La legitimidad del presidente del Gobierno (Sánchez contra Sánchez)

Que Pedro Sánchez ha introducido a España en una dinámica autocrática es una realidad casi indiscutida. No es ni el primero ni el único dirigente que con una investidura democrática incuestionable (la legitimidad de origen) se aparta de las reglas del juego constitucional durante su mandato (legitimidad de ejercicio) y termina donde ahora estamos en nuestro país: en el reconocimiento expreso del presidente del Gobierno de que gobernará con o sin el concurso del poder legislativo, esto es, de las dos Cámaras que acogen la representación de la voluntad popular libremente expresada en las elecciones y cuyas decisiones deben ajustarse al marco constitucional. El pasado miércoles, tarde y mal, trató de matizar desde China su discurso aduciendo su 'respeto' al Parlamento, lo que, evidentemente, es insuficiente: no se trata de respetar, sino de acatar la minoría parlamentaria en la que se encuentra y actuar en consecuencia: moción de confianza o convocatoria de elecciones.

A diferencia de otros modelos democráticos (como Estados Unidos o Francia, y, en cierta medida, el Reino Unido) el presidente del Gobierno lo es por un mandato parlamentario, no electoral. Presidente del Gobierno en España puede serlo cualquier español, que sea mayor de edad, ostente el derecho de sufragio activo y pasivo y no esté inhabilitado para cargo público. No es necesario ser diputado. Y esta circunstancia es así porque su designación corresponde al Congreso de los Diputados que le inviste conforme al procedimiento que establece el artículo 99 de la Constitución. De tal manera que la legitimación de origen se debe a un acto de voluntad de la Cámara baja. Por eso, Pedro Sánchez, sin ser diputado, fue presidente del Gobierno en 2018 tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy. Por eso también Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, aunque el partido más votado el 23 de julio del pasado año y con mayor número de diputados fue el PP. Sin embargo, él logró aglutinar una mayoría parlamentaria que le invistió.

En la Francia republicana, el presidente, jefe del Estado, es elegido directamente en las urnas y nombra a sus primeros ministros sin necesidad de investidura en la Asamblea Nacional. En Estados Unidos sucede tres cuartos de lo mismo porque el presidente se elige con 270 votos electorales de un total de 538 correspondientes a todos los estados de la federación dándose la circunstancia —ya experimentada— de que un candidato puede llegar a la Casa Blanca con menos papeletas que su contrincante (fue el caso de Donald Trump en 2016). En el Reino Unido tampoco existe un procedimiento de investidura del primer ministro. El candidato que haya obtenido la mayoría absoluta (como le ocurrió en las pasadas elecciones de julio al laborista Keir Starmer) o logre una coalición o acuerdo parlamentario, se presenta en Buckingham con sus poderes consolidados y el Rey se limita a constatarlo.

Lo que afirmó Sánchez el pasado día 7 ante el Comité Federal del PSOE fue un disparate que, por si fuera poco, recibió una modesta ovación, pero ovación, al fin y al cabo. Alguien debió levantarse y advertir al presidente de que él mismo, al sostener que gobernaría sin el concurso del poder legislativo, estaba anulando su propia legitimidad de origen. Sucede que el caso de Sánchez presenta el perfil de un crescendo autocrático que necesariamente iba a terminar en una declaración subversiva como esa de gobernar al margen del Congreso.

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El socialista ha gobernado como ningún presidente anterior mediante decretos leyes, procurando con ellos y con proposiciones de ley (que eluden el dictamen de los órganos consultivos) vaciar el debate legislativo parlamentario. En el primer año de esta XV legislatura no ha presentado los Presupuestos Generales del Estado al Congreso y todo indica que prorrogará los de 2023 a 2025, sencillamente porque no dispone de mayoría parlamentaria para aprobarlos. Se aduce que otros gobiernos también lo han hecho, pero no siendo ese un argumento de autoridad, se olvidan las circunstancias en las que se produjeron las prórrogas en los años 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y 2018, que no tuvieron nada que ver con las actuales. Sobre el comportamiento del Gobierno con el Poder legislativo, nada más expresivo como este informe de la Fundación Hay Derecho presentado el pasado viernes. Demoledor.

Su desdén por su propia legitimación de origen —la parlamentaria— es una confesión en toda regla de su propósito autocrático y subversivo

Sánchez ha privatizado el Estado (la amnistía, el pacto opaco sobre la financiación por concierto de Cataluña, decisiones de política exterior cruciales, incomparecencias ante el Congreso y el Senado, pactos políticos con los partidos minoritarios que expresamente pretenden la derogación de los más esenciales principios constitucionales) y ha sometido a las instituciones a consigna de parte, sea la fiscalía general del Estado, RTVE, el Banco de España, el Consejo de Estado, o embajadas de gran importancia, representación ante organismos internacionales y un largo etcétera de arbitrariedades, entre ellas dejar vacante la presidencia del Gobierno durante cinco días para retomarla manipulando la imagen del Rey. La utilización de la abogacía del Estado para querellarse contra el juez que investiga a su mujer delata el manejo patrimonial del poder.

Su desdén por su propia legitimación de origen —la parlamentaria— es una confesión en toda regla de su propósito autocrático, pero también subversivo. Y permite que la oposición —ahora sí— pueda plantear sus dudas sobre la legitimación de ejercicio de un presidente que abjura de la parlamentaria sencillamente porque no dispone de mayoría suficiente en el Congreso. Estamos así en una democracia electoral (no plena, en absoluto) y en una incipiente autocracia en la que Sánchez se mueve con tanta soltura como fáciles e irresponsables son los aplausos que recibe dentro y fuera de su partido. Ocurre a menudo que el personaje derrota a la persona. Sánchez terminará con Sánchez.