El grave riesgo de desautorizar al Rey y la efeméride del golpe de 1923

"Las monarquías de Juan Carlos I y Felipe VI han sido y son republicanas".

(Jordi Canal. La monarquía del siglo XXI. Turner, 2019. Página 41)

28 de noviembre de 2019. En el salón principal del hotel Ritz de Madrid:

“Quisiera decirle una cosa que, me temo, los catalanes no le hemos dicho con la claridad con que hubiéramos debido decírselo. Quisiera darle las gracias porque el día 3 de octubre de 2017, mientras un grupo de políticos felones intentaba imponernos a la mayoría de nosotros, por las bravas, un proyecto minoritario, inequívocamente antidemocrático y profundamente reaccionario —es decir, mientras esos políticos arremetían contra nuestras libertades e intentaban derogar el Estatut y violar la Constitución, aboliendo el Estado de derecho—, usted nos dijo que no estábamos solos. Porque éramos, repito, la mayoría, centenares de miles, millones de catalanes, pero nos sentíamos solos. Y teníamos miedo. Mucho más miedo del que ahora queremos recordar, mucho más del que nos gustaría confesar, mucho más del que ustedes imaginan. Y aquel día usted, señor, nos dijo que no estábamos solos, y —esto es lo más importante— al decírnoslo usted nos lo dijo el Estado democrático que usted representa. Que no estábamos solos. Que no nos iban a abandonar. Y que esta vez, por lo menos esta vez, no pasarían. Y no pasaron. Así que muchas gracias”.

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Este párrafo es parte del discurso de Javier Cercas en la cena de entrega de la XXXVI edición del premio de periodismo Francisco Cerecedo que concede la Asociación de Periodistas Europeos. El jurado del galardón, reunido en el mes de julio anterior e integrado por representantes de medios de todo el espectro editorial, consideró que el escritor catalán de origen extremeño, entre otros muchos méritos, atesoraba el de dar “voz a las personas que se sentían huérfanas de eco en el debate público”. Y lo acreditó de manera rotunda ante el Rey de España —que acude todos los años a esa ceremonia, a la que no falta tampoco la Reina— en unos momentos cruciales. Cercas representó oficiosamente a “cientos de miles, millones” de catalanes silentes.

Cercas y la izquierda coherente

Las palabras del Rey no fueron entonces una anécdota ni resultan ahora un anacronismo. Si en aquel momento Javier Cercas levantó el asedio a Felipe VI impuesto por la corrección política que, como una fetua, decretaron —y siguen haciéndolo— determinada izquierda y el independentismo catalán y vasco, recordar sus palabras adquiere un sentido perentorio. Porque los planteamientos que se manejan para pactar la investidura de Pedro Sánchez con esos “políticos felones” (sic del escritor) son lesivos, probablemente letales, para el sistema constitucional, y por lo tanto para la monarquía parlamentaria y para el Rey como titular de la Corona.

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Importa subrayar que el escritor de obras tan inolvidables como Soldados de Salamina o Anatomía de un instante (el mejor reportaje periodístico y literario sobre aquellas horas críticas del 23-F de 1981) es un ciudadano tan comprometido como pueda significar su apoyo a los partidos de la coalición de gobierno en las pasadas elecciones del 23 de julio. Javier Cercas firmó, junto a otros casi tres centenares de personalidades, el manifiesto "¡A las urnas, ciudadanos y ciudadanas!", en el que se advertía “contra la ofensiva conservadora con derivaciones ultraderechistas”. Su patrimonio ideológico, sin embargo, no se ha impuesto a su honradez intelectual: el pasado miércoles, Javier Cercas ("No habrá amnistía") publicó en El País uno de los alegatos más contundentes, inteligentes y coherentes de cuantos han podido leerse contra esa medida de gracia. El escritor mostró cómo es posible militar políticamente sin incurrir en el sectarismo.

El discurso real del 3-O

Aquel memorable agradecimiento a Felipe VI expresado con la valentía habitual en Javier Cercas recompensaba la integridad democrática del mensaje del jefe del Estado pronunciado dos años antes, el 3 de octubre de 2017. Lo esencial del discurso del Rey se contiene en los siguientes dos párrafos:

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“Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones, han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando —desgraciadamente— a dividirla. Hoy, la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”.

“Esas autoridades —continuó el Rey— han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”.

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El discurso de Felipe VI, refrendado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y amparado en las competencias que la doctrina constitucional atribuye al monarca (léase a este respecto la obra La jefatura del Estado parlamentario en el siglo XXI, dirigida por el catedrático Javier Tajadura, y la más reciente del profesor Antonio Cidoncha Martín titulada Neutralidad y jefatura del Estado), acreditó el más depurado entendimiento por el Rey de la monarquía parlamentaria en una democracia liberal como la nuestra —y como las del Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega…— y su compromiso con los propósitos a los que se refirió en su discurso en el acto de su proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014.

Las lealtades del Rey

Felipe VI es un Rey leal a la Constitución y al pulcro engranaje parlamentario de la Corona, tanto en su función representativa y simbólica como en el mantenimiento de la estabilidad en la cúpula del Estado, basada su magistratura en la legitimidad de origen constitucional y en la de ejercicio que, de forma constante, suministra sentido a nuestra forma de Estado. Precisamente por ello, el Rey está en la diana de las fuerzas que pretenden la ruptura del pacto constitucional y sus fundamentos: por una parte, la unidad territorial de España y el derecho a la autonomía de sus nacionalidades y regiones (artículo 2 º de la CE) y, por otra, la monarquía parlamentaria (artículo 1 º de la CE), que es la “forma política del Estado”. Un Estado que, como dijo el Rey y recordó Javier Cercas en su sonado agradecimiento a su discurso del 3-O, fue afrentado por el golpe de septiembre (leyes de desconexión) y octubre (referéndum ilegal) de 2017 en Cataluña.

