La peor versión de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno viene urdiendo estratagemas desde el pasado mes de abril que lejos de redundarle en beneficio político deterioran su reputación para, incluso, aquellos que la tienen todavía en alguna consideración. Tras la insólita suspensión de su agenda (cinco días, el pasado mes de abril) para aparentar que se pensaba si seguía en el cargo y sus dos cartas a la ciudadanía, coincidente todo ello con la apertura de diligencias penales contra su esposa, Pedro Sánchez ha terminado por perder los papeles.

La cónyuge del presidente comparece mañana ante el juez en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada en los negocios. No solo. La Universidad Complutense, apoyándose en un amplio informe que recoge las averiguaciones del centro sobre la posible apropiación por Begoña Gómez de propiedad intelectual de UCM, solicita al juez que la investigue también por un presunto delito de apropiación indebida. Según acredita la Universidad, la esposa del presidente del Gobierno ha eludido colaborar en la averiguación interna para determinar el alcance, si lo hubiere, del daño patrimonial que podría haberle causado a la entidad.

Si siempre ha sido una patraña la adjetivación de ‘bulo’ a las informaciones contrastadas sobre las cuestionables actividades profesionales de su mujer, ayer se terminó de deshacer el doble propósito de las maniobras presidenciales: la ocultación y la intimidación. Por eso, en una intervención de casi ocho mil palabras, el dirigente socialista profirió un alegato de pésimo nivel que pretendió hacer pasar por un ‘plan de acción por la democracia’ la oportunista habilitación de cien millones de euros para la ‘digitalización de los medios’ que sonó a lo que parece: un estímulo para los afectos y un aviso para los desafectos.

En esa línea, sumó el anuncio inconcreto de reforma de la ley de Comunicación y Publicidad Institucional y facultades adicionales de supervisión mediática, igualmente sin concretar, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Una referencia a la ley de seguridad ciudadana (‘ley mordaza’), de pasada, para contentar a la errática Yolanda Díaz, fue el colofón de una comedieta parlamentaria por debajo de cualquier estándar de rigor y seriedad.

Opinión

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En los aspectos normativos, pues, no hubo novedad alguna. Sencillamente, porque no podía haberla. España dispone de una excelente legislación orgánica sobre los límites de la libertad de expresión y de prensa y de una sólida jurisprudencia del Supremo y doctrina del Constitucional coincidentes con los criterios de la Justicia europea. La protección del honor, la intimidad, la imagen y la cobertura al derecho de rectificación son modélicas en nuestro país. Apelar a la alteración del sistema legal era un mecanismo de intimidación que Sánchez vistió falsamente con las constantes remisiones al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que es de obligada aplicación en los países de la Unión Europea a partir de 2025. Una norma comunitaria (no una directiva) que no requiere trasposición (aunque sí añadidos) y que desde su aprobación el 11 de abril pasado fue recibida por los medios y los editores y periodistas con una general aceptación.

En este aspecto, nada prosperará en el Congreso. Los independentistas vascos y catalanes y el PNV son los primeros interesados en mantener el actual statu quo mediático en sus respectivas comunidades cuyos parlamentos son titulares también de competencias sobre muchos de los aspectos a los que se refirió fugazmente el presidente del Gobierno. Sánchez omitió, sin embargo, cualquier referencia a la condición del Estado como empresa editora de medios. Bajo su órbita se mueve la Agencia EFE y Radiotelevisión Española y bajo la de sus socios periféricos las televisiones y radios autonómicas, además de otras plataformas digitales locales directamente alimentadas por multitud de ayuntamientos. Ocurre de forma similar en las demás autonomías, incluyendo las que gobierna el PP. Por otra parte, mientras que con la publicidad institucional y el reparto de ‘ayudas’ como la anunciada ayer se puede beneficiar a los partidarios mediáticos, cualquier reforma legislativa se aplicaría con una inconveniente generalidad a los medios de manera que lo que hoy son cañas mañana se podrían tornar en lanzas. Otra omisión del presidente: la radio y la televisión en España son ‘servicios públicos esenciales’ del Estado sometidos a concesión administrativa para su gestión privada conforme a las leyes de aplicación. ¿Habrá que recordar que el Gobierno dispone también de capacidad para declarar el carácter estratégico de una empresa de comunicación cotizada y vetar su adquisición sometiendo a régimen de autorización las tomas de capital minoritarias?

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El peor de los ‘olvidos’ regeneracionistas del jefe del Gobierno fue particularmente ruidoso: la necesidad de regular ampliamente los conflictos de interés de los familiares de los altos cargos y la no menor de establecer un código de deontológico de aplicación a los miembros del Gobierno y secretarios de Estado para evitar, entre otras excrecencias, el nepotismo, tal y como propugna Miriam González Durántez desde su plataforma España Mejor, en coincidencia con Elisa de la Nuez, alma mater de la fundación Hay Derecho .

Pedro Sánchez padece una doble fragilidad. La política, porque no dispone de apoyo parlamentario suficiente, y el que tiene queda siempre subordinado a las condiciones exorbitantes de sus socios independentistas; y la personal, porque la presunta corrupción de su mujer (y de su hermano) comienza a escalar en su verosimilitud tras la intervención procesal de los responsables de la Universidad Complutense y la declaración testifical de Juan Carlos Barrabés que destapó sus encuentros en la Moncloa con la una y con el otro. De la Fiscalía Europea nada se sabe porque sus indagaciones son reservadas.

Es posible que el secretario general del PSOE haya creído que la mejor huida es un ataque sin reparar en que no por ello deja de ser una huida tan despavorida como la que él protagoniza. En la que, además, ha enrolado a los cargos de su organización, a los ministros de su Gabinete y a medios afines ideológicamente que, en su momento, se darán cuenta de la erosión de su reputación y credibilidad al secundar las versiones conspirativas de Sánchez y de su entorno.

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El manejo de la crisis política y de responsabilidad personal que le afecta por las conductas de su mujer (y por el caso de su hermano y del tal Koldo), han perfeccionado a Pedro Sánchez como un consumado populista iliberal. Ha utilizado, y seguirá haciéndolo, esos recursos que con tanta frecuencia ha denunciado: el maniqueísmo, la intimidación, la confusión, la falsedad y la privatización de sus facultades ejecutivas al servicio de sus intereses personales, familiares y partidarios.

Ayer fue un día aciago para el presidente, que ofreció su peor versión. Teatralizó en el Congreso una impostura (‘milonga’, como propiamente la calificó el líder de la oposición) y salió de la Cámara con otra noticia que no habrá forma de tildar de bulo: la Universidad Complutense pidió al juez que investigase a su esposa también por una posible apropiación indebida. Sánchez ha superado todas las audacias y transita ya, a galope tendido, por la senda de la temeridad.