Juan Roig, otro empresario que (por fin) también levanta la voz

En España existe una energía social embalsada, contenida, que es la de sus grandes gestores y empresarios. Apenas se les oye, son raros sus pronunciamientos que incursionen en asuntos no estrictamente profesionales. Y no es exactamente una actitud prudente, sino cómoda, insolidaria con los problemas del país y, en ocasiones, egoísta. Siempre explican su silencio, a veces también su connivencia con el poder político, con argumentaciones resignadas, incluso son cómplices de las cacicadas del Gobierno y a menudo ni saben, ni contestan cuando se les pregunta por la realidad nacional en todas sus expresiones.

No muestran los grandes empresarios capacidad de compromiso en estas circunstancias en las que se ha producido una convulsión internacional extraordinaria y Pedro Sánchez vacía el sistema constitucional. Los parabienes que recibió en el Congreso el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, en su decidida apuesta por la industria nacional de defensa, son la expresión de una sorprendida excepción en los comportamientos de la élite empresarial.

La representación patronal, además de estar a la greña, es burocrática, rutinaria y carece de empuje. Hubo tiempos mejores, desde luego, pero estamos ahora en los peores en cuanto al relieve empresarial en la conversación pública española se refiere. Hasta en eso se parece la autocracia de Sánchez a la de Trump: los de allí y los de aquí pasan por la Moncloa y por Mar-a-Lago y rinden una discreta (los yankis lo hacen atronadoramente) pero constante pleitesía a sus inquilinos. Lo han hecho siempre, pero no con un dirigente iliberal como Sánchez, cuyos socios se dedican a demonizar los valores propios de las compañías mercantiles: competitividad, beneficio, retribuciones y construcción de patrimonios.

De Repsol a Mercadona

De no ser por el arrojo del actual consejero-delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ciertamente con la cobertura tácita o expresa de algunos partidos (el PNV, Junts y el PP), el gravamen a las energéticas sería una carga adicional e injusta a empresas estratégicas para la economía española. Imaz denunció en una carta abierta el 'populismo fiscal' del Gobierno, explicando con pedagogía cómo de importante es la seguridad jurídica, la proporcionalidad de las cargas tributarias y el papel de las empresas en la creación de puestos de trabajo y de riqueza. El gestor de Repsol obtuvo palmadas en la espalda, pero no adhesiones públicas que redoblasen el mensaje y lo fortaleciesen. No obstante, un responsable de una compañía del IBEX levantó la voz y la denuncia fue clara.

Juan Roig, propietario y gestor de la valenciana Mercadona, en otras circunstancias, se ha comportado públicamente más allá de las expectativas que suscitan los grandes empresarios españoles. Al presentar los exitosos resultados de su empresa de distribución, que ha ganado 1.384 millones de euros, ha creado más de 6.000 puestos de trabajo, que ha incrementado en un 8% las retribuciones de sus empleados y que retorna parte de sus beneficios a la sociedad a través de la fundación que ha constituido él y su mujer y que ha impulsado una plataforma para los afectados de la DANA, ha denunciado la gestión de la tragedia. "Ni agilidad, ni respuesta, ni coordinación" dijo Roig de aquellos días posteriores al drama. Y añadió: "para nosotros ha fallado la gestión de las distintas administraciones públicas, de todas", frases que corrigen las estratagemas partidistas y sitúan las responsabilidades en el fallo sistémico del Estado. Más aún. Afirmó que "pagamos los impuestos… pero a casi un millón de españoles nos afectó [la DANA] y nos sentimos desamparados los primeros cuatro días, que fueron nefastos. Las zonas más afectadas parecían un desierto. Los únicos que aparecieron fuimos algunas empresas y muchísimos voluntarios. La sociedad se sintió desamparada".

El fallo sistémico del modelo territorial

Algún memo objetará que las palabras de Roig hacen el juego a la antipolítica y que enlazan con el eslogan del "solo el pueblo salva al pueblo". Esa sería una lectura cretina de lo que dijo el empresario que fue sustancial: el Estado, en su conjunto, falló. ¿Carlos Mazón y la Generalitat? Sin duda. El Gobierno, tanto el ministerio de Interior como el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, también fallaron. Y el presidente del Gobierno igualmente, con aquella infame expresión de "si necesitan ayuda que la pidan" o aquel "estoy bien" tras los incidentes de Paiporta del 3 de noviembre pasado. La gestión de la DANA del 29 de octubre representó un parteaguas en el devenir del Estado autonómico y Juan Roig sin sofisticaciones ni circunloquios ha transmitido mejor que cualquiera el sentimiento colectivo que hoy sigue siendo profundo en Valencia: frustración, por una parte, y, por otra, irritación ante la pequeñez moral de la clase política que sigue peloteándose las responsabilidades.

Las palabras de Juan Roig han coincidido en el tiempo (11 de marzo) con el auto de la jueza de Catarroja (10 de marzo) por el que investigará a la exconsejera de Interior y Seguridad de Generalitat, Salome Pradas, y al secretario general de Emergencias, Emilio Argüeso en los que observa indicios de negligencia grave con el resultado letal ya conocido. La resolución judicial, con un relato contundente de lo que ocurrió, da la razón a Roig y adelanta que, además de los ahora imputados, y eventualmente, pronto Carlos Mazón, será el principio de un escrutinio más amplio de responsabilidades criminales que escalará a la Administración Central que con la autonómica deberán hacerse cargo de los daños a los patrimonios de los afectados por el anormal funcionamiento de los servicios públicos de prevención y posterior gestión de la desastrosa DANA.

Los nacionalistas y secesionistas no quieren ni oír hablar del modelo federal que nuestro país necesita. Tampoco lo quiere el PSOE

Este grave episodio que con indudable credibilidad ha denunciado Juan Roig, con otros de distinta naturaleza, van a tener consecuencias de largo alcance sobre el modelo territorial de España que, con las crisis protagonizadas por los separatismos y el desbaratamiento del Estado propiciado de Sánchez para pagar el peaje de su estancia en el poder, nos abocan a una revisión de un Título VIII de la Constitución que, en vez de resolver la cuestión territorial de España, la ha empeorado. Por alguna razón de interés nada confesable, los nacionalistas y secesionistas no quieren ni oír hablar del modelo federal que nuestro país necesita. Tampoco lo quiere el PSOE y su secretario general que están en las oscuras estratagemas confederales.

El fallo sistémico de todos los niveles de las administraciones públicas el 29 de octubre de 2024 delata que el autonomismo está agotado, por ineficaz. Hay que ir a una España con la actual forma política de monarquía parlamentaria y un modelo territorial federal, claro en sus competencias y corresponsable en sus obligaciones, además de solidario y eficaz.