque delito, fraude millonario, malversación y prevaricación de casi 700 millones de euros; el abanico completo de delitos cometidos por la Junta de Andalucía, durante una década de gobiernos socialistas, ha existido y nadie, ni siquiera el Tribunal Constitucional lo cuestiona. Lo único que dice la brigada de Cándido Conde-Pumpido, como ahora veremos, es que supieron cómo convertir en legal la comisión de varios delitos con su fraude.

“No ha habido trama política, ni confabulación ni nada”, ha dicho el expresidente Manuel Chaves y, como le ha recordado el catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, debe ser que ni siquiera se ha leído la nota de prensa completa del Tribunal Constitucional, en la que se dice que él cometió tres irregularidades que merecen ser delito, aunque le hayan anulado otras muchas que fueron las que consideró suficientes el Tribunal Supremo para su condena. “De modo que cuando la Audiencia de Sevilla vuelva a dictar sentencia, lo condenará por un delito de prevaricación continuada o, bien, por tres delitos distintos. Pero ni Chaves, ni Griñán ni ninguna de las personas que han recurrido al Tribunal Constitucional han sido absueltos, siguen siendo delincuentes, aunque les hayan rebajado la pena, por usar una terminología comprensible”, añade Ruiz Robledo.

¿Cuál es la gravedad, entonces, de lo resuelto por el Tribunal Constitucional y, sobre todo, por qué se dice que se ha desmontado, anulado o desmantelado el caso de los ERE? Pues por la propia irracionalidad jurídica de la ponencia aprobada, que en su empeño exclusivo por salvar del delito a los principales dirigentes socialistas que fueron condenados, autoriza un espacio de impunidad incomprensible, desde el punto de vista penal, e incomprensible para los ciudadanos. Todo se entiende mejor si repasamos la cronología de lo sucedido, como en otras ocasiones.

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El Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que estuvo en el poder cuatro décadas, comenzó a distribuir las ayudas y subvenciones al empleo de forma “arbitraria y discrecional, al margen de todo condicionante legal” -son los términos que nadie discute- a partir del año 2000. En las dos décadas anteriores, la concesión de esos fondos se realizó de forma legal por los mismos dirigentes que luego fueron condenados. ¿Y qué ocurre en el año 2000 para que se cambie el criterio? No lo sabemos, obviamente, aunque sí podamos sospechar que fue determinante que, en ese año, el PP ganó por mayoría absoluta el Gobierno de España y que el PSOE había entrado en crisis tras la salida de Felipe González. Para asegurar la hegemonía socialista en Andalucía, era conveniente perfeccionar un sistema clientelar sin ataduras legales.

En todo caso, es lo de menos; la cuestión es que en los años 2000 y 2001 las ayudas comienzan a distribuirse a través de sucesivas modificaciones de crédito que se destinaban a una partida presupuestaria dispuesta al efecto. Como los problemas legales que provocaba ese sistema eran muy evidentes, a partir del año siguiente, 2002, lo que hace el Gobierno de Manuel Chaves es ‘perfeccionar’ el fraude, con un marco legal apropiado: el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía donde se contemplaban unas transferencias de financiación destinadas a la famosa partida 3.1.L, el ‘fondo de reptiles’. Cuando todo eso se destapó, el mismo Gobierno socialista lo desmanteló y volvió a la legalidad.

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El disparate del Tribunal Constitucional consiste en aceptar como válido que el Gobierno andaluz perfeccionase legalmente el fraude, camuflándolo en los presupuestos autonómicos. Por esa razón, anula todos los delitos cometidos a partir del año 2002, que es el grueso del fraude cometido, y ordena a la Audiencia de Sevilla que vuelva a pronunciarse solo sobre si constituyeron prevaricación las cinco modificaciones de crédito aprobadas entre abril de 2000 y noviembre de 2001. A partir de esa fecha -y aquí está la pirueta-, el Tribunal Constitucional considera que, aunque se siguió cometiendo el fraude, no se puede culpar a quien solo aprobó el proyecto de ley de presupuestos porque todavía no es ley, obviamente, y, por tanto, constituye un acto político sobre el que los tribunales de Justicia no pueden pronunciarse. El Tribunal Constitucional lo dice así: "El proyecto de ley cuyo contenido contraviene la normativa existente, mientras que es proyecto no puede someterse a un juicio de legalidad -en ese momento es un acto inexistente para el Derecho- y, una vez que se ha aprobado, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad”.

Conviene repetir otra vez que ese criterio no lo ha establecido por primera vez el Tribunal Constitucional, ya lo habían planteado las defensas de los procesados y el debate jurídico ha estado presente en el proceso desde la misma fase de instrucción, cuando la jueza Mercedes Alaya comenzó a investigar. Pero ni la instructora, ni la Audiencia de Sevilla, ni el Tribunal Supremo consideraron exculpatoria esa argucia, y mantuvieron la responsabilidad penal de quienes quisieron legalizar el fraude. La misma responsabilidad penal, el mismo dolo, para las modificaciones de crédito que para las transferencias de financiación. Tampoco atendió la Fiscalía las peticiones de la defensa de los acusados, pero ahora, por primera vez, ha modificado su propio criterio y ha defendido lo contrario en el Tribunal Constitucional. La cuestión, en definitiva, es que ninguno de ellos quiso amparar un espacio de impunidad que pueda servir, además, para futuros procesos. Una forma segura de promover un fraude con dinero público, como si se hubiera abierto la vía para una delincuencia constitucional.