Habrá que decirlo sin eufemismos: una amnistía para los responsables de aquellos hechos —o la impunidad para los que aún están por juzgar— significaría ni más ni menos que desautorizar al Rey, que quedaría en situación todavía más precaria —por su carácter de institución unipersonal— que el Senado que aprobó las medidas de intervención al amparo del artículo 155 de la Constitución a propuesta del legítimo Gobierno de la nación, apoyado por la oposición del PSOE en la Cámara Alta, y que el Tribunal Supremo y otros órganos jurisdiccionales —la Audiencia Nacional— que dictaron condenas penales. Por eso, una amnistía, de aprobarse, implicaría una completa deslegitimación de la actual democracia en España, que está constituida “en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

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La decisión política de una amnistía sería del Gobierno en funciones (o en plenitud de competencias, si fuese después de la investidura y nombramiento de los ministros) y de los grupos parlamentarios que lo sostienen en el Congreso y, por lo tanto, de su íntegra responsabilidad, sin posibilidad de endosársela al Tribunal Constitucional. Eso sí: el Poder Judicial, a través del ejercicio jurisdiccional ordinario de jueces y magistrados que “administran” la justicia “en nombre del Rey”, pero que “emana del pueblo” (artículo 117 de la CE), tiene el derecho y el deber de plantear cuestiones de inconstitucionalidad (artículo 163 de la CE) que suspenderían provisionalmente la aplicación de una eventual ley de amnistía. Sin perjuicio de los recursos de inconstitucionalidad de otras instancias legitimadas para interponerlos.

La practicabilidad de la monarquía

El Rey es el primer servidor del Estado, sus decisiones son actos debidos que deben ser refrendados explícitamente por el presidente del Gobierno, los ministros y la presidenta del Congreso, y, en otros casos, de manera implícita (El refrendo. Pedro González Trevijano. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Boletín Oficial del Estado. Edición de 1988). Pero Felipe VI es un ciudadano; un hombre con convicciones personales ahormadas en el cumplimiento de sus obligaciones. En una monarquía parlamentaria, la Corona es posible si los dirigentes de las instituciones, los partidos políticos y todas las instancias con responsabilidades políticas y de gestión pública propician su normal desenvolvimiento. Por esa razón y no por otra, las personas que desempeñan las más altas responsabilidades en el Estado juran o prometen específicamente, además del cumplimiento de la Constitución, “lealtad al Rey” (Real Decreto 707/1979 de 5 de abril).

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El presidente en funciones del Gobierno y el PSOE están jugando con fuego. Y lo saben. Porque tanto Pedro Sánchez, ostensiblemente, como varios de sus ministros —entre ellos, Juan Carlos Campo, de Justicia y ahora magistrado del Constitucional— aseguraron no hace precisamente demasiado tiempo que la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico. La hemeroteca es un testigo de cargo para el caso de que se traicionen.

Evitar “el desatino”

Tal día como hoy, 15 de septiembre, se cumple el centenario del decreto de Alfonso XIII que designó a Miguel Primo de Rivera jefe del Gobierno y presidente del Directorio Militar —“Se confiere al teniente general Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella, el cargo de presidente del Directorio Militar encargado de la Gobernación del Estado, con poderes para proponer cuantos decretos convengan a la salud pública, los que tendrán fuerza de ley (...)”—. Aquel fue un golpe de Estado contra la Constitución de 1876 que contó con los parabienes de sectores amplísimos de la sociedad española, de intelectuales y organizaciones políticas. Y que el bisabuelo de Felipe VI no supo, no quiso o no pudo evitar, siendo su obligación hacerlo.

El debate de los historiadores sobre la responsabilidad de aquel monarca constitucional pero no parlamentario —tenía poderes ejecutivos— se ha avivado y permanecen tres versiones: la de aquellos que no pueden garantizar el alcance de su complicidad con los militares golpistas (es el caso del fallecido Javier Tusell y Genoveva G. Queipo de Llano), los que le imputan una culpa prácticamente absoluta (así lo hace Javier Moreno Luzón en la biografía del monarca El rey patriota: “Así pues, Alfonso XIII resultó decisivo en el triunfo del golpe”. Página 414) y los que le excusan totalmente, como Roberto Villa en su El golpe que cambió la historia de España).

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Ante ese antecedente tan condicionante de la historia política de España, ahí está el comportamiento impecable del Rey. La defensa inequívoca de la Constitución, de la democracia y la igualdad por Felipe VI —bisnieto de Alfonso XIII— en su mensaje del 3 de octubre de 2017 hace de la Corona un baluarte con auctoritas frente al propósito destituyente. Esa realidad incontrovertible no se puede eludir por aquellos que prometieron “lealtad al Rey” en reciprocidad con la permanente de Felipe VI a la Constitución de 1978. Él la defendió como Rey y como demócrata, emulando a su padre en febrero de 1981, un mérito que no se puede regatear a Juan Carlos I.

Una amnistía como contrapartida de una investidura dejaría al Rey en una posición —institucional, pero también personal— delicadísima, porque le corresponde “sancionar y promulgar las leyes” (artículo 62.a de la CE). Y la amnistía sería una ley orgánica. Piénsenlo quienes tienen esa decisión en su mano. Asumir ese coste colectivo para continuar en el poder y no por razones de interés general y nacional conllevaría una responsabilidad histórica. Y sería, en expresión literal de Cercas, “un desatino”.