Las tres derivas irreversibles del 'nuevo' PSOE

Cumplida una década del liderazgo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español, el socialismo que representa esa organización no es históricamente reconocible. Tampoco lo es desde una perspectiva actual y, menos aún, desde otra de futuro. La formación ha quedado subordinada al mando omnímodo de su secretario general, que ha patrimonializado el Estado neutralizando todos sus resortes de reacción defensiva. Lo que está sucediendo trae causa de la propia crisis del PSOE que alcanzó su punto de quiebra en octubre de 2016 con la renuncia de Sánchez a la secretaría general y su regreso a ella tras las primarias de 2017.

El dirigente socialista redujo a la nada la organicidad del partido, entregó supuestamente el poder decisorio a una militancia que previamente radicalizó y, ante la imposibilidad de obtener resultados parlamentarios suficientes para alcanzar, primero, y mantener el poder, después, decidió que el PSOE se comportase como un primus inter pares en un bloque político integrado por una extrema izquierda extenuada (antes Podemos, ahora Sumar) y por una agrupación de oportunidad de los nacionalismos e independentismos vasco, catalán y gallego. Y hasta aquí hemos llegado.

Es cierto que el declive de la democracia liberal tal y como la hemos conocido en los países occidentales, de Estados Unidos a Italia o Francia, parece corresponderse con la emergencia de dirigentes con una vocación autocrática. De ahí que las llamadas ‘democracias electorales’ ganen terreno a las tenidas por ‘plenas’ y se acerquen claramente a esos regímenes que se legitiman en el mayoritarismo, otra tendencia iliberal que destroza los contrapesos democráticos. España y su socialismo, así como las fuerzas extremas de un lado y de otro, no se libran de la sugestión que provocan en los electorados los líderes impertérritos, temerariamente audaces y relativistas. En ese contexto hay que insertar la gestión de Pedro Sánchez. Es el único dirigente que sigue apellidándose ‘socialista’ en una Europa en la que sus pares han desaparecido porque los partidos otrora hermanos del PSOE han sido absorbidos, o extremamente debilitados, por fuerzas a su izquierda o por sucedáneos, al tiempo que las derechas tradicionales han de pelear su espacio contra los radicalismos xenófobos y nacionalistas.

A un año de las elecciones generales del 23-J, los efectos del pacto a todo trance y sin escrúpulos de Pedro Sánchez con fuerzas antisistema se perciben en toda su crudeza. El Estado democrático y de Derecho convulsiona con tensiones segregacionistas tratadas complacientemente para mantener el poder, el funcionamiento de las instituciones, colonizadas, responde a intereses de parte, el orden jurisdiccional está siendo invadido por la justicia constitucional, la política exterior es instrumental al servicio de criterios opacos y las libertades están siendo amenazadas por prácticas incompatibles con su plena vigencia.

Opinión

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Lejos de detener esta dinámica destructiva, el presidente del Gobierno y el ‘nuevo’ PSOE, la acelera. Estamos viviendo en estos días una precipitación de acontecimientos que reclamaría una profunda reflexión en aquellos que están secundando la trayectoria de un hombre – Pedro Sánchez- sin atender al más mínimo rigor cívico y ético, subordinando todo a su dictado, sin proyecto de país y sin modelo político. Pero hay tres derivas en ciernes que el PSOE debería detener de manera inmediata porque, de no hacerlo, causarían un daño quizás irreversible a la médula democrática de una sociedad como la española que ha demostrado comportarse con una autoestima bien lejana a la de su clase dirigente en general y a la gubernamental en particular.

La primera deriva que se avizora es la ruptura del modelo de financiación de régimen común del que se excluiría a Cataluña. Sencillamente, no es posible porque afectaría al principio de legalidad constitucional si esa singularidad se plasmase en un sistema concertado al modo del vasco o del navarro que, por excepcional, confirma la regla. Estaríamos ante una mutación constitucional que la Corte de garantías validaría siguiendo el camino emprendido de justicia creativa y de interpretación constructivista de las normas. Para sustituir la imposibilidad de reformar la Constitución, la creatividad de los magistrados del TC haría su trabajo como hasta ahora, por vía hermenéutica, al modo de colegisladores.

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La segunda deriva igualmente grave es la que se deduce del propósito del presidente del Gobierno de alterar el cuadro normativo que establece con nitidez el campo de juego democrático de la libertad de expresión y de prensa (un entramado que ha funcionado de manera ejemplar) basada solo y únicamente en distorsionar la realidad de comportamientos que le afectan —con sanción penal o sin ella— abiertamente contrarios a la más elemental ética cívica. Puede insistir la portavoz del PSOE, patéticamente, que no ‘hay nada de nada’ porque si así fuera Pedro Sánchez no subiría mañana a la tribuna del Congreso para meter el bisturí en el organismo más vital de la democracia que es el de la libertad de los medios de comunicación que, tanto por normas nacionales como europeas, ha alcanzado una máxima regulación. Ir más allá sería traspasar una frontera de manera dañina para el sistema.

La tercera deriva que ya se anuncia con pasmosa determinación es que el titular de la fiscalía general del Estado, constitucionalmente encargado de ejercer la acción penal, seguirá en su responsabilidad incluso si la Sala Segunda del Tribunal Supremo, atendiendo a la exposición razonada del Superior de Justicia de Madrid que ayer le remitió, toma la decisión de instruir una causa penal a Álvaro García Ortiz. Un Estado democrático como el nuestro no puede sufrir la humillación de un fiscal general investigado por la posible comisión de un delito de revelación de secretos, luego de las controversias abochornantes que su gestión ha causado en la carrera fiscal, algunos de cuyos miembros se están comportando en determinadas instrucciones penales como auténticos letrados defensores.

Puede ocurrir, sin embargo, que estas derivas se consumen. De ocurrir —y es posible que así sea— la Constitución de 1978 y el bloque de legalidad orgánica que la desarrolla quedan profundamente alterados y, quizás, inservibles en aspectos sustanciales y llegaría entonces el momento de plantearse la gran cuestión: si esta Constitución permite tanto la democracia como la autocracia, la obligación colectiva consistiría en reformarla hasta, si necesario fuere, abrir un proceso constituyente sobre tres pilares: las libertades y los derechos de los ciudadanos; un modelo territorial de naturaleza plenamente federal que asegure la soberanía única de la nación española y una monarquía parlamentaria.