El presidente, testigo de la caída de su muro

Palabras de Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de investidura del secretario general del PSOE como presidente del Gobierno el pasado mes de noviembre: “Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta a usted le supere la legislatura, lo que ocurrirá, no me busque”. O sea, que no busque a la media España que no le votó y a la que castiga. Ese momento ha llegado. A un año exacto de aquel 23-J, el Gobierno no dispone de capacidad legislativa, encarcelado por sus socios en la parálisis, de ahí que el balance de leyes aprobadas desde noviembre hasta julio sea ridículo: la ley orgánica de amnistía, la de paridad todavía pendiente de examinar las enmiendas del Senado y unas escasas (y muy onerosas, por su precio de transacción) convalidaciones de reales decretos leyes. El Gobierno, incluso, no presentó los Presupuestos Generales del Estado en el primer año de legislatura.

Sánchez, testigo en el caso de su mujer

Por otra parte, Sánchez se encuentra en el peor momento personal: su mujer investigada en diligencias penales por presunta corrupción y él citado en el procedimiento como testigo. Una situación que evoca la de Mariano Rajoy en julio de 2017. Entonces, su sucesor pronunció estas palabras: “Señor presidente, ¿usted se ha preguntado si un presidente interrogado por corrupción en los tribunales es la persona que realmente puede librar a España de la corrupción? ¿La que ostenta la mayor credibilidad? ¿No cree que los españoles merecen un presidente del Gobierno limpio de sospecha?". Alberto Pérez Giménez recogía ayer por largo y con detalle aquella filípica de Sánchez.

Hoy, el PP le recuerda sus palabras y reclama su dimisión, como él hizo con Mariano Rajoy. Fue, precisamente, un obiter dictum en una de las sentencias de la Gürtel, que consideró poco creíble el testimonio del expresidente del Gobierno, la palanca argumental que utilizó Sánchez en 2018 para fundamentar su exitosa moción de censura. Esa sentencia fue luego revocada por el Supremo.

El pleno decisivo del Congreso

Yendo al decisivo pleno parlamentario de hoy: la toma en consideración de la proposición de reforma de la ley de extranjería, no tiene, en principio, el apoyo de los siete diputados de Puigdemont salvo que el PSOE y Sumar acepten a última hora que la norma no se aplique en Cataluña.

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Esa condición es inasumible incluso si se hubiese consumado la delegación de las competencias exclusivas del Estado sobre inmigración a la Generalitat, lo que no ha ocurrido y difícilmente sucederá. Los dos partidos independentistas catalanes no avalan la reforma del artículo 35 de esa ley, cuyo objetivo es que las comunidades autónomas sean obligadas a acoger a menores inmigrantes no acompañados en función de criterios que no se han discutido a fondo con los respectivos gobiernos.

La peligrosa crisis de la inmigración en Canarias

La solidaridad de los territorios autónomos se fraguó en la Conferencia Sectorial de la Infancia celebrada el pasado día 10 en Canarias (con el voto en contra de Carles Campuzano responsable catalán en esta materia). Fue, sin embargo, un acuerdo de mínimos, pero en la buena dirección: 400 de 6.000 menores se redistribuyeron en distintas comunidades desde Canarias que, en estado de emergencia declarada por el Gobierno, es el escenario de una aglomeración de menores inmigrantes insostenible y que reclama de la colaboración general.

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Si el grupo parlamentario popular no respalda la reforma del artículo 35 de la ley para introducir esta nueva obligación de las comunidades autónomas, la proposición de ley no prosperará o, anticipándose, la retirarán los grupos proponentes para evitar un fracaso ruidoso de su iniciativa, salvo convenio con Puigdemont, en absoluto descartable. Sin embargo, la modificación debiera salir adelante. Y si no lo hace será por una actitud intolerablemente soberbia de Pedro Sánchez.

Las razonables condiciones del PP

La primera consiste en que se convoque una Conferencia de Presidentes, organismo consultivo que Pedro Sánchez ha congelado. Según su nuevo reglamento los responsables autonómicos deben ser convocados dos veces al año. Segunda, que se declare la emergencia nacional por la avalancha de inmigrantes con el fin de controlarla, atenderles y financiar (es necesario un plan de contingencia) la carga que supone esta oleada, como hizo Italia el año pasado, así como para recabar una mayor colaboración de la Unión Europea. Tercera, que bajo ningún concepto quede excepcionada de la vigencia de la ley reformada la comunidad autónoma de Cataluña. Si Sánchez no se aviene a aceptar estas condiciones, y no lo parece, Feijóo tiene la suficiente fuerza moral para que las comunidades que gobierna el PP sigan haciendo tantos o más esfuerzos de voluntaria solidaridad sin necesidad de que se establezca imperativamente en la ley.

Los socios dejan tirado a Sánchez

La oposición cumple con su obligación al reclamar contrapartidas sensatas a un Gobierno altivo, que le increpa de manera constante y que está en manos de unos socios que le dejan tirado en la cuneta sin que los muy locuaces portavoces socialistas dediquen a los de Junqueras y Puigdemont ni un solo reproche. Por su parte, el PNV, por unas razones, y Bildu, por otras, preferirían que ninguna ley estatal impusiera obligación de género alguno al Gobierno de la comunidad autónoma vasca. Puigdemont advirtió que haría ‘mear sangre’ a Sánchez y parece que lo está consiguiendo.

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El presidente pretende estar al plato y a las tajadas; gobernar para lo que le conviene con los independentistas, pero reclamando al PP su colaboración -siempre de malas formas- para los asuntos en los aquellos no le secundan. Él se lo buscó hace un año con aquel ominoso ‘somos más’. No lo parece. Es esa una dinámica depredadora que Feijóo tiene la obligación de detener cuando, además, en este concreto tema existe un compromiso cívico de solidaridad para amparar a los menores inmigrantes que llegan solos a las costas de Canarias. En otras palabras, la colaboración de la oposición debe estar supeditada al desplome del ‘muro’ que erigió Sánchez en su discurso de investidura que, agrietado, sigue sosteniendo con más voluntad que acierto.

Antes de negociar, ni 'muro', ni 'enmiendas intrusas'

Si el Gobierno y la oposición, como sería razonable, logran entablar alguna negociación sobre este o cualquier otro tema (al modo de lo que ocurrió con el que ha renovado el Consejo General del Poder Judicial) sería condición previa que se retirasen todas las ‘enmiendas’ intrusas, reiteradamente declaradas inconstitucionales por el TC, como esa disposición adicional en la ley de paridad que desposee al Senado de su facultad de aprobación del llamado techo de gasto, trámite necesario para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, si Sánchez ‘busca’ de verdad a Feijóo (en realidad, a la mitad de los españoles a los que en vez de gobernar castiga desde hace un año) tiene que empuñar, si ya no fuera tarde, la piqueta, romper el ‘muro’, explicar el caso de su mujer y asumir una mínima dosis de humildad. Si no lo hace, que no busque a la representación de muchos millones de españoles a los que viene despreciando desde hace exactamente doce meses en un suma y sigue de seis años desde una impostada superioridad moral que se ha mostrado de una endeblez similar a la de la solidez de su divisiva empalizada.