Contra la koiné nacional de España

"El español de los indios era un español mestizo que incorpora muchos elementos léxicos de tipo popular, local y vulgar. Era un castellano no aprendido en la escuela (...) sino en la calle en el contacto cotidiano con los colonos".

(Santiago Muñoz Machado. Hablamos la misma lengua. Editorial Crítica, 2017. Página 577)

España no es una nación plurilingüe sino multilingüe. Se hablan diferentes idiomas, pero los ciudadanos, en su inmensa mayoría, no se expresan más que en uno. Ocurre en muchos otros países. En Europa se hablan más de 50 lenguas minoritarias. Así lo expresa con claridad Ángel López García-Molins, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Valencia (*), que precisa lo siguiente: “Un país es multilingüe cuando se hablan en él varias lenguas (...) En cambio, un país es plurilingüe cuando sus ciudadanos se esfuerzan por manejarse en varias de sus lenguas y dicha pluralidad lingüística forma parte de la esencia del país”. Esta realidad histórica —la coexistencia de lenguas en España— es la que alumbró el castellano como la koiné nacional, es decir, como el idioma común, como “lengua fácil y accesible, la cual, lejos de marcar distancias basadas en la nacionalidad, las suprimía”, en palabras del académico citado.

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Señala también García-Molins que el primer idioma culto de la península Ibérica, después del latín, fue el gallego, el internacional, el catalán/valenciano, y el único idioma peninsular y de sus extensiones pirenaicas, el euskera, de modo que la koiné fue la lengua castellana, que no se denomina española en nuestra Constitución —como pretendía Camilo José Cela, que propugnó una redacción del artículo 3º que rezase “el español o castellano”— porque esos idiomas son también españoles. Por lo tanto, el castellano fue una lengua de entendimiento y de cohesión. Una lengua franca.

El castellano y la II República

La Constitución de la II República (1931) fue la primera en la historia —ninguna otra anterior— que en su artículo cuarto establecía lo siguiente: “El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional”.

Los constituyentes republicanos consideraron con buen criterio que el concepto de la igualdad ciudadana pasaba por establecer un paradigma lingüístico común y la Constitución de 1978 siguió los pasos de la republicana en este punto, aunque con mayor reconocimiento a las otras lenguas españolas, al establecer que “serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos”, advirtiendo de que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial protección”.

Opinión

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La lengua castellana, nuestra koiné, es una lengua “ecuménica” (así la denomina García-Molins) que no amenaza en absoluto la existencia de los otros idiomas españoles. Lo que a estos les hacen entrar en riesgo son la globalización y la intolerancia hacia el castellano de los nacionalistas e independentistas, porque han “provocado la rebelión [de los hispanohablantes] y la escisión de la comunidad bilingüe en dos grupos antagónicos”.

'Lenguas en guerra'

De tal manera que, como escribió en 2005 la también lingüista Irene Lozano antes de entrar en política —primero con UpyD y luego con el PSOE—, España es territorio de Lenguas en guerra (Premio Nacional de Ensayo de Espasa) porque son las que “cargan con la identidad”. Lozano, asertiva, proclamó en ese excelente relato que “las naciones, las religiones y, en general, las instituciones cercanas al poder han encontrado en las lenguas un animal de carga perfecto para endosarle el fardo de una identidad nacional o una misión mesiánica (...) sin embargo, lo importante es que esas marcas lingüísticas no conforman la identidad, sino que simplemente la marcan”. Y añadía: “Ninguna identidad nacional debería anteponerse nunca al progreso de las personas. Si además resulta que el español permite a sus hablantes establecer contacto con otros 400 millones de seres humanos [ahora más], fomentar el monolingüismo resulta, sencillamente, un desvarío cuyos máximos perjudicados son los habitantes de esa nación en construcción”.

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Los idiomas como mercancía de transacción

Si entendemos los términos de la cuestión según los criterios progresistas (sí, en cursiva), parecería coherente que se mantuviese en las instituciones comunes del Estado la koiné de España, salvo en aquellas que por razón de su pretendida representación territorial (el Senado) adquiriese un singular sentido la utilización de las lenguas vernáculas de comunidades en las que, como en el País Vasco (diglosia) y Cataluña (bilingüismo imperfecto), no lo son para la mayoría de sus ciudadanos. La II República lo entendió así y en el artículo segundo del Estatuto catalán de 1932 dispuso lo siguiente:

“El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación entre las autoridades del Estado y las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano. Toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña deberá ser publicada en ambos idiomas. La notificación se hará también en la misma forma, caso de solicitarlo parte interesada. Dentro del territorio catalán, los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrán derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los Tribunales, Autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República. A todo escrito o documento que se presente ante los Tribunales de Justicia redactado en lengua catalana, deberá acompañarse su correspondiente traducción castellana, si así lo solicita alguna de las partes. Los documentos públicos autorizados por los fedatarios en Cataluña podrán redactarse indistintamente en castellano o en catalán; y obligadamente en una u otra lengua a petición de parte interesada. En todos los casos, los respectivos fedatarios públicos expedirán en castellano las copias que hubieren de surtir efecto fuera del territorio catalán”.

'Descohesión' nacional

Un mandato como el del Estatuto catalán de 1932 sería realmente imposible ahora en nuestro país, cuya mayoría parlamentaria se dispone hoy a introducir en el Congreso, deprisa y corriendo, el uso de las lenguas cooficiales, que no lo son en el Estado, sino en determinadas comunidades autónomas. Pero se aprueba la iniciativa como condición para una transacción política (la investidura de Sánchez), se hace hostilmente contra la koiné nacional, se hace con ese espíritu fraccionador y segregador de los nacionalismos e independentismos catalán y vasco. Esta medida forma parte del propósito de la descohesión nacional, porque se utilizan las lenguas como factores identitarios no a su favor sino contra la que es común y nacionaliza históricamente España. El objetivo consiste en ir quebrando el entramado emocional y efectivo entre los ciudadanos, agudizando hasta el paroxismo el enfrentamiento de identidades. No se logrará ese propósito, pero esa es la intención. ¿Qué reacción tendrán los hablantes araneses, aragoneses, asturianos, canarios, murcianos, romaníes y extremeños sin derecho a traducción de sus variantes lingüísticas? Y ¿qué ocurrirá con los idiomas de los migrantes instalados en España de habla no hispana?

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En definitiva, la koiné española —la lengua castellana— resolvía esa cuestión del multilingüismo y protegía los demás idiomas de España en los distintos ámbitos territoriales. Ahora se trata, sin embargo, de ir dando golpes de piqueta a lo común. O sea, de romper, no de integrar. El motivo: puramente el poder por el poder, sin proyecto, sin ética cívica, sin respeto a la historia y a sus progresiones en los derechos individuales y en la ciudadanía.

La lengua común requiere, muy por el contrario, por su valor cultural y económico, políticas de Estado, como reclaman con sólidas argumentaciones los catedráticos de Economía Aplicada José Antonio Alonso, Juan Carlos Jiménez y José Luis García Delgado en su reciente libro Los futuros del español (Editorial Alianza, 2023), que sigue con perseverancia el estudio del español en nuestro país y en el mundo tanto desde el punto de vista estadístico como de otras variables que lo configuran como una palanca de riqueza y presencia internacional de las culturas españolas, reflejado todo ello en estudios recurrentes desde hace años.

La UE y los idiomas

No irá por este camino de dispersión la Unión Europea que, con ya 24 idiomas oficiales, pretende evitar la maldición de Babel. Muchos Estados de los Veintisiete que la integran son multilingües y ninguno ha formulado planteamientos como el del Gobierno español a través de un ministro de Exteriores en funciones incompetente para iniciativas de naturaleza extraordinaria como la solicitud con la oferta —sin partida presupuestaria a tal efecto— de financiar el coste de la cooficialidad del gallego, el euskera y el catalán para, supuestamente, facilitar la incorporación de estas lenguas a las oficiales en Bruselas y Estrasburgo. La petición del Gobierno en funciones se debatirá —sin admitirse— en la Comisión de Asuntos Generales, sin visos de que pueda aprobarse.

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No hay Ejecutivo europeo que tome medidas de este calado a rebufo de los partidos nacionalistas o independentistas, que haberlos los hay. Lamentablemente, España y su capacidad autodestructiva sí son diferentes de las de cualquier otro Estado de la Unión.

(*) “El español como lengua de creación e integración”. Ciclo de conferencias en el Senado, 27 y 28 de septiembre de 2018. Editado por las Cortes Generales. Congreso de los Diputados (Departamento de Publicaciones, 2019).