Catástrofe institucional

Después de un tortuoso acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, en prórroga y capado en sus funciones por una reforma del Gobierno, han sido los vocales ‘conservadores’ los que han propuesto a una mujer y ‘progresista’, afiliada a Jueces para la Democracia -la magistrada Isabel Perelló-, para presidir el Supremo y el órgano de gobierno de los jueces. Previamente, desistieron de mantener la candidatura de Pablo Lucas, un magistrado con un currículo extraordinario -difícilmente mejorable por cualquier otro candidato o candidata-, con una trayectoria de sensibilidad progresista (sin comillas) y de una independencia probada. Pero, pese a su integridad, es varón, y al haber dictado resoluciones contrarias a decisiones del actual Gobierno había sido vetado por Félix Bolaños, ministro de Justicia, ante cuyo criterio se avinieron los diez vocales que propuso el PSOE.

Al final, mujer y progresista con carné, lo que quería el Ejecutivo. Como tiene voto de calidad, el centenar de cargos judiciales que hay que proveer tras años de parálisis (28 en el Supremo) quedan en buena medida en sus manos. Veremos el nivel de independencia que demuestra. Ayer los diez ‘conservadores’ estaban muy satisfechos: habían evitado el ‘mal mayor’ (Ana Ferrer y Pilar Teso, tenidas por correas de transmisión de la Moncloa) y logrado el menor, Perelló, que, aunque inequívoca en su sesgo y muy en sintonía con la ministra de Defensa, antes compañera en la Sala Tercera del Supremo, puede presentar alguna que otra resolución heterodoxa con el ‘progresismo’ canónico. Era “la mejor de las posibles”, según avales externos al Consejo que prescribían a Perelló sin que las asociaciones judiciales (APM, Jueces para la Democracia) hayan dejado de estar activas en la búsqueda de una solución de circunstancias para evitar que el jueves la apertura del año judicial resultase un nuevo esperpento. Ya todo el mecanismo institucional se ha acostumbrado a metabolizar las componendas; se convive con la medianía, con la ramplonería.

La propalada intención de reforzar la independencia judicial que se recoge en el acuerdo entre el PP y el PSOE firmado el 25 de junio pasado en Bruselas, se queda así en un arreglo, en una compostura aseada. La proposición de ley que, a resultas del pacto, pretende blindar la independencia de los jueces ha quedado cuestionada desde el inicio de trayecto del nuevo Consejo. En este sistema, la mediocridad es la mejor credencial, junto con la docilidad de los cargos públicos. Un Pablo Lucas resultaba una excentricidad al frente del Poder Judicial como en 2018 lo hubiese sido Manuel Marchena, que renunció a la doble presidencia cuando un sectario Ignacio Cosidó, portavoz a la sazón del grupo popular en el Senado, se jactó en un mensaje telefónico de controlar “por atrás” al Tribunal Supremo. Es de nota que los dos magistrados más reconocidos del máximo órgano jurisdiccional hayan visto frustrado su acceso a los puestos que por su excelencia personal y profesional merecían.

La proposición de ley que pactaron los dos grandes partidos se queda en el alero porque prevé también una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que en la Fiscalía General del Estado no se repita el caso de Dolores Delgado: del Ministerio de Justicia, sin solución de continuidad, a responsable máxima de la Fiscalía. No se sabe muy bien qué sentido tiene esa reforma que se propone -sentido auténtico- cuando el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, ya ha manifestado su férrea voluntad de continuar en el cargo, aunque antes de que termine septiembre, la Sala Segunda decida abrirle una investigación por el presunto delito de revelación de secretos. A comulgar con ruedas de molino, mientras la fiscalía defiende a presuntos corruptos y la abogacía del Estado se convierte en el bufete de referencia del caso Sánchez & Gómez.

Hoy, además, el ministro de Economía informará al Congreso de los Diputados del nombramiento de José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, como gobernador del Banco de España en sustitución de Hernández de Cos. No es que a Escrivá le falte capacidad técnica. De lo que carece es de credibilidad para desempeñar con independencia de criterio sus funciones porque deberá pronunciarse sobre asuntos en los que ha participado y sobre los que ha opinado como ministro: los Presupuestos Generales del Estado, la situación del sistema de pensiones y hasta de la financiación autonómica. El mal menor en el Consejo General del Poder Judicial, el mal mayor en el Banco de España, el peor descaro en la Fiscalía General del Estado y el servilismo en la Abogacía General del Estado. O sea, una catástrofe institucional, se entienda tal término en la primera o en la segunda acepción que le otorga el diccionario de la Real Academia Española.

Es aconsejable que quien tenga interés consulte este documento del Círculo Cívico de Opinión que advertía de que todas las presidencias de los organismos institucionales de la Administración General del Estado (no solo el Banco de España, también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión para los Mercados y la Competencia, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia de Protección de Datos) vencen esta legislatura y que las posibilidades de que Sánchez termine la colonización de todas las instancias públicas es algo más que probable.

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Pablo Gabilondo

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Mientras, el presidente del Gobierno ha aprovechado el mes de agosto para vacar en La Mareta con Salvador Illa enviando un potente mensaje político sin necesidad de comparecencia alguna, ha viajado a tres países africanos para simular que tiene una política migratoria, se ha paseado por París en compañía de su imputada esposa, ha ampliado a través de la Abogacía del Estado la querella contra el juez que la investiga y ha convocado un congreso ordinario del PSOE con once meses de anticipación. Y el PP se ha tomado en serio eso de que las vacaciones de agosto son sagradas.

